El gobernador Pedro Pierluisi vetó ocho medidas a la Asamblea Legislativa entre ellas, un proyecto de la Cámara que buscaba recortar en un 75% la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

En las razones del veto esbozadas en una comunicación a las cámaras legislativas, Pierluisi reclamó que la medida es incompatible con la Ley federal Promesa. Igualmente alegó, que el proyecto es deficiente.

La medida, Proyecto 1383, de la autoría del Presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, buscaba establecer la “Ley para la Reestructuración de la Deuda de la AEE” a los fines de establecer “condiciones indispensables’para la reestructuración de la deuda y la emisión de bonos, fortalecer la estabilidad financiera de la AEE, devolverle facultades al Negociado de Energía y establecer los términos para las emisiones de bonos de la AEE y sus afiliadas.

“Las disposiciones de esta medida contradicen expresamente la Ley Promesa y son contrarias a las determinaciones del Tribunal de Título III en el pleito sobre la Ley Núm. 7 de 9 de junio de 2021, mejor conocida como Ley para un Retiro Digno”, reclamó Pierluisi.

Indicó también que “la mayoría de las disposiciones del PC 1383 contradicen el Plan Fiscal certificado y cualquier intento de invalidación resultaría en un proceso judicial innecesario y que culminaría con la invalidación de la ley”.

“Finalmente, dar paso a un proyecto de ley tan deficiente de su faz, en lugar de adelantar, atrasaría el proceso de la reestructuración de la deuda de la AEE e incrementaría aún más el riesgo de que se nombre un síndico judicial cuya función principal sería garantizar el pago de la totalidad de la misma”, añadió el Gobernador.

Entre las medidas vetadas también hay dos proyectos de la Cámara (774 y 775) relacionados con la energía eléctrica. El 774 buscaba enmendar la Ley de Política Pública Energética para dejar a la discreción de la AEE la transferencia de las funciones de operación y mantenimiento de sus activos de generación.

“Las leyes vigentes establecen un mandato expreso e inequívoco para la desagregación de las operaciones de la AEE mediante la creación de alianzas público-privadas, con el fin de lograr un sistema eléctrico moderno, sostenible, confiable, eficiente, costo-efectivo y resiliente. El dejar a la discreción de la AEE la decisión sobre la formación de alianzas publico privadas sería perpetuar el mal manejo y politización de la administración de la AEE, lo cual llevó a dicha entidad a la bancarrota y dejó a la ciudadanía con un sistema eléctrico débil y obsoleto”, dijo Pierluisi.

Sostuvo que “el menoscabo que conllevaría la aprobación del P. de la C. 774 en los acuerdos libremente pactados con LUMA en el Contrato de Transmisión y Distribución expone al Gobierno a reclamaciones, lo cual arruinaría los esfuerzos que se están llevando a cabo para reconstruir y optimizar la red eléctrica”. Igualmente dijo que resulta innecesaria la porción del P. de la C. 774 que pretende que los contratos de alianza relacionados a la generación de energía sean aprobados por el Negociado de Energía.

“La enmienda propuesta en el P. de la C. 774 pretende prohibir la transferencia de empleados de la AEE al sector privado y a otras entidades gubernamentales, según sea el caso. Esto conllevaría un gasto adicional al erario que sería inconsistente con los planes fiscales certificados por la Junta de Supervisión Fiscal bajo la Ley PROMESA y con la transformación del sistema eléctrico”, agregó Pierluisi.

El Proyecto 775, creaba la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico a los fines de eliminar exenciones de ciertas disposiciones en los contratos de alianza sobre cualquier transacción de la AEE.

El Gobernador también vetó el Proyecto de la Cámara 1133 para disponer que a partir del primero de enero de 2023 el salario base de los meseros y de otros trabajadores que dependen de propinas nunca recibrán menos del 50% del salario mínimo vigente.

Otros vetados fueron el Proyecto de la Cámara 6 a los fines de eliminar “la secretividad” en los procesos de la Junta de Supervisión Fiscal; la Resolución Conjunta de la Cámara 39, para ordenar a la Secretaria de Corrección, Ana Escobar a atender los reclamos de confinados, familiares y personal de custodia sobre las condiciones físicas sobre la cárcel El Limón, en Mayagüez y la Resolución Conjunta de la Cámara 323 que ordena al Departamento de Educación a implementar sistemas de ventilación y desinfección contra el COVID-19.

Reacciona el Presidente de la Cámara

“Consistentes en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, nos reafirmamos en que el vehículo correcto para que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) pueda salir responsablemente de la quiebra y bajar el costo energético es aprobando legislación en consenso para reestructurar su deuda”, reaccionó por su parte el Presidente de la Camara.

Hernández dijo que el PC 1383 “le hacía justicia al país al ponerle un freno a los constantes aumentos en la factura de la luz, recortaba la deuda de la AEE en un 75% y protegía las pensiones de todos sus retirados”.

“Lamentamos que el gobernador, una vez más, prefiera servir como el abogado de LUMA, los bonistas y de la Junta, por encima de los intereses del pueblo. Por eso, mañana el país debe salir a la calle de forma pacífica y con firmeza a exigirle que cancele este nefasto acuerdo y que su administración actúe para detener los aumentos abusivos que ha permitido en los últimos meses”, dijo el líder cameral en declaraciones escritas.