El gobernador Pedro Pierluisi aseguró este lunes que se va tras las pistas de cualquier irregularidad gubernamental que pudiera rodear el feminicidio de Jackeline Santiago Rodríguez, la mujer de 39 años que fue asesinada por su pareja justo en el momento en que llegaba al cuartel municipal de Morovis a buscar auxilio que la protegieran de su agresor.

A preguntas de la prensa el primer ejecutivo dijo que, aunque la pesquisa está en su etapa preliminar, por lo que ha trascendido fue muy poco lo que pudo hacer el policía que estaba en las instalaciones del cuartel municipal, pues los hechos ocurrieron muy rápido.

“Ese incidente en particular, por lo que he visto en los medios, ocurre prácticamente instantáneamente. O sea, el retén en el cuartel municipal inmediatamente respondió. Lo que pasa es que fue algo totalmente imprevisto. Todo está bajo investigación. La persona, obviamente, el que comete los hechos está ahora bajo tratamiento médico, pero como ya se informó, en su momento será trasladado y se procesará. Claro, la investigación está en curso y hay que evaluar toda esta situación”, determinó Pierluisi.

Datos del Negociado de la Policía señalan que Santiago Rodríguez llegó a eso de las 5:30 de la tarde del sábado al cuartel a buscar ayuda y acto seguido entró su pareja Luis Cruz Santiago y le disparó en varias ocasiones ocasionándole la muerte en el acto. En ese momento, el retén de turno -identificado como Obed Morales Maldonado- le disparó a su vez al agresor en tres ocasiones, provocando heridas que mantienen al sospechoso recluido en el Centro Médico, en Río Piedras. La pareja tenía un año y medio de relación. Se espera a que el hombre sea dado de alta para proceder con la radicación de cargos criminales.

Trascendió que Cruz Santiago había sido enviado a un programa de desvío, precisamente, por violencia doméstica con otra pareja que también acudió al mismo cuartel donde ocurrió el crimen a querellarse de una amenaza con un cuchillo. Estos hechos ocurrieron en el 2020, pero la víctima no se presentó a la vista preliminar y los cargos no prosperaron.

En el 2022 la misma víctima radicó una querella por restricción a la libertad y tras declararse culpable fue enviado a un programa de desvío hasta el 26 de octubre, fecha en la que también vence la orden de protección. En este caso el beneficio se le revoca por incumplimiento con las instrucciones del tribunal y se cita nuevamente para dictarle lasentenciaEl gobernador fue abordado sobre estas circunstancias y las denuncias que han hecho grupos feministas afirmando que los programas de desvío de violencia doméstica tienen fallas sistémicas que hay que corregir en aras de proteger a las víctimas.

“El por qué ocurrió (se está investigando) y si se detecta cualquier falla en el sistema, se va a atender porque ese es nuestro compromiso”, acotó Pierluisi.

Agregó que toda violencia, incluyendo contra la mujer, es repudiable y es impactante.

“Y cuando hay pérdida de vida, más todavía. Por eso, estamos en proceso de implantar un nuevo plan integral para la reconstrucción social y prevención de la violencia que atiende este tema desde todos los puntos de vista. No solo lo que hace la policía, la justicia, tribunales, sino también lo que aporta el Departamento de Familia, el Departamento de Salud, el Departamento de Educación, entre otros. Y por otro lado, también en el plan hay participación de entidades sin fines de lucro, entidades de base de fe, la empresa privada, el sector de las comunicaciones y la academia”, agregó el gobernador.

Sostuvo que su administración ha invocado una serie de iniciativas desde el Comité PARE, que han permitido que se le dan más recursos a las entidades que atienden la violencia contra la mujer

“Además, tenemos cada vez más protocolos y tenemos el currículo de equidad y respeto en las escuelas, entre otras cosas”, señaló Pierluisi.