El gobernador Pedro R. Pierluisi instó en la tarde de hoy, martes, al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a que incluya una medida en su próximo paquete legislativo que “haga justicia social” e incluya a los residentes de Puerto Rico al programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).

En una carta dirigida al líder estadounidense, Pierluisi hizo el llamado tras la determinación que emitió el Tribunal Supremo de Estados Unidos avalara que no era inconstitucional el que los ciudadanos estadounidenses que residan en la Isla fuesen excluidos por el Congreso federal de recibir la ayuda económica.

En su misiva, el gobernador también abogó por la condonación de la deuda del ciudadano José Luis Vaello Madero, quien la Administración del Seguro Social le exigió que devolviera unos $28,081 que recibió desde desde 2013 hasta 2017, luego que la agencia federal se enterara el oriundo de Nueva York seguía recibiendo el beneficio cuando se mudó a la Isla.

“El impacto de esta discriminación es severo. Los beneficiarios de SSI reciben un beneficio promedio de $574 por mes, mientras que los beneficios disponibles para los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico solo promedian $82 por mes. La diferencia entre los ciudadanos americanos que necesitan el apoyo del programa SSI, pero viven en Puerto Rico y los beneficiarios de SSI en los estados y Washington, DC es simplemente geográfico”, detalla la carta.

Pierluisi también enfatizó que, aunque el presidente Biden ha expresado su apoyo a la participación de los ciudadanos americanos de Puerto Rico en el SSI, aún queda mucho trabajo por hacer en los Estados Unidos para desarrollar una democracia plena que trate a todos sus ciudadanos igual bajo la ley.

Según el mandatario, mediante la Ley “Build Back Better” modificada, se podría presentar legislación para asegurar los beneficios del SSI a los ciudadanos americanos que viven en la Isla, lo que representaría un paso adelante para brindar la asistencia que tanto necesitan los puertorriqueños con discapacidades, aunque todavía queda un camino por recorrer con respecto a Medicaid y Medicare, así como otros programas.

“Los puertorriqueños continúan siendo discriminados y la decisión del Tribunal Supremo en el caso Vaello Madero solo reafirma la necesidad de avanzar hacia la estadidad. Puerto Rico no puede seguir luchando por igualdad para cada uno de los programas, especialmente cuando más de 400,000 ciudadanos americanos de la tercera edad o discapacitados de bajos ingresos están en extrema necesidad de asistencia”, dijo la Directora Ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés), Carmen M. Feliciano.