El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Hiram Torres Montalvo, y los candidatos a representantes Doris Alvarado y Daniel Vega, anunciaron este domingo que estarán radicando referidos contra la alcaldesa interina de Ponce, Marlese Sifre, por sus alegados donativos ilegales al exalcalde Luis Irizarry Pabón, y por presunto mal uso de fondos públicos al continuar pagándole salario mientras apelaba su suspensión.

Torres indicó que al menos un testigo que cooperó en la investigación contra Irirzarry “señaló a la actual alcaldesa, la señora Marlese Sifre, como una de las personas que había hecho donativos en efectivo para hacer el pago de ese préstamo”.

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Torres agregó que ninguno de esos donativos hechos por Sifre en 2021, que según la investigación de la Oficina del Contralor Electoral totalizaron $5,810.70, aparecen registrados como donativos a la campaña de Irizarry, como requiere la ley, pese a que la propia alcaldesa interina habría admitido que sí realizó donaciones a Irizarry, según extractos de una conferencia de prensa que mostró.

El suspendido alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarry.
El suspendido alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarry. (Vanessa Serra Díaz)

Por otro lado, también están reclamando a Sifre falta de acción en buscar recuperar el dinero pagado a Irizarry tras ser suspendido por corrupción, tomando en cuenta que el Tribunal Apelativo falló contra Irizarry y determinó que hubo una duplicidad de pago de salarios toda vez que se le estaba devengando simultáneamente al suspendido Irizarry y a la alcaldesa interina.

Estimaron que la cantidad en salarios que nunca se le debió pagar a Irizarry tras su suspensión, rondaba los $100,000.

La alcaldesa interina de Ponce, Marlese Sifre.
La alcaldesa interina de Ponce, Marlese Sifre. (Vanessa Serra Díaz)

El médico de profesión fue suspendido de sus funciones como alcalde en noviembre de 2023 por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente.

Irizarry enfrenta un juicio por presuntamente presionar a los directores de las dependencias municipales a pagar su deuda personal de una suma total de $53,000.

De ser hallado culpable por violar el Código Electoral, podría enfrentar hasta ocho años de cárcel.

“Entendemos que aquí hay materia suficiente para que se puedan dar estos referidos y que el Departamento de Justicia, así como (la Oficina) de Ética Gubernamental tengan que investigar estos sucesos”, afirmó el secretario general del PNP.

Primera Hora se comunicó con un portavoz de la alcaldesa interina para una reacción y se espera respuesta.