El gobernador Pedro Pierluisi prevé que entre mediados de 2026 al año 2027 se tengan las pruebas suficientes para reclamar el fin de la Junta de Supervisión Fiscal.

Entre los requisitos que esbozó tiene que cumplir el gobierno para dar fin a la Junta son cuatro presupuestos balanceados, del cual dijo están en la actualidad en el tercero, contar con estados financieros auditados para demostrar que los presupuestos fueron balanceados y lograr acceso a los mercados de bonistas. Adelantó, en una entrevista radial (NotiUno), que antes de que culmine el año se presentará el quinto estado financiero auditado, correspondiente al año 2022.

Dijo que, en la actualidad, “yo no puedo demostrar que llevamos cuatro presupuestos debidamente balanceados y que tenemos acceso a los mercados. Yo esas son los dos crisoles. Yo todavía como gobernador no estoy en posición de demostrar eso. Estaré en posición de demostrar eso al final de este año (2024) son tres (presupuestos balanceados), al final del otro, que sería 2026, ahí es que estamos hablando de que a mediados del 2026 o un poco más tarde, porque yo lo que voy a usar de herramientas son los estados financieros auditados publicados. Usando los estados financieros públicos financieros publicados por el gobierno, más demostrando que ya hemos tenido acceso al mercado... Ah, por ejemplo. Te doy un ejemplo. Posiblemente, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados va a tener acceso en algún momento en ese, entonces, será entonces (que se reclamará en fin de la Junta). Así que no tenemos que adelantarnos. Para mediados del ‘26 y ‘27, es que nosotros estaremos reclamando la salida de la Junta y quizás ahí haya un tranque”.

Según resumió el mandatario en una conferencia de prensa que realizó en La Fortaleza, el cuarto presupuesto balanceado que tendría el gobierno culminaría en julio de 2025. Comentó que Hacienda se demoraría entre seis meses a ocho meses en completar la auditoría de ese años fiscal, por lo que sería en el 2026 que se estaría en posición de reclamar el fin de la Junta.

Comentó que el gobierno tiene dos foros para que cesen las funciones de la Junta de Supervición Fiscal. Uno es acudir al Congreso y el segundo es un reclamo ante los tribunales.

“La realidad es que la Junta no es un ente democrático. La realidad es que le incomoda a prácticamente todo el pueblo de Puerto Rico que tengamos un ente que no fue electo por nuestro pueblo, supervisando al gobierno. La realidad es que es que basta ya de recortes”, soltó el ejecutivo, al expresar su malestar con las determinaciones de la Junta.

Poco antes, había informado que todavía no hay una determinación sobre el futuro de la Reforma Contributiva. Señaló que todavía se espera por las negociaciones encaminadas por la Junta.

La Junta se ha opuesto a la medida, que en esencia disminuye las tasas contributivas a la clase media y a las empresas locales, ya que alude a que tendría un impacto de $750 millones en los recaudos. Pierluisi alega que el impacto es de unos $500 millones y que esa suma se puede recortar del gasto del gobierno.

“Lo que pasa es que le incomoda cuando ve que se aprueban leyes que tienen un gran impacto fiscal y que no sea atendido. O sea, es decir, no se lo ha dicho a la Junta vamos a recortar gastos aquí o vamos a tomar estas otras medidas para que no se deje, no se ve, no se descuadre la chequera y eso le incomoda”, dijo.