El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia vetó un proyecto que buscaba enmendar el Código de Seguros para establecer que ninguna compañía de seguros pudiese extinguir una obligación mediante la figura de pago en finiquito sin antes proveerle al asegurado, una explicación detallada, por escrito y oral sobre el alcance y consecuencias de recibir dicho pago y su efecto retroactivo en las reclamaciones, por el embate de los huracanes Irma y María y los terremotos ocurridos en el suroeste en 2020.

Pierluisi informó el veto expreso del Proyecto de la Cámara 1025 en una comunicación al Senado.

“Aun cuando el interés del proyecto es que los asegurados reclamantes no se afecten en el pago de su reclamación por vía de la figura de pago en finiquito, la manera en la cual el proyecto propone remediar el problema resulta contraproducente a los mejores intereses de los asegurados”, indicó el Gobernador al esbozar las razones por las cuales rechazó la medida por segunda vez.

Según el mandatario, dejar en manos del propio asegurador la explicación de la razonabilidad de la oferta de pago realizada, según pretende el proyecto, no resulta en los mejores intereses de los asegurados reclamantes.

“Esta medida pretende aplicar retroactivamente una legislación, la cual altera el estado de derecho vigente al momento de emitir y recibir los pagos por las reclamaciones surgidas luego de los huracanes Irma y María en el 2017, así como los terremotos ocurridos en el 2020. Como está redactado este proyecto de ley, claramente pudiera constituir un menoscabo de las obligaciones contractuales de todos los aseguradores, sus agentes generales, representantes autorizados, entre otros, que suscribieron pólizas de seguros de propiedad en Puerto Rico vigentes antes de la aprobación de la media y quienes finiquitaron la reclamación mediante pago”, expresó Pierluisi.

Por su parte, dos de los autores de la pieza legislativa, los representantes Jesus Manuel Ortiz y Estrella Martinez Soto, del Partido Popular Democrático (PPD), lamentaron el veto de la medida.

“Lamento mucho que por segunda ocasión, el Gobernador Pedro Pierluisi vete un proyecto cuyo único propósito es que los consumidores y tenedores de seguros en Puerto Rico tengan más información a la hora de recibir una compensación menor a la reclamada durante una reclamación realizada a su compañía aseguradora, como una forma de satisfacer o saldar una obligación”, expresó Ortiz González sobre el el pago en finiquito o accord and satisfaction, como comúnmente se le conoce.

Por su parte Martinez Soto indicó que “esto deja en el limbo” a los miles de consumidores que luego del paso del huracán María y los terremotos han tenido inconvenientes con sus pólizas de seguros. “Muchos de ellos, han visto disminuidos dramáticamente los pagos recibidos en sus reclamaciones por concepto de daños por vía de la figura de pago en finiquito. Esto, ha provocado casos en los tribunales en la que los asegurados exponen que no se les proveyó una explicación adecuada sobre el alcance de dicho pago. Es precisamente para atajar este problema que propusimos el proyecto que el gobernador ha vetado dos veces”, dijo Martinez Soto.

Los legisladores indicaron que luego de recibir las explicaciones de Pierluisi al vetar la medida por primera vez en agosto del año pasado, “se atendieron todos los cuestionamientos, dudas y señalamientos”.

“Luego de que en agosto pasado, se vetara el mismo, atemperamos la legislación a los cuestionamientos que hiciera el Ejecutivo. Por lo que discrepamos de las razones que ofrece el ejecutivo para vetarlo nuevamente. Evaluaremos los pasos a seguir para lograr mediante ley la protección a los consumidores en un asunto tan importante como el pago de sus reclamaciones por sus pólizas de seguro”, sostuvo el representante Ortiz González.

El Gobernador también vetó otra medida (Proyecto de la Cámara 504) que proponía enmendar la ley que crea el Sistema de Retiro de los Empleados del gobierno para incluir en la definición de los servidores públicos de alto riesgo, a los alguaciles adscritos a la Rama Judicial.

“De conformidad con el Plan de Ajuste de la Deuda, el gobierno de Puerto Rico se encuentra impedido de aprobar o poner en vigor legislación que cree o incremente cualquier pago u obligación a pensionados actuales o futuros que estén relacionados a planes de beneficios definidos independientemente de la fuente de recursos”, dijo el Primer Ejecutivo en la explicación del veto expreso.

Pierluisi indicó que la medida tiene “irónicamente impedimentos jurídicos”, pues dijo que a pesar de que los alguaciles tienen que diligenciar las ordenes de arresto de los jueces, no son mencionados en la Ley de la Judicatura de 2003.