El gobernador Pedro Pierluisi vetó cinco medidas legislativas, entre ellas, el Proyecto del Senado 563, que buscaba establecer la Ley de Salario Mínimo de los Empleados Públicos para fijar en $10.50 la hora el salario mínimo de manera escalonada de los servidores públicos.

Pierluisi impartió un veto expreso a las cinco medidas, todas del Senado, el pasado jueves. Los vetos fueron informados en la sesión del Senado de hoy lunes.

En la justificación del veto al PS 563, Pierluisi indicó que la pieza de ley “resulta significativamente inconsistente”con el Plan Fiscal y el Presupuesto Certificado.

“Los objetivos de política pública perseguidos por estos no contemplan los gastos requeridos por la pieza legislativa y ésta no contempla ingresos o ahorros que permitan compensar los gastos inherentes a la implementación de los aumentos, según lo exige la Ley 52 de 2021″, reclamó Pierluisi.

Dijo que la medida “obvia“ la labor realizada por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) para atender los Planes de Clasificación y Retribución Uniforme del gobierno. Reclamó también que el Plan de Retribución Uniforme, “que se continúa trabajando atiende en gran medida el salario mínimo que propone la pieza legislativa y brindará justicia salarial a muchos empleados que están rezagados en su compensación”.

Igualmente, alegó que P el P. del S. 563 vislumbra aumentos que pasan por alto el Programa Piloto de la Reforma del Servicio Público contemplado en el Plan Fiscal Certificado de 2022. “Conforme al Plan Fiscal, se estableció un Plan Piloto en la Oficina de Gerencia y Presupuesto y en el Departamento de Hacienda, que contempla la compensación de los empleados públicos y un estudio comprehensivo y abarcador de los funcionarios públicos. Este Plan Piloto está en conformidad con el Plan de Retribución Uniforme, por lo que su implementación se considera como la primera fase de dicho instrumento”, sostuvo.

Otra de las medidas vetadas lo fue el Proyecto del Senado 562 que buscaba crear una mesa de diálogo permanente para erradicar la pobreza y la Resolución Conjunta del Senado 52, que pedía al Secretario de la Vivienda, William Rodríguez, la reasignación de fondos federales para incentivar la compra de equipo de energía renovable.

Igualmente, el Gobernador vetó la RCS 102 que ordenaba a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados inspeccionar el Tanque El Mangó, localizado en el kilómetro 23.5 de la Carretera PR-15 en Cayey para determinar su integridad estructural; ordenar su lavado, desinfección y reactivación. La medida también buscaba facultar a la AAA para firmar acuerdos o convenios con los municipios de Cayey y Salinas, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico, y la Autoridad de Tierras para que los costos y tareas asociadas a la obra sean compartidos y reducidos al mínimo posible.

Fue vetada también la RCS 157 que ordenaba a la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO) a establecer un plan de pago ajustado a los ingresos de los arrendatarios y proveer alternativas de arrendamiento prospectivo que permitan la continuidad de las operaciones de la Cooperativa Industrial Creación de la Montaña, en el Municipio de Utuado.