El status colonial de Puerto Rico se tiene que resolver. Con esa premisa en mente la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la legislatura sometió proyectos de ley en ambos cuerpos que ordenan la celebración de una Asamblea de Status.

Contrario a propuestas similares anteriores, este proyecto no requeriría un cambio en la Constitución.

El senador Juan Dalmau y el representante Dennis Márquez Lebrón radicaron además otras siete piezas legislativas con las que esperan sentar la pauta de lo que será su trabajo en el cuatrienio.

En el caso de la asamblea de status explicaron que se trata de un proyecto para que los distintos sectores vayan unidos a exigir una respuesta al Congreso y busca eliminar que los distintos grupos se saboteen en el intento.

“Nuestro modelo permite a todas las tendencias definirse y participar por igual de ese proceso”, señaló en rueda de prensa. 

Dalmau destacó que a diferencia de lo que propone el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, con una medida en el Congreso para que se acepte a la Isla como el estado 51, su propuesta da los pasos hacia algo “materialmente viable”.

“Sabemos, por las condiciones políticas, la coyuntura histórica y la experiencia en el pasado, (que ese tipo de proyecto) es meramente simbólico. Nuestra propuesta no lo es”, declaró.

Asimismo, el dúo presentó medidas para que se adopte la Unicameralidad tal y como lo decidió el pueblo en el referéndum de 2005.

Ante la posibilidad de que ahora se atienda ese resultado Dalmau con una mayoría novoprogresista que ya ha ignorado el asunto, Dalmau expresó que no tenía por qué conformarse con presentar sólo aquello con posibilidad de pasar el cedazo. 

“Nuestra obligación es sabiendo que no… hacerle saber al país que hay otras alternativas viables hay otro rumbo posible”, dijo.

Para detener gastos excesivos presentaron otro proyecto que limitaría los gastos de publicidad que ahora ascienden a más de $300 millones. Sería una veda como la de año electoral, pero que se aplicaría a todo el cuatrienio. 

También presentaron medidas para que extender el impuesto de 4% a las empresas foráneas más allá de su vencimiento el 31 de diciembre de este año. 

En el área ambiental propusieron una ley para la protección de las costas, otra que prohíbe el depósito de cenizas por la quema de carbón y que a largo plazo eliminaría esa fuente de energía y otra que prohíbe el uso de yerbicida glifosato. Además, presentaron una resolución para que se investiguen los incentivos económicos otorgados a empresas privadas de manera que se pueda saber si cumplieron su cometido.

Emplaza a superintendente

Márquez Lebrón catalogó como preocupante y errada la interpretación en ley de la Superintendente designada a la Policía, Michelle Hernández, a los efectos de que estarán interviniendo con aquellos ciudadanos que exigen el cumplimiento de la ordenanza municipal de Peñuelas que prohíbe el depósito de cenizas tóxicas, estatuto recientemente avalado por el Tribunal Supremo del país.

“Es sorprendente e increíble que comenzando sus funciones como Superintendente de la Policía, Hernández se haya convertido en la defensora y procuradora de quienes atentan contra la salud de las comunidades en Peñuelas y del medio ambiente mediante el deposito ilegal de cenizas tóxicas. Es inconcebible que el funcionario llamado a defender los derechos de los ciudadanos se haga de la vista larga y promueva con sus expresiones que se violente la ordenanza municipal, recientemente ratificada por el Tribunal Supremo Puerto Rico. Ante esta acción inaudita se hace imperativo la aprobación del proyecto de la Cámara 136 que resolvería la controversia de una vez y por todas estableciendo como política pública del Estado la prohibición del depósito de cenizas”, sentenció.