El gobernador Pedro Pierluisi indicó este jueves que solicitará a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) más fondos para que la Oficina del Contralor Electoral (OCE) tenga todo lo necesario para ejercer su labor fiscalizadora.

“Favorezco que la Junta de Supervisión apruebe un presupuesto holgado para el contralor electoral porque el contralor electoral está diciendo que no tiene un número adecuado de auditores para llevar a cabo esta fiscalización de las campañas que es tan importante”, sostuvo Pierluisi al finalizar una conferencia de prensa.

Las expresiones de apoyo del gobernador a la labor fiscalizadora de la OCE se producen a solo horas de que surgiera el veredicto de culpabilidad contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez por actos de corrupción. El contralor electoral Walter Vélez ha dicho previamente que le han reducido constantemente el presupuesto de su oficina y que urge de mayores garras legales para fiscalizar los donativos políticos.

Como parte del juicio contra Pérez trascendió que el empresario Oscar Santamaría donó a la campaña de Pérez sin que así conste en los informes de ingresos y gastos del exalcalde ante la OCE. Igualmente, Santamaría testificó que aportó al senador y secretario general del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos; al alcalde de San Juan, Miguel Romero y al representante Carlos “Johnny” Méndez.

Vélez reveló que el donativo a Méndez aparece registrado en la OCE, pero no así el de Ríos. Sobre Romero, dijo que no podía opinar porque aún no finaliza una auditoría de sus informes de ingresos y gastos.

Cuestionado sobre estos donativos y las revelaciones de Vélez, el gobernador refirió el asunto a la OCE.

“Esos son asuntos electorales. Le compete al contralor electoral indagar lo que tenga que indagar y determinar si hubo cualquier violacion de ley en cuanto cualquier donativos inlcuyendo esos”, apuntó el primer ejecutivo.

“El contralor electoral puede indagar. Puede citar a los directores de los comités en cuestión. El que tiene que actuar aquí es el contralor electoral. En mi caso, le estoy pidiendo al contralor electoral que intervenga porque es el que tiene jurisdicción para determinar si hubo cualquier donativo ilegal”, reiteró.

Vélez dijo a este medio que cuando no aparece un donativo en los informes de ingresos y gastos se puede constituir el delito de informes falsos bajo la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas (Ley 222-2011).

Durante el juicio federal contra Pérez su defensa dijo que era una práctica común que se hagan donativos y se les pongan nombres de electores.

“El contralor electoral tiene información de todos los donantes. En el pasado, a mí me consta, que se han abordado a donantes para verificar que realmente dieron el donativo. El contralor electoral también tiene infrmación de las actividades llevadas a cabo y los donantes en cada actividad y puede, de igual manera, indagar si así lo desea o lo entiende prudente”, sostuvo el gobernador.

Aclaró que bajo la Constitución de los Estados Unidos no se pueden eliminar los donativos privados y financiar las campañas políticas solo con dinero público para eliminar el inversionismo político.

“Hay aspectos constitucionales que impiden el que se establezca ese tipo de sistema y que prohiba la donación privada, o sea, la Constitución de Estados Unidos protege el derecho a la libre expresión y la libre asociación, y ambos derechos conllevan el derecho de que tú hagas donativos a tus partidos o candidatos de preferencia”, explicó Pierluisi.

Agregó que hay que velar porque las agencias fiscalizadoras tengan “los recursos necesarios”.

“Creo que el mensaje es claro. El mensaje es claro a la Junta de que en esta área (fiscalización) no debeos escatimar y debemos estar seguros de que el presupuesto sea prudente y razonable”, dijo.

Pero en el caso de la OCE, por los pasados años, ha enfrentado recortes presupuestarios, tantos que ahora mismo tiene 15 auditores cuando en el pasadó contó con 27. Además, lleva más de un año abogando por enmiendas a la Ley 222-2011 para contar con más herramientas de fiscalización.