El gobernador Pedro Pierluisi señaló este jueves que la Isla perdió acceso a fondos federales ante la tardanza que se registró en la Legislatura para aprobar un proyecto de ley para cumplir con la regulación del Family First Prevention Services Act, mejor conocido como Family First.

La secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez, ha dicho que se trata de alrededor de $100 millones los que se dejaron de obtener.

“Lo que pasa es que el proceso legislativo tardó mucho. Entonces, aunque el Departamento de la Familia ya estaba adelantando el proceso de reclutar trabajadores sociales, y hoy día tenemos 80 nuevos trabajadores sociales y 40 nuevos técnicos de familia, obviamente, mientras la ley no estuvo aprobada, pues, sí, se perdió acceso a fondos federales”, indicó el primer ejecutivo, tras participar de la conmemoración del 166 natalicio del prócer José Celso Barbosa en el Antiguo Casino de Puerto Rico.

Pierluisi firmó el 11 de mayo el proyecto que viabilizaba la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores. Esta medida legislativa era necesaria para cumplir con los estatutos de la ley federal Family First.

No obstante, después de aprobada la medida fue que Rodríguez expuso la pérdida millonaria de fondos que hubo en el proceso para que la medida se aprobara.

Pierluisi explicó que el retraso para aprobar el proyecto de ley se debió a que supuestamente los legisladores “decían que era que no se podía aprobar esa legislación, porque no tenía Familia los recursos necesarios. Y ahí lo que hicieron fue básicamente perder el tiempo, porque tan pronto ya Familia estaba trabajando en el asunto de reclutar trabajadores sociales, la Junta de Supervisión permitió que se aumentará el salario de los trabajadores sociales hasta por más de $2,700 al mes, un aumento de más de $1,100. Y, a base de todo eso que estaba haciendo Familia, algunos en la Legislatura decían no se debe aprobar ahora. O sea, que ahí se perdió muchísimo tiempo. Hubo también reservas en cuanto al lenguaje como tal. Al final, se resolvió, pero reconozco que lo que pasó fue que pues el proceso legislativo tardó mucho”.

Tras sus declaraciones, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, emitió unas declaraciones escritas en las que achaca el retrazo a “una combinación entre la dejadez de su gobierno, (y) la obstinación de los representantes del PNP de cambiar algún lenguaje.

“En primer lugar, en la implementación del Family First en todas las jurisdicciones y territorios de los Estados Unidos de América debían establecer un plan de acción con fases y métricas de cumplimiento desde su aprobación en el 2018. En el caso de Puerto Rico, fue una de las jurisdicciones que solicitó prórroga para completar los procesos. Dicha prórroga les venció 1 de octubre de 2021, lo cual incluía el tener lista la legislación correspondiente. Sin embargo, no fue hasta 36 días antes de la fecha de vencimiento del plazo, el 25 de agosto de 2021, que el gobernador envió un proyecto a la Legislatura para atender este asunto, pretendiendo se aprobara una legislación “fast track” sin análisis. De ahí, se realizaron vistas públicas y todas las entidades participantes, sobre 10, presentaron enmiendas técnicas y sustantivas para mejorar la legislación presentada, incluyendo enmiendas que sometió el propio Departamento de Familia”, explicó.

Añadió que, “posteriormente, algunos legisladores del PNP y otros partidos mantuvieron secuestrada la aprobación de la legislación buscando eliminar la política pública de no discrimen de la legislación. De otra parte, el gobernador de Puerto Rico no hizo una sola gestión para que sus legisladores entendieran la importancia de esta legislación y dejarán la actitud de dilatar los procesos”.