El gobernador Pedro Pierluisi dijo hoy que “no le he dado pensamiento” a quién podría sustituir a la delegada congresional Elizabeth Torres, de proceder su destitución al cargo y surgir una vacante.

“No le he dado pensamiento al asunto. Hoy tenemos cinco de seis delegados o delegadas haciendo el trabajo. Esa fue una posición que conllevó una elección, así que realmente no le he dado pensamiento al asunto. El tiempo está pasando… para mí lo importante es que se haga el trabajo. Y lo que estoy viendo es que cinco de seis lo han estado haciendo”, señaló el primer mandatario.

De acuerdo a la “Ley para Crear la Delegación Congresional de Puerto Rico” (Ley 167- 2020) , los seis delegados electos para cabildear por la estadidad cesan en su puesto en diciembre de 2024, sin que se permita una nueva elección para ese cargo.

En una decisión que trasncedió la semana pasada, pero con fecha del 14 de abril, el Tribunal Supremo de Puerto Rico rechazó reconsiderar su decisión que valida que el proceso que busca la destitución de Torres como delegada electa para cabildear por la estadidad sea considerado en su fondo por la corte de primera instancia.

En el 2022 el Tribunal de Apelaciones revocó al juez Anthony Cuevas, quien en primera instancia había determinado que la demanda presentada por el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, para destituir a Torres era un asunto político que no debía estar ante el tribunal.

La ley que creó el puesto de delegado le permite al Secretario de Justicia acudir al Tribunal de Primera Instancia para solicitar la destitución de uno de esos funcionarios que no esté cumpliendo con sus tareas que incluyen reclamar al Congreso la estadidad para Puerto Rico, rendir informes cada 90 días al gobernador sobre sus gestiones y trabajar a tiempo completo.

“Tengo entendido que es probable que Justicia esté sometiendo una moción de sentencia sumaria para tratar de resolver el caso rápidamente, sin necesidad de tener que estar pasando pruebas presentando evidencia ante el tribunal. Veremos, otra vez, cuál es la decisión del tribunal”, anticipó el primer ejecutivo.

Abordado sobre la posibilidad de enmendar la Ley 167- 2020 ante señalamientos -durante el proceso judicial- de que el estatuto es vago a la hora de establecer el proceso para una destitución, Pierluisi señaló que en la Asamblea Legislativa no hay ambiente para trabajar el asunto.

“Es obvio que, en la Legislatura, particularmente en la mayoría legislativa, no hay ambiente ni apoyo alguno para (enmendar) esa legislación. Esa legislación se aprobó durante la pasada administración cuando la Legislatura era controlada por la delegación del Partido Nuevo Progresista. Eso no se está ni considerando, el promover algún tipo de legislación en este momento. Nuevamente, ese caso llegará a su final. Justicia tomó cartas en el asunto porque entendió que no se estaba llevando a cabo la labor requerida en ley y que se están gastando fondos públicos sin que se cumpla lo que la ley dispone”, expuso.

El segundo rechazo del Tribunal Supremo de Puerto Rico a una reconsideración del caso, agota los recursos de la defensa de Torres, el abogado Michael Corona, ante el máximo foro judicial de Puerto Rico, por lo que el caso deberá verse en su fondo ante el Tribunal de Primera Instancia.