El gobernador Alejandro García Padilla dijo hoy que una reducción en la jornada laboral y despidos de empleados públicos son las “últimas” alternativas de su administración para lidiar con el problema de insuficiencia fiscal, tras la fracasada reforma tributaria.                              

“Esas son opciones de las cuales yo me tengo que mantener lo más alejado posible por el daño que le hacen a la economía. Eso tiene un efecto cíclico que lo que hace es que este mes gaste menos, pero el mes próximo entren menos recaudos”, sostuvo García Padilla en entrevista al mediodía con periodistas en La Fortaleza.

“No es sabia la idea de ayudar al presupuesto botando gente y eso lo probó el penepé porque destruyen la economía. Por eso tiene que ser la última y la más lejana de las opciones”, dijo sin descartar nada. “Tiene que ser de las últimas opciones, pero esa es la situación donde estamos por no haber sido aprobada la transformación contributiva”, añadió el mandatario.

En horas de la mañana, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista adelantó que analizan imponer ajustes de jornada para unos 89,000 empleados públicos. Además, señaló que los recortes de personal, así como cambios en horarios de oficinas que brindan servicios a los ciudadanos son otras de las medidas bajo evaluación al presente.

A preguntas de este medio, García Padilla insistió en que la reducción en la jornada laboral puede plantearse como un mecanismo temporero, “pero lejos y de las últimas opciones… despidos, reducción de jornada y cierre de gobierno tiene que ser de lo último que se considera por el daño tan duradero que tienen el potencial de causar en la economía”.

El gobernador indicó que, por el momento, las medidas que evalúa adoptar el Gobierno para encarar la crisis fiscal son “una reducción fuerte en los presupuestos de las agencias públicas en las tres ramas de gobierno, medidas de austeridad en los gastos discrecionales y continuar la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)”, entre otras.

Dijo también que el Ejecutivo evalúa otras medidas que requerirían legislación, pero no entró en detalles. “Es un análisis complejo que no está listo”, indicó.

Recordó que la Constitución de Puerto Rico le da a través de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) la facultad de determinar qué agencias “van a recibir sus fondos y cuáles se verían afectadas”. Sostuvo que para eso no se tendría que legislar.

“Para otorgar otros mecanismos como dar alivios contributivos o para aumentar impuestos de consumo, sí se tendría que legislar. Todo eso está en diálogo con el presidente de la Cámara”, dijo García Padilla.

¿Podría enviar legislación para imponer algún tipo de contribución adicional?, se le preguntó.

“Lo que estamos trabajando todo el tiempo es en cómo le quitamos la carga a los que hoy pagan al día sus planillas o le aliviamos la carga, dependiendo de cuáles son sus ingresos y ponemos a pagar a los que más compran en lugar de a los que más trabajan. Ese tipo de análisis yo estoy dispuesto a retomarlo con la legislación que yo presenté o con otra”, recalcó el primer ejecutivo.

Descartó que entre las medidas que están considerando esté un aumento en el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), como han propuesto varios legisladores, incluyendo algunos de los opositores al Impuesto al Valor Añadido (IVA).

“El problema es la regresividad. Eso hace que los más pobres paguen más proporcionalmente que los más ricos”, indicó.

Dijo también que con la derrota de la reforma tributaria “echaron al piso es la posibilidad” de una emisión de bonos.

“Seguimos trabajando y no nos rendimos, pero tengo que decir, como le dije ayer al país que el resultado de esa votación es hacer las circunstancias mucho más difíciles”, sostuvo García Padilla.

Entretanto, el Director Ejecutivo de la OGP, dijo que una jornada parcial es “una carta” que estaría sobre la mesa. “No es de las primeras, pero sí puede ser (una alternativa) y si es así, sería desde el punto de vista de asegurar unos servicios y también asegurar que los empleados públicos no pierdan su trabajo. Lo importante es que si se afectan los servicios ciudadanos a la familia, entonces se podría ver como un cierre parcial porque habría un impacto en la ciudadanía”, indicó el contador público autorizado (CPA). 

“Los empleados públicos pueden estar seguros que van a tener su empleo, que en algún momento dado podría ser que se haga un ajuste en la jornada, eso podría pasar. ¿Cuándo lo vamos saber? Todavía no”, sostuvo. 

El funcionario indicó que la realidad es que para el próximo año fiscal los recaudos van a ser menores que este año en una “cantidad sustancial” y “ante esa realidad está el riesgo de que el gobierno cierre”.

No obstante, recalcó que no sería un cierre total ya que las agencias que tienen que ver con la salud, seguridad y educación y bienestar de la familia se mantendrían funcionando con normalidad. “El resto de las partidas van a sufrir un tipo de ajuste”, puntualizó. 

Cruz Batista indicó que “el reto” es mantener el Gobierno operando con sus servicios esenciales. “No vamos a sacar empleados públicos. Lo que está fuera del análisis es que haya despidos. Así que lo próximo que quisiéramos a no tener que llegar, es a tener que reducir una jornada en algunos sectores”, añadió.

Recordó que el 70 por ciento de los empleados públicos que cobran su salario de Fondo General son maestros, policías, da de Corrección, bomberos y enfermeras, que prestan servicios esenciales a la ciudadanía. “Así que queda el otro 30 por ciento que tendríamos que mirar algún tipo de reducción de jornada, pero sería de las últimas alternativas. Este camino que tenemos que recorrer es un camino largo, es una situación difícil, que va a conllevar un sacrificio para todos”, dijo el CPA. 

“Hay sectores que también estamos mirando que son importantes, pero hay que hacer la salvedad entre importante y esencial. Hay aportaciones que se hacen para el deporte y para la cultura, pues tal vez, esas áreas van a sufrir algún tipo de recorte”, señaló.

Por su parte, el presidente de la comisión cameral de Hacienda, Rafael “Tatito” Hernández, informó en una entrevista radial que el gobernador no tiene que acudir a la Legislatura para imponer la reducción laboral ni de servicios en el Gobierno. 

“Yo veo una aplicación agresiva al detalle de la Ley 66 (de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno). No tiene que venir a la Asamblea Legislativa para, de forma administrativa, mover el personal, ajustar la jornada, reducir los horarios, hacer todo lo que sea necesario para poder mantener el ofrecimiento del servicio con el dinero que tiene”, sentenció en entrevista con Noti Uno.

Dijo que no cree que el Gobierno espere hasta julio para comenzar a tomar medidas para atajar la deficiencia fiscal, la cual informó es de $1,700 millones. “Eso va a depender de lo realista que esté el Gobierno para afrontar el próximo año fiscal”, expresó.

Aceptó que lo que está en discusión son “reducir horas, acomodo de turno, jornadas. ¿Cuál va a hacer el plan? Es dependiendo del ofrecimiento que tengan”.