Por entender que restringe el acceso al derecho al voto, el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, recurrió al Tribunal para que se revise una determinación de la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) Jessika Padilla Rivera, que según alega el recurso, tiene el efecto de “añadir restricciones adicionales al procesamiento de las solicitudes y eventual adjudicación de votos emitidos bajo la modalidad de voto ausente y adelantado”.

Específicamente, la Certificación de Desacuerdo-Resolución Número CEEAC-24-110 emitida el 4 de octubre, establece que aquellas papeletas de voto ausente y voto adelantado en las que el elector no cumplió con la firma del juramento, validando la solicitud de ese proceso, no sean adjudicadas hasta que la identidad del elector haya sido corroborada y se valide que en efecto, el elector solicitó el voto adelantado.

La determinación de la presidenta, que fue tomada a solicitud de la comisionada del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte, se refiere a aquellos sobres del voto ausente y voto adelantado que el formulario de solicitud de esa modalidad no haya sido cumplimentado debidamente con la firma del elector, para legitimar que en efecto el elector se acogió al mismo.

La resolución de la presidenta añade que “el sobre con papeletas del elector cuya identidad aún no ha podido ser validada, se organizará por precinto hasta que su identidad haya podido ser validada. La Junta de Balance de Javaa hará todos los intentos que sean necesarios para validar la identidad del elector hasta el último día del escrutinio. No se podrán abrir los sobres, ni adjudicar las papeletas de un elector cuya identidad no ha podido ser validada”.

Según alegó el PNP en el recurso de 21 páginas radicado antes del mediodía de hoy en el Tribunal de San Juan, es inconstitucional porque tiene el efecto de establecer requisitos al elector, más allá de los establecidos por ley para poder ejercer su derecho al sufragio.

La solicitud de revisión presentada por el PNP establece que la determinación de Padilla Rivera viola diversos artículos del Código Electoral de Puerto Rico, entre estos el artículo 9.38 del voto adelantado, que establece que “al momento de presentar su solicitud de Voto Adelantado, a ningún Elector se le podrá cuestionar, interrogar y tampoco requerir documentos o certificaciones de ningún tipo. A estos electores solo se les podrán cuestionar o requerir documentos cuando la Comisión o una parte interesada tenga y presente evidencia documental que confirme que la afirmación hecha por el Elector en su solicitud es falsa o incorrecta. Todos esos trámites estaban la jurisdicción de la Javaa y de las JIP. Entiéndase, estaban bajo el control de la CEE”.

Según el recurso, la determinación de la Presidenta Alterna de la CEE de someter las solicitudes de voto adelantado y ausente presentadas en grupos de dos o más, a un proceso de validación adicional debido a la falta de firma en el formulario ‘Relación de Solicitudes de Voto Adelantado Radicadas’ también constituye una violación directa al Artículo 5.1 del Código Electoral de Puerto Rico

Este artículo establece “el derecho fundamental al voto universal, igual, directo, secreto y protegido contra toda coacción y la garantía de la más clara expresión e intención de la voluntad democrática del pueblo, también reconocemos los siguientes derechos y prerrogativas de los Electores:

1. El derecho a la libre emisión del voto y a que este se cuente y se adjudique conforme a la intención del Elector al emitirlo, y según se dispone en esta Ley.
2. (Omitido)
3. (Omitido)
4. La más amplia accesibilidad del Elector, sin barreras y sin condiciones procesales onerosas, a toda transacción y servicio electoral, incluyendo el ejercicio de su derecho al voto.
5. El derecho del Elector a que el sistema y los procedimientos electorales estén fundamentados en su más amplia participación y accesibilidad, tomando en consideración su dignidad y su credibilidad personal, y no en la desconfianza de los Partidos Políticos u otros electores.

“La decisión de la Presidenta Alterna de imponer un proceso de validación adicional, basado únicamente en la falta de firma en un formulario que no es requerido por el Código Electoral, crea una barrera procesal onerosa que restringe la accesibilidad del elector al ejercicio de su derecho al voto. Esta actuación no solo impone una carga adicional al elector, sino que contradice el espíritu de accesibilidad y participación plena que el Artículo 5.1 busca garantizar”, alega la parte recurrente, que también cita el artículo 5.6 del Código Electoral, que reza que “no se podrá rechazar, cancelar, invalidar o anular el registro o la inscripción legal de un Elector; o privar a un Elector calificado de su derecho al voto mediante reglamento, orden, resolución, interpretación o cualquier otra forma que impida lo anterior, excepto que por virtud de la presente Ley o por Orden de un Tribunal con competencia para ello disponga lo contrario”.

“Insisten en desmantelar los controles del voto adelantado”, Victoria Ciudadana

Por su parte, la comisionada del MVC, catalogó el recurso presentado por el PNP como una estrategia para repetir el caos ocasionado en el 2020 en la Junta Administrativa del Voto Ausente y Adelantado (JAVAA) y aseguró que en esta ocasión, el PNP cuenta con la complicidad del Partido Popular Democrático (PPD).

“En aquel entonces, las actas nunca cuadraron, y este año vamos por el mismo camino. Hoy van al Tribunal a pedir, literalmente, que se levanten los controles que garantizan la transparencia del voto adelantado” dijo Aponte, quien añadió que la demanda presentada hoy en el Tribunal de San Juan “busca que la CEE ignore acuerdos, reglamentos y manuales previamente aprobados por ellos mismos, para permitir que todas las solicitudes de voto adelantado sean aceptadas sin pasar por el debido trámite de validación. Esto es inaceptable y representa otro capítulo de desorden en la CEE, que parece moverse de crisis en crisis”.

En declaraciones escritas, Aponte afirmó que “Puerto Rico se merece un proceso electoral limpio y transparente” y acuso a la presidenta de la CEE de fallar “en su responsabilidad de garantizar elecciones justas y equitativas. Estas decisiones no solo son un ataque directo a la democracia, sino que deslegitima la voluntad de los votantes que buscan un cambio verdadero”.