El gobernador Pedro Pierluisi adelantó este lunes que no acatará la directriz de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de no implanter la Reforma Laboral y, por ende, está dispuesto a enfrentarse en los tribunales al ente federal.

“Ya suplimos toda la información requerida, tanto bajo la Ley Promesa como bajo la propia Junta. Nuestra intención es que sí, que se implanten estas enmiendas a la Reforma Laboral y sobre la marcha veremos si el impacto es positivo o negativo. Yo anticipo que va a ser positivo”, dijo el primer ejecutivo a preguntas de los periodistas al concluir una conferencia de prensa en La Fortaleza.

La JSF informó al gobierno de Puerto Rico que tiene hasta el 4 de agosto para suspender la puesta en vigor de la Ley 41-2022, conocida como la Reforma Laboral. El presidente del ente federal, David Skeel, mediante una carta, advierte al gobierno que de no cumplirse con su directriz, acudirán a los tribunales.

“Y nosotros le hemos dicho que pueden hacerlo si así lo estiman. Pero entendemos que lo prudente y lo razonable es implantar las enmiendas y ver el comportamiento de nuestra economía. Nuestra economía está sólida y lo que queremos es que siga aumentando la participación laboral, que sigamos viendo un mayor número de empleos y sobre la marcha siempre la Legislatura puede retormar el tema”, afirmó Pierluisi.

“Pero ahora poner esta ley en pausa, a mí no me hace sentido porque no tenemos evidencia de impacto negativo para una ley como esta. No existe estudio económico que corrobore que este tipo de cambio, por ejemplo, el proveerle un tiempo razonable a la clase trabajadora, va a ser negativo para nuestra economía. Yo discrepo”, agregó.

A preguntas de este medio de si los poderes amplios de la Ley Promesa podrían dar pie a la anulación de la Ley 41-2022, el gobernador opinó que es difícil que eso suceda.

“Van a tener gran dificultad convenciendo al tribunal de que tienen la razón. Básicamente la Junta se escuda de que el gobierno es el que tiene que probar que el impacto es positivo. El gobierno, si fuera necesario, va a hacer los argumentos ante el tribunal. Vamos a dar la data, por ejemplo, lo que está pasando en nuestra economía que ahora mismo todos los indicadores son positivos, pero hay una falta de empleomanía y esta es una manera de aumentarla”, respondió.

En la misiva, la JSF argumenta que la Ley 41-2022 es contraria a la ley Promesa y que el gobierno no ha provisto datos específicos que sustenten que, en efecto, el nuevo estatuto generará empleos e impulsará la economía.

“Discrepamos. No violenta Promesa en lo más mínimo. El plan fiscal y Promesa lo que buscan es que se estabilicen las finanzas del gobierno de Puerto Rico y en la medida posible que tengamos un crecimiento sostenible”, afirmó.

Acto seguido, dijo que la isla lleva un crecimiento sostenible en su economía “no visto hace muchos años”.

“Lo están indicando las entidades como la Reserva Federal de Nueva York”, apuntó Pierluisi.

“Sí sabemos que tenemos un reto que es atraer más trabajadores a sectores importantes como el turismo y la construcción, entre otros. Y entendemos que mejorar la oferta de empleo, mejorar los beneficios marginales de la clase trabajadora es positivo a esos efectos porque hay que entender que la paga o la compensación de cualquier trabajador consiste no solo de su salario sino también de sus beneficios marginales. hay que mirarlo así”, explicó.

Recalcó, contrario a lo que expuso la JSF, que el gobierno entregó documentos, que no precisó, para probar que el nuevo estatuto propendía a la creación de más empleos. Indicó que es el ente federal el que no ha presentado argumentos para sustentar su postura.

“No puede demostrar, de forma alguna, que esto va a tener un impacto negative. Mi juicio y el de la Asamblea Legislativa, es que esto va a propender a mayor desarrollo económico, pero para poder estudiar su impacto habría que esperar a ver cuál es el comportamiento de nuestra economía en el futuro cercano”, dijo.