Tal y como habían anticipado, si el proyecto que aumenta el arbitrio del petróleo llega a convertirse en ley, será impugnado de inmediato en los tribunales por la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado y la Cámara de Representantes.

El representante Carlos “Johnny” Méndez, portavoz alterno del PNP en la Cámara, confirmó este martes que la delegación ya decidió recurrir a los tribunales para cuestionar la constitucionalidad de la pieza por entender que amarrar la implementación del alza en el impuesto del petróleo crudo a la aprobación de la reforma contributiva atenta contra la ley máxima. 

“Se tiene que convertir en ley primero, el pleito tiene que estar maduro, tiene que haber una controversia”, dijo el legislador a este medio.

“Una ley no puede atar la aprobación de una medida que no ha sido radicada, que no se conoce su contenido y tampoco hay una expectativa real de que será aprobada. La vigencia de esta medida está atada a esas condiciones, y por lo tanto, eso es inconstitucional”, añadió al insistir en el argumento que ha presentado el PNP desde que la medida fue llevada a votación por primera vez.

El senador Larry Seilhamer, portavoz de los novoprogresistas en el Alto Cuerpo, dijo el lunes que si sus compañeros de la Cámara acudían a los tribunales, su delegación se les uniría con iguales propósitos.

Tras la aprobación el lunes del proyecto de administración en ambas cámaras, la medida pasa ahora ante la consideración del gobernador Alejandro García Padilla para su firma. Sin embargo, se desconoce con certeza si el mandatario convertirá en ley la pieza, pues la versión ratificada no atendió los reparos que había expresado el Ejecutivo respecto a la eliminación del ajuste inflacionario al que estaba sujeto el arbitrio y sobre la imposición de un tope de 8.5% en la tasa de interés de la emisión de bonos que realice el Gobierno.

La mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado había incluido enmiendas al lenguaje sobre la reforma contributiva para intentar disipar las dudas sobre su constitucionalidad. A esos fines, establecieron que se honraría el 15 de febrero como la fecha de radicación del proyecto sobre los cambios al sistema tributario y el 15 de marzo para su aprobación si así lo permitía el proceso legislativo.

Al final, el texto que condicionaba los términos para darle paso a la reforma fue eliminado debido q los reparos expresados por el representante Luis Raúl Torres, quien se perfilaba como el voto decisivo en la Cámara para aprobar la llama “crudita”. El representante del Distrito 2 de San Juan finalmente le votó en contra a la legislación, a pesar de la restitución del lenguaje que había acordado con el Ejecutivo sobre la reforma, y el representante del PNP Pedro “Pellé” Santiago se convirtió en el voto determinante.

El senador José Nadal Power, presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, dijo temprano el lunes que entendía que, si se impugnaba la constitucionalidad del lenguaje sobre la reforma contributiva, los tribunales podían inhabilitar esa cláusula específica sin derrotar el resto del estatuto.