El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Hiram Torres Montalvo, y los candidatos a representantes Doris Alvarado y Daniel Vega, anunciaron este domingo que estarán radicando referidos “por actos de corrupción” contra la alcaldesa interina de Ponce, Marlese Sifre, por sus alegados donativos ilegales al exalcalde Luis Irizarry Pabón, y por presunto mal uso de fondos públicos al continuar pagándole salario mientras apelaba su suspensión.

Torres indicó que al menos un testigo que cooperó en la investigación contra Irizarry “señaló a la actual alcaldesa, la señora Marlese Sifre, como una de las personas que había hecho donativos en efectivo para hacer el pago de ese préstamo”.

Torres agregó que ninguno de esos donativos hechos por Sifre en 2021, que según la investigación de la Oficina del Contralor Electoral totalizaron $5,810.70, aparecen registrados como donativos a la campaña de Irizarry, como requiere la ley, pese a que la propia alcaldesa interina habría admitido que sí realizó donaciones a Irizarry, según extractos de una conferencia de prensa que mostró.

“La actual alcaldesa, la señora Marlese Sifre, escondió los donativos que hizo a la campaña política del ahora acusado por corrupción, Luis Irizarry Pabón. De acuerdo a uno de los testigos del caso contra el exalcalde, Oscar Iván Nazario, exdirector de Obras Públicas Municipales, Sifre donó por lo menos en seis ocasiones, incluyendo por ATH Móvil, dinero a la campaña de Irizarry Pabón y solo una donación aparece en los récords de la Oficina del Contralor Electoral”, sostuvo Torres.

Por otro lado, también están reclamando a Sifre falta de acción en buscar recuperar el dinero pagado a Irizarry tras ser suspendido por corrupción, tomando en cuenta que el Tribunal Apelativo falló contra Irizarry y determinó que hubo una duplicidad de pago de salarios toda vez que se le estaba devengando simultáneamente al suspendido Irizarry y a la alcaldesa interina.

Estimaron que la cantidad en salarios que nunca se le debió pagar a Irizarry tras su suspensión, rondaba los $100,000.

El médico de profesión fue suspendido de sus funciones como alcalde en noviembre de 2023 por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente.

Irizarry enfrenta un juicio por presuntamente presionar a los directores de las dependencias municipales a pagar su deuda personal de una suma total de $53,000.

De ser hallado culpable por violar el Código Electoral, podría enfrentar hasta ocho años de cárcel.

“Entendemos que aquí hay material suficiente para que se puedan dar estos referidos y que el Departamento de Justicia, así como (la Oficina) de Ética Gubernamental tengan que investigar estos sucesos”, afirmó el secretario general del PNP.

El trío de funcionarios estadistas mostró un video con extractos de una entrevista ante los medios en la que Sifre responde algunas preguntas y declina contestar otras alegando que la información era parte de una investigación, pero entre sus respuestas admite haber hecho donativos a Irizarry.

Agregaron que, además de la admisión de Sifre, testigos cooperadores de la investigación contra Irizarry, señalaron que la alcaldesa hizo donativos al exalcalde cuando recaudaba dinero para pagar un préstamo con el que había financiado su campaña, esquema por el que eventualmente fue acusado y suspendido de sus funciones como alcalde.

“No cabe dudas de que la (entonces) vicealcaldesa (Sifre), quien llegó junto a la administración del doctor Irizarry Pabón y pues obviamente era parte de su equipo, tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo en el municipio, tenía conocimiento de que estaban pasándose entre los diferentes ejecutivos de las dependencias municipales esta libreta de pago, o haciendo pagos en efectivo, o en ATH móvil, mediante diferentes metodologías para abonar al pago de esa deuda”, indicó Torres.

“La actual alcaldesa del PPD (Partido Popular Democrático) pudo haber cometido delito al no reportar estos donativos, mientras participaba activamente en actividades de recaudación de fondos irregulares. Sifre incumplió con los requisitos que obligan a todos los donativos de campaña a ser reportados y registrados de manera adecuada para garantizar la transparencia del proceso electoral. Por eso es que pedimos a las autoridades que inicien una investigación profunda sobre estas alegaciones”, insistió Torres.

A preguntas de la prensa, el secretario general del PNP no pudo precisar por qué, si como ellos alegan, hay elementos suficientes para investigar a Sifre, el Departamento de Justicia y la OEG no habína tomado acción contra ella.

Tampoco pudo precisar si Justicia, o la OEG, hicieron alguna investigación contra Sifre y decidieron no tomar acción, o si no hicieron investigación alguna.

En cuanto a los salarios pagados a Irizarry tras su suspensión, tanto Torres como Alvarado, aspirante a representante por el Distrito 24, y Vega, aspirante a representante por el Distrito 25, hicieron referencia al dictamen el Tribunal Apelativo del pasado 27 de septiembre, que dispone que el Municipio de Ponce deberá recuperar cualquier salario y otros beneficios económicos otorgados al suspendido alcalde Irizarry desde el 1 de noviembre de 2023, cuando fue separado de sus funciones.

“Sifre nunca debió haberle pagado el sueldo, porque como dice la determinación del Apelativo equivaldría permitir que desde noviembre de 2023 hasta el presente tengamos dos funcionarios municipales percibiendo el salario del pueblo de alcalde del Municipio Autónomo de Ponce, cuando solo uno de dichos funcionarios está ejercitando los poderes. Es obvio que Sifre continúa su patrón de ayudar a Irizarry Pabón, pues no ha actuado para recuperar ese dinero”, afirmó Alvarado.

A preguntas de la prensa, Torres no pudo precisar si la acción de Sifre de continuar pagando el sueldo de Irizarry era algo que quedaba a su discreción mientras se dilucidaba la apelación, o si estaba obligada a dejar de pagar. Sí citó artículos del Reglamento de la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), donde se dispone que, tomando en cuenta la magnitud de los hechos alegados, se puede disponer, como medida cautelar, la suspensión sumaria de empleo y salario del funcionario. Bajo esos artículos, indicó, se presumía que la acción correcta era suspender los pagos a Irizarry, aun con la apelación en curso.

En resumen, Torres precisó que los referidos eran “dos señalamientos por separado, porque están las acusaciones que nosotros estamos presentando contra la actual alcaldesa por los donativos que estamos planteando que fueron ilegales, y está el asunto, obviamente es una cuestión administrativa, de la dejadez de parte de la administración municipal encabezada por la alcaldesa de hacer la acción de recobro de este dinero que se le pagó de manera ilegal al pasado alcalde, el doctor Irizarry Pabón”.

Primera Hora se comunicó con un portavoz de la alcaldesa interina para una reacción y se espera por su respuesta.