Líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP) radicarán mañana martes una querella contra el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, ante la Oficina de Ética Gubernamental, por lo que consideran una violación al código de dicha agencia, luego de intervenir con las autoridades durante la detención de su exsocio en la práctica legal, Jaime Sifre Rodríguez, por manejar en estado de embriaguez y usar su teléfono móvil mientras manejaba un vehículo.

En una conferencia de prensa, celebrada hoy en la sede de la Palma en Hato Rey, el secretario general del PNP, José “Pichy” Torres Zamora; el director ejecutivo de la colectividad, Jorge Dávila; el representante José Aponte y el senador Carmelo Ríos, denunciaron que Sánchez Betances incurrió en una violación a la sección 4.2 del Código de Ética Gubernamental, que prohíbe a cualquier funcionario hacer uso de su puesto para ejercer presión indebida. Una falta al mencionado estatuto podría constituir delito grave con una pena de cárcel por un término fijo de cuatro años, según indicaron.

“Se supone que esta persona hubiese sido puesta bajo arresto y llevado a un cuartel y en ese instante fuese sometido a la prueba de aliento o haber exigido una prueba de sangre, que es una prueba que le asiste como derecho a las personas que van a ser imputadas de conducir bajo los efectos de embriaguez. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que esta persona detenida fue escoltado por el secretario de Justicia, quien se personó, ahora alegando que fue en su carácter personal, y ha logrado que al día de hoy no se le hayan radicado cargos al licenciado Sifre”, expresó Ríos.

El senador indicó que la acción del funcionario, que justo hoy partió en un viaje hacia Costa Rica, resulta incompatible con el puesto que ocupa, como jefe de una agencia en que se someten cargos a personas por guiar borrachos todos los días.

Por su parte, Torres Zamora resaltó que nunca se había visto “una imprudencia de tal magnitud” protagonizada por un secretario de Justicia para ayudar a un amigo y exsocio del bufete legal Sánchez-Betances, Sifre &Muñoz-Noya.

“Hoy nos encontramos ante un escándalo de proporciones mayores que involucra a un secretario del gabinete constitucional y que es abogado del pueblo de Puerto Rico”, manifestó el secretario general del PNP.

Mientras, el director ejecutivo de ese partido cuestionó la credibilidad del jefe de Justicia y subrayó que su sola presencia en el cuartel de la División de Tránsito de la Policía en San Juan fue una acción “impropia y antiética”.

“¿A quién llamó (Sánchez Betances) inmediatamente después que le notificaron? ¿Cuándo llamó? ¿Con quién de la Policía habló? ¿A quién de los fiscales llamó? ¿Qué instrucciones dio? ¿Es cierto que llamó a (Jorge) Colberg sobre el asunto?, preguntó Dávila al exigir una explicación.

Los líderes de la Palma indicaron que este asunto ameritaba que el gobernador Alejandro García Padilla destituyera a Sánchez Betances de su puesto.

“Nosotros podemos pedir la renuncia hoy. Yo, de hecho, entiendo que el gobernador debió haberla pedido hace tiempo. Desde el preciso momento en que trascendió esto, debió haber destituido al secretario de Justicia. La mera apariencia de una intervención indebida en un asunto tan delicado como este, crea duda de lo que es el desempeño del secretario de Justicia de aquí en adelante. (Pero) Una cosa es lo que nosotros pidamos y otra cosa es lo que pase en Fortaleza”, dijo Aponte.

Mientras, Ríos agregó que “No se puede estar enviando mensajes confusos, avalando conductas desacertadas por parte del funcionario responsable de que se cumplan las leyes con todo su rigor. Nadie duda de que este haya sido un asunto que ameritaba la intervención del gobernador, la cual no debía dejarse pasar por alto. Nadie imaginaba que la reacción de La Fortaleza sería de impunidad y poca responsabilidad al intentar justificar lo injustificable”, sentenció el Ríos, quien señaló que mientras más tiempo pase sin que se tome acción, el gobierno demuestra la impunidad sobre acciones antiéticas”, agregó.

Por otro lado, Ríos insistió en que sus compañeros de mayoría en el Senado, cuerpo al que le corresponde la confirmación del designado superintendente de la Policía, James Tuller, tienen que estar alerta a la manera en que el funcionario maneje este caso.

“El ámbito legal ha sido violentado. Esto no es un caso típico. El superintendente de la Policía, que estará bajo escrutinio en el Senado, donde yo voto, tiene ahora la oportunidad de oro reivindicar su nombre y saber si va a hacer lo que se alega que él hacía en Nueva York, que era el 'ticket fixing' (Que perdonaba las multas pendientes) o si va actuar como superintendente de la Policía y va a procesar a cualquier ciudadano que viole la ley bajo la Ley 22, en la cual él tiene jurisdicción primaria”, reclamó Ríos.

De otro lado, Aponte afirmó que Sifre es un donante activo del Partido Popular Democrático (PPD) y que junto a Sánchez Betances tuvo contratos millonarios bajo los gobiernos de Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá. Dichos contratos, aseguró Aponte, ascendían a $7 millones.

“Este señor no es un desconocido para la actual administración, ya que tiene contratos por más de $700 mil. ¿Acaso esto no es evidencia de favoritismo”, argumentó el también expresidente de la Cámara de Representantes.