El gobernador Pedro Pierluisi reaccionó complacido a la determinación del Tribunal de Apelaciones de desestimar la demanda con la que el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) buscaban llegar a las elecciones del 2024 con candidaturas coaligadas, al tiempo que dijo que habrá que ver si el asunto escala al Tribunal Supremo.

Hoy, el Tribunal de Apelaciones informó mediante comunicación escrita que la prohibición a las candidaturas coaligadas en el Código Electoral no viola derechos de los dos grupos políticos. Lo que defienden los portavoces del MVC y el PIP es que más de un partido postulen al mismo candidato para un puesto. Esta dinámica se dio en el pasado, pero fue eliminada en el 2011.

“Veremos si entonces surge una apelación al (Tribunal) Supremo. Yo, personalmente, sin tener todo el detalle del caso (determinación emitida hoy por el Tribunal de Apelaciones), he expresado que no estoy de acuerdo con el concepto, porque pienso, usando mi sentido común, que cualquier candidato o candidata que aparezca dos veces en una misma papeleta -dos fotografías en una misma papeleta- tiene una ventaja indebida sobre los demás”, reaccionó el primer ejecutivo a pocos minutos de que el Tribunal de Apelaciones divulgara la sentencia.

Pierluisi acotó que su postura no es en contra de que candidatos de diversas colectividades aúnen esfuerzos para un cambio y que en un partido se tome la decisión de no postular un candidato a la gobernación.

“Pues, si un partido quiere hacer eso, está en su derecho. Eso ocurre a nivel de alcaldía de cuando en cuando. Pero, por otro lado, que haya doble exposición, eso es lo que me choca y siempre he dicho que no estoy a favor de eso”, puntualizó.

“Mediante sentencia dictada en el día de hoy, una Mayoría del Panel II del Tribunal de Apelaciones, integrado por su presidente, Abelardo Bermúdez Torres y la jueza Giselle Romero García, con el voto disidente del juez José Johel Monge Gómez, resolvieron, primero, que incidió el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la Demanda presentada por el MVC y el PIP, fundado en que la controversia no era justiciable conforme a la doctrina de cuestión política”, reza el comunicado enviado por el tribunal.

La mayoría del Panel de jueces rechazó la contención de los demandantes de que las disposiciones electorales impugnadas crean una clasificación sospecha por razón de ideas políticas, en contravención a la garantía constitucional de igualdad ante la ley. Explicaron que, las disposiciones concernidas, están redactadas de forma neutral y general, sin discriminar contra ninguna persona o agrupación política.

“En conclusión, encontraron que, el Gobierno logró superar la carga de demostrar la validez de las regulaciones dispuestas en los artículos 6.1 y 7.9 del Código Electoral de 2020, mientras que los demandantes, MVC y el PIP, fallaron en superar la pesada carga probatoria impuesta a todo demandante, que, como ellos, impugnan la constitucionalidad de una ley de su faz y no en su aplicación. En su dictamen, decretaron la validez de los artículos 6.1 y 7.9 del Código Electoral de 2022, por no violentar, inconstitucionalmente, los derechos fundamentales de los demandantes”, concluye el comunicado.

No hará más designaciones para la CEE

De otra parte, el gobernador expresó que no ve posibilidades de que recurra a hacer más designaciones para la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), esto luego del tranque evidente que hay para llenar la vacante.

Ayer, en la Cámara de Representantes, fue derrotada Cyndia Enid Irizarry Casiano, a media hora de haber sido nominada a la posición. Precisamente, ayer, Pierluisi había retirado el nombramiento del juez Jorge Rafael Rivera Rueda al puesto.

“No me veo inclinado a estar haciendo más designaciones para que ocurra algo como lo que ocurrió ayer. Así que, mientras, yo lo que quiero es que la Comisión haga su trabajo. Y repito, la presidenta actual (Jessika Padilla) que está ejerciendo esa función porque le corresponde como presidenta alterna, está haciendo una labor encomiable”, manifestó Pierluisi.

Bajo la ley electoral vigente, la confirmación de un presidente o presidente alterno de la CEE requiere –de no haber consenso entre los comisionados electorales– el favor de dos terceras partes de los miembros de ambos cuerpos legislativos.

La designación de Irizarry Casiano -quien, según la página del Poder Judicial, se desempeña como jueza municipal en Arecibo- obtuvo nueve votos a favor, 17 en contra y una abstención.

Según publicó El Nuevo Día, el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, intentó, sin éxito, impugnar la votación, al alegar que no se siguió el orden estipulado en el reglamento de dicho cuerpo legislativo. Sostuvo que, en la sesión, procedía notificar oficialmente la designación de Irizarry Casiano.

“Obviamente, no voy a entrar ahora en controversia con usted porque ustedes son la mayoría y han actuado ya. Pero, sencillamente, señalamos que se debió haber hecho, procesalmente, como manda el reglamento de la Cámara de Representantes”, señaló Méndez.

Por su parte, el presidente cameral Rafael “Tatito” Hernández, derrotó el planteamiento de Méndez e hizo un llamado al gobernador a buscar el consejo y consentimiento de la Cámara en una futura designación.

“Exhorto al gobernador a que, la próxima vez, dialogue con nosotros. Nosotros sí tenemos deseos, como hemos hecho siempre, de adelantar las causas de Puerto Rico cuando nos sentamos a la mesa”, dijo Hernández.