El gobernador Pedro Pierluisi determinó vetar la propuesta que buscaba estabilizar el costo de la energía eléctrica en la Isla, bajo el alegato de que no se puede legislar ni inmiscuirse en las finanzas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) hasta que no se culmine el pleito para negociar la deuda millonaria que acumula.

Específicamente, el ejecutivo vetó este miércoles una medida legislativa que buscaba odenar al Departamento de Hacienda crear el Fondo de Estabilización del Sistema de Eléctrico de Puerto Rico, con el fin de mitigar los aumentos en las tarifas de la luz que han suscitado por los altos costos en la compra de combustible y la adquisición de energía.

Según explicó Pierluisi, durante una conferencia que realizó en Guayama, “aquí lo que pasa es que la AEE está en quiebra. Hasta que no culmine esa quiebra, el Tribunal Federal es el que supervisa el manejo de sus finanzas y el gobierno no puede, incluyendo la Legislatura, a venir y decir: ‘pues, no, mira estos dinero, van a haber un fondo de estabilización, dinero que lo sacan de la AEE y eso no lo permite el proceso de quiebra que se está llevando a cabo bajo Promesa. Así que lo más importante es que se reestructura en las deudas de la Autoridad. Eso está ante la consideración de del Tribunal Federal. Y después que pase eso, ya entonces podemos considerar legislación como esa que se acaba de aprobar”.

Mientas, en un comunicado de prensa, el primer ejecutivo expresó a los presidentes legislativos, José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández, que a pesar que la intención del Proyecto del Senado 728 -de la autoría de la legisladora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve- era “loable”, el mismo, tal y como está redactado, “pudiera provocar mayores problemas que los que pretende resolver”.

La legislación perseguía “proveer a la Autoridad de herramientas para el cobro de deudas morosas que afectan su estabilidad financiera con el fin de proveer un servicio estable y a costos razonables a sus clientes”. Entre las medidas que buscaba implementar, incluía el “cobro de cuentas morosas que por años han estado pendientes de cobro restándole recursos a la Autoridad para su operación y desarrollo”.

El gobernador sostiene que la legislación que la medida “se convertiría en una merma de ingresos para la AEE, puesto que ordenaría que los recursos que se estén recobrando pasen al Departamento de Hacienda para nutrir el Fondo de Estabilización”.

“Precisamente por la actual crisis fiscal y quiebra de dicha corporación pública, todo pago por servicio de electricidad, aunque sea por balances vencidos, debe ser adjudicado a la AEE para cubrir sus gastos operacionales, mantenimiento de flujo de efectivo saludable, y el pago de combustible para la generación de energía”, expresó Pierluisi.

“Si la AEE ve reducidas sus finanzas, eso podría tener un efecto en las facturas a sus abonados mediante los ajustes trimestrales por compra de combustible. Asimismo, todas sus deudas pasadas, particularmente aquellas previo a la radicación de la quiebra, están sujetas a los procesos que se llevan a cabo en el Tribunal Federal bajo el Título III de la Ley PROMESA”, agregó.

También, el gobernador alegó que las entidades gubernamentales morosas tienen presupuestados los fondos para el pago de la energía que corresponda al año fiscal corriente y planes de pagos establecidos. Además, parte de las deudas reportadas por la AEE de entidades gubernamentales están en disputa ante la Corporación, por lo tanto no son deudas líquidas y exigibles, como plantea la medida.

Por otra parte, el gobernador vetó también el Proyecto de la Cámara 435, que proponía distintas enmiendas al Apartado del Articulo 4 de la Ley para “Regular las Profesiones de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico”, en incisos separados.

Según el primer ejecutivo, en ambas secciones se titula el Artículo 4 de manera distinta. Asimismo, tal cual está redactado el Proyecto de Ley crea un serio problema de interpretación, pues da la impresión de que la Sección 1 se deja sin efecto con la enmienda propuesta en la Sección 2.

Firma paquete de medidas

Por otra parte, Pierluisi firmó un paquete de 11 medidas, incluyendo el Proyecto del Senado 579, en el que autorizó que la partida de fondos asignados para el Programa de Internados y Residencias de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico (UPR) sea revisada cada tres años y que se incluya a la Escuela de Medicina Dental.

Las revisiones estarán a cargo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la UPR.

Anualmente, la Oficina de Prensa de La Fortaleza destacó que se asignan fondos por una cantidad no menor de $20,900,000 para sufragar los gastos de salarios y beneficios marginales que reciben los médicos residentes e internos. En los pasados cuatro años, este número se ha mantenido igual, pero para realizar los ajustes necesarios para asegurar y garantizar una compensación adecuada y justa, la UPR considerará las compensaciones y beneficios recibidos por médicos residentes e internos en otras jurisdicciones.

Por otra parte, con la firma al Proyecto del Senado 437, para enmendar el Código Penal de Puerto Rico, toda persona convicta podrá ser considerada para libertad bajo palabra por la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) al cumplir el 75 por ciento del término de reclusión impuesto. Este cómputo nunca excederá de 15 años cuando se trate de un adulto o de cinco años cuando se trate de un menor sentenciado y procesado como adulto en ciertos tipos de delitos.

En lo que respecta a delitos graves, y cuya sentencia sea de 50 años, se disminuye de 20 a 15 años de la sentencia para poder ser considerados a la JLBP y en caso de un menor procesado y sentenciado como adulto se disminuye de 10 a cinco de la sentencia para poder aplicar a este privilegio, entre otros cambios.

Entre los criterios que se toman en consideración para conceder el privilegio de libertad bajo palabra están la naturaleza y circunstancias del delito o delitos por el cual se cumple la sentencia, las veces que el convicto haya sido convicto o sentenciado, una relación de liquidación de la sentencia o sentencias que cumple el confinado y la totalidad del expediente penal, social y los informes médicos e informes por cualquier profesional de la salud mental sobre el confinado.

También, historiales de ajuste institucional-social-psicológico y psiquiátrico de los confinados, la edad, el o los tratamientos para condiciones de salud y la opinión de la víctima. Asimismo, los planes de estudios, adiestramiento vocacional o estudios y trabajo de los confinados.

Por otro lado, en busca de continuar implementando la transparencia, el gobernador avaló el Proyecto del Senado 216 para que la Oficina del Contralor de Puerto Rico pueda participar de los procesos de transición gubernamental.

Otra medida firmada por el gobernador es el Proyecto del Senado 535 para que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) reglamente la venta de hidroclorofluorocarburos (HCFC’s), hidrofluorocarburos (HFC’s), e hidrofluorolefinas (HFO’s) y cualquier otra sustancia que se utilice como refrigerante. También, que los técnicos de refrigeración de aire acondicionado, a quienes se vendan estos productos, estén licenciados y colegiados.

De otra parte, con la firma a la Resolución Conjunta del Senado 79 se ordena a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a realizar un estudio de viabilidad sobre la construcción de tanques de reservas de agua potable y sus respectivos sistemas de bombeo para elevar y extraer agua de puntos bajos a elevados, en varios municipios del norte de la Isla.

El gobernador también dio paso al Proyecto del Senado 677 que declara el mes de marzo de cada año como el “Mes de la Concienciación sobre el Trastorno de Procesamiento Sensorial (TPS) y a la Resolución Conjunta de la Cámara 311 que designa con el nombre del agente Luis Antonio De Pablo Vázquez, el edificio de la comandancia del Negociado de la Policía en Utuado.

De igual forma sucedió con la Resolución Conjunta del Senado 213 que designa el edificio del Antiguo Casino de Ponce con el nombre del exgobernador Rafael Hernández Colón y con la Resolución Conjunta del Senado 155 se nombra la Galería Histórica de San Germán con el nombre del profesor e historiador José Vélez Dejardín. También, dio paso a la Resolución Conjunta del Senado 123 que designa un tramo del municipio de Loíza con el nombre de la loiceña Adolfina Villanueva Osorio, quién fue asesinada en 1980 por el sargento Victor Estrella, luego que luchara por no ser desahuciada de su hogar en el barrio Medianía Alta.

Mientras, con Resolución Conjunta del Senado 112 se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI) a que evalúe la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico de los terrenos que albergan la antigua escuela Segundad Unidad Rosa Rivera Serrano al municipio de Arecibo. A su vez, el gobernador también aprobó e impartió un veto de línea, a la Resolución Conjunta del Senado 67 para asignar $2,733.73 al municipio de Vega Baja para obras y mejoras permanentes.