La presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), María Dolores Santiago, debe resolver si son legales una enorme cantidad de votos emitidos por ciudadanos en el pasado plebiscito en colegios donde no está registrados para votar.

Aunque la cantidad de votos en controversia no se pudo precisar, según la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos se trata de cientos, mientras su homólogo en el Partido Popular Democrático (PPD) Miguel Ríos habla de miles y su contraparte en el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago no quiso dar estimado, pero dijo que solo en una escuela hay 800 votos en pugna.

Estos votos fueron motivo de una extensa reunión de los comisionados electorales celebrada hoy en la CEE, en la que no hubo unanimidad entre los representantes de los diferentes partidos, por lo que el asunto debe ser resuelto por Santiago.

Se espera que la presidencia tome una decisión a más tardar mañana. También informaron que esta semana se podría completar el escrutinio del plebiscito de status celebrado el pasado 11 de junio.

La decisión de Santiago puede ser impugnada en los tribunales, pero aun así los entrevistados dijeron que esperan que terminar esta semana.

No fue posible contactar a la presidenta interina de la CEE.

Que se cuenten, dice Burgos

La posición de la comisionada electoral del PNP es que hay que validar el voto de esos electores que no votaron en su lugar de residencia.  

“Mientras Puerto Rico viva en una democracia hay que garantizar el derecho al voto al ciudadano. Le he mencionado varias instancias donde el Código electoral del siglo 21 reconoce que si una persona debe votar en su precinto, pero si vota en otro precinto en la papeleta de gobernador y comisionado, que es la aplica en todos lados, eso es lo que debe aplicar aquí con la papeleta sobre el estatus”, indicó.

Los votos de los electores que ejercieron su derecho fuera del pueblo de su residencia, fueron colocados en el colegio de añadidos a mano. Una enorme torre de maletines de estos votos se podía ver hoy en una esquina del Centro de Operaciones Electorales de la CEE, donde se realiza el escrutinio.

Burgos también justificó algunas de las controversias planteadas por los representantes del PIP y PPD.

“A los medios no le dan la información completa porque lo que quieren es desacreditar el proceso”, dijo Burgos sobre las denuncias de pipiolos y populares.

Dijo que el caso del menor de edad que fue a votar, denunciado por el PIP en una entrevista radial, se trató de un joven de Cabo Rojo que estaba en el registro electoral porque para los próximos comicios electorales tendría edad para votar, pero para este plebiscito su voto fue puesto en un sobre y finalmente no se contabilizó porque para el 11 de junio solo tenía 17 años.

En el caso de unos votos emitidos por personas que aparecían como fallecidas en el registro de electores de la CEE, Burgos dijo que hubo dos casos de esta naturaleza, una persona de Guánica y otra de Bayamón, pero en ambos casos realmente se trataba de electores vivos.

“Las personas sí están vivas, fue un error administrativo, fue un error de la Comisión Estatal de Elecciones”, indicó Burgos.

Los populares cuestionan 5,000 votos

El comisionado del PPD dijo que "quedan en controversia 5,179 votos" y que 2,000 de ellos serían votos de policías.

Las irregularidades en este proceso eleccionario continuaban teniendo hoy nuevas manifestaciones, según Ríos, como el hecho de que hoy mismo en una escuela aparentemente apareció una urna llena de papeletas.

En el caso de los fallecidos, Ríos dijo no tener constancia de cuántos puedan ser. Para eso pidió una certificación de los cerca de 114,000 electores registrados como fallecidos y así contrastarla con la lista de supuestos electores.

"Queremos verificar que esas personas no aparezcan votando en el plebiscito", dijo Ríos.

"Los votos ilegales deben anularse", reclama el PIP

Para la comisionada pipiola, las numerosas irregularidades deben llevar a que se eliminen algunos de los votos emitidos en el plebiscito, pero no se aventuró a decir cuántos son.

Explicó que la presidenta interina estaría resolviendo hoy sobre la validez de cientos de votos, pero que todavía se están trabajando maletines. Esa decisión sería el 'ruling' de cómo se manejarán todos los votos en pugna, agregó.

“Y se trata de muchos votos”, afirmó. "Hay una unidad con casi 800 votos en controversia", detalló.

La pugna de los votos de añadidos a mano debería claramente resolverse en contra del PNP porque, dijo la también abogada, la ley es clara que el voto añadido a mano es por excepción y en esta consulta con participación de 500,000 electores hubo más añadidos a mano que en las elecciones cuando votaron 1.6 millones de personas.

También están las decisiones del Tribunal Supremo que aplicarían, dijo ella, en contra de todos esos votos de gente que votó lejos de su hogar.

"El caso de Granados Navedo resuelve que el voto añadido a mano no es absoluto. No se puede ceder a la anarquía del elector", dijo.

"Los votos ilegales deben anularse", dijo la comisionada del PIP.