El gobernador Pedro Pierluisi sostuvo este lunes que, a su entender, LUMA Energy, la empresa a cargo de los componentes de transmisión y distribución del sistema eléctrico de Puerto Rico, recibe ya suficientes beneficios contributivos y no favorece que se le otorguen otros adicionales, tal como solicitaron recientemente al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

Según trascendió el fin de semana, LUMA solicitó unos beneficios contributivos bajo las disposiciones del Código de Incentivos, también conocido como la Ley 60 de 2019, que, entre otros impactos, le ofrecerían una exención a la empresa y sus contratistas de hasta un 75% sobre los impuestos y arbitrios municipales. Dicha petición, de acuerdo con el secretario del DDEC, Manuel Cidre, estaría en proceso de evaluación por agencias y municipios, según lo dispone la ley, pero no ha sido aprobada.

“Entiendo que LUMA ya tiene un trato contributivo preferencial bajo la Ley 29 de las Alianzas Público Privadas, y no veo la necesidad de darle cualquier otro tipo de incentivo contributivo. Pienso que con el trato que ya recibe bajo la Ley 29 es suficiente”, afirmó Pierluisi.

Aclaró que el proceso en torno a la petición de LUMA “está en manos del secretario (Cidre), porque hay un proceso cuando cualquiera solicita beneficios bajo la Ley 60″, y añadió que no tiene injerencia en ese trámite. No obstante, sostuvo que estaba “expresando mi sentir” en torno al tema.

“Al igual que se le pidió a los municipios que se expresen, y otras partes interesadas, mi sentir es que ya con el trato preferencial que recibe bajo la Ley 29 es suficiente”, reiteró.

Aunque no tiene participación en el proceso de evaluación y eventual aprobación o rechazo de la petición, pues se trata de “asuntos operacionales”, insistió en que “obviamente yo superviso todo el gobierno, y establezco la política pública en términos generales, y estoy expresando mi sentir, alto y claro”.

Entre los beneficios solicitados por LUMA que estarían bajo evaluación se mencionaron las disposiciones de la Ley 60 que otorgan una tasa preferencial de 4% sobre ingresos de energía verde (renovable) y exenciones de 75% sobre la propiedad mueble e inmueble, 50% en los pagos de patentes municipales establecidas por ordenanzas, y 75% por arbitrios de construcción.

La petición desató particular preocupación entre los municipios, pues de aprobarse estarían dejando de recibir una cantidad sustancial de ingresos por concepto de arbitrios, al tiempo que se llevan a cabo un sinnúmero de proyectos de reconstrucción y modernización de la red eléctrica a través de toda la Isla, con un presupuesto multimillonario, mayormente de fondos federales.