Los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) María de Lourdes Santiago y Denis Márquez Lebrón reafirmaron hoy su oposición al Proyecto 1003, al tiempo que reclamaron que más allá de la aprobación de la medida, en el proceso de la quiebra y reestructuración de la deuda de Puerto Rico subyace la situación colonial de la Isla.

“Es una invitación al engaño la insistencia del PPD (Partido Popular Democrático) y el PNP (Partido Nuevo Progresista) de combinar el tema de la emisión de bonos con los asuntos que pertenecen al Plan Fiscal, sobre el cual ni la Legislatura ni el Tribunal tienen injerencia alguna”, dijo la senadora Santiago en una conferencia de prensa junto con el representante Márquez Lebrón en el Capitolio.

La legisladora indicó que la protección de las pensiones, la garantía de recursos para la Universidad de Puerto Rico y la disponibilidad de fondos para los municipios no se resuelven con la emisión de deuda. “Para que ese dinero esté disponible, la Junta de Control Fiscal tiene que enmendar el Plan Fiscal y es una pobre estrategia de negociación el que la Asamblea Legislativa ni siquiera se hubiera atrevido desde el primer momento a usar la única carta a su favor para replantear todo el tema de deuda y forzar al Congreso, que es en última instancia el responsable”, sostuvo Santiago.

Subrayó que “hay que tener presente que se trata de algo que va más allá del PC 1003, de la deuda o de la Junta; es un problema político resultado de nuestra condición colonial”.

Por su parte, Márquez Lebrón dijo que llegó el momento “de que el liderato político del País se enfrente al problema colonial, el problema que representa la Junta, al problema que representa la deuda y como parte de ese proceso que es el que estamos planteando desde la creación de la Ley Promesa en 2016, que se dé todo esto dentro de un proceso de descolonización”.

Sostuvo el legislador que “el asunto central en el PC 1003 es la emisión de bonos que nos compromete a añadir $359 millones anuales al servicio de la deuda, que ya carga con los $800 millones de COFINA y los $1,900 millones de las pensiones”.

Los portavoces del PIP en la Legislatura reiteraron que el PC 1003 “no es enmendable e implica que en cualquier versión de la medida “se da el consentimiento de la Asamblea Legislativa a un Plan de Ajuste de la Deuda diseñado para satisfacer los intereses de los inversionistas, irremediablemente reñidos con el bienestar del País”.

Reclamaron además que “en el acuerdo anunciado persisten los peligros de las versiones anteriores (del proyecto que sería la ley habilitadora del Plan de Ajuste de la Deuda)”.

Repudiaron que la deuda que se asumiría, según el proyecto, es de aproximadamente $7,400 millones pagaderos por más de dos décadas y que la transacción incluya “la entrega de cerca de $10 mil millones en efectivo por adelantado”.