En la pugna sobre quién erró en el manejo del caso judicial contra el perpetrador de la segunda masacre del año, Wilfredo Hiram Santiago Figueroa, el gobernador Pedro Pierluisi enfiló este martes sus cañones contra los jueces Ginny Vélez Carrera y Rubén Serrano Santiago, quienes tuvieron a cargo la vista judicial.

A su juicio, se erró al fijarle una fianza de $5,000 a Santiago Figueroa, cuando su expareja testificó sobre los incidentes de violencia de género que este había protagonizado, así como que no se le impuso supervisión electrónica cuando alegó que es obligatorio en casos de violencia de género y un informe de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio lo recomendaba.

“La responsabilidad es del juez. El fiscal procesa el caso. Ahí no hay discreción (de imponer la supervisión electrónica). No es cuestión ni de pedirlo, es que tenía, básicamente, revisar ese informe de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio e incluir el grillete electrónico en su decisión”, puntualizó tras participar de la graduación de 15 nuevos peritos del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

El comentario lo lanzó tras salir a relucir los audios de las vistas judiciales que enfrentó Santiago Figueroa en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce el pasado 10 y 24 de enero, previo a matar a su expareja Linnette Morales Vázquez, de 30 años; a su exsuegra, Lissette Vázquez Vélez, de 51, y a su excuñado, Luis Miguel Morales Vázquez, de 28, en la noche del 24 de enero en Yauco. Santiago Figueroa se suicidó en la residencia de su hermano tras cometer la masacre.

La polémica que generó el caso fue que el hombre, pese a haber sido reincidente en un caso de violencia de género y que cumplió ocho años de cárcel, no se le impuso un grillete electrónico.

Pierluisi, quien dijo que no estaba para defender ni a los fiscales del Departamento de Justicia ni a ninguna otra parte, fue claro en adjudicar responsabilidad a los jueces por no imponer restricciones a quien mató a la familia del secretario auxiliar de la Gobernación, Ángel Morales.

“Es responsabilidad del juez revisar ese informe. Y si no lo hizo, o lo hizo e hizo caso omiso de esa reincidencia, pues ahí falló. Eso es lo que yo puedo decir… Aquí esto era obvio, que había que imponer una fianza mayor, y número dos, ordenar ese grillete electrónico. Eso era obvio”, dijo a la prensa.

No obstante, el gobernador llamó a todas las partes involucradas a la autorreflexión.

“Esto es un proceso fluido. Todas las ramas del gobierno de Puerto Rico están llamadas a examinarse internamente y a buscar la manera de mejorar la forma en que respondemos a esta problemática social. Todas las ramas del gobierno. Incluye las tres ramas. Tribunales, la rama ejecutiva que yo presido, o sea que yo dirijo, que ahí está policía, ahí está Justicia, entre otras, e incluye la rama legislativa, que puede en cualquier momento aprobar legislación sobre el tema. Entonces, por otro lado, la sociedad en general también tiene que poner de su parte, porque en ocasiones sabemos que hay indicios de que una mujer está siendo maltratada o acechada, y cualquiera puede notificar a las autoridades de ley. Ese es un llamado que yo siempre estoy haciendo. Ni hablar de la cultura de violencia que podemos tener, violencia machista, que es una cuestión que tenemos que combatir desde diferentes puntos de vista. No solo es el punto de vista punitivo, sino también el preventivo. Así que estos son temas complejos”, manifestó Pierluisi.

A preguntas de la prensa, el gobernador mostró malestar en dos instancias. La primera fue cuando se le cuestionó si su discurso representaba una exoneración a la Fiscalía de Ponce, pese a que no reclamó una fianza mayor o exigió el grillete durante las vistas judiciales del 10 y 24 de enero. La medida de acción no se tomó hasta la tarde del 24 de enero, cuando a las 4:55 p.m. el ministerio público presentó una moción en la cual solicitó la imposición de supervisión electrónica. Previo a que fuese atendida, a eso de las 9:30 p.m., Santiago Figueroa mató a la familia.

“Yo no voy a estar juzgando, ya yo dije y lo voy a repetir. En un caso como este, en todo caso de violencia doméstica donde ha habido un fallo de la justicia, todas las ramas tienen que hacer una reflexión, una autorreflexión. La rama judicial, por supuesto (hizo énfasis)... Y ya hemos visto que se ha expresado, por ejemplo, el administrador de los Tribunales, (Sigfrido Steidel), muy certero en este asunto. Por otro lado, el Departamento de Justicia, pues seguro, debe escuchar esas grabaciones y si tiene que tomar cualquier medida, tomarla. Y siempre hay espacio para mejorar. Pero eso es lo que voy a decir”, respondió.

Tras su comentario, el mandatario prosiguió en su acusación contra los jueces.

“Cinco mil pesos de fianza para un asunto como este, cuando la propia víctima estaba declarando y diciendo lo que había pasado aquí, cinco mil pesos de fianza cuando hay un informe que dice que es un reincidente, que ha hecho unas barbaridades, quemó un vehículo de motor y una serie de cosas, para mí, llora ante los ojos de Dios”, afirmó.

La segunda instancia que mostró malestar fue cuando Primera Hora le cuestionó sobre el impacto del desembolso millonario que se ha incurrido bajo su orden ejecutiva para establecer una emergencia por violencia de género, cuando se ven fallos en el sistema como los ocurridos bajo este ejemplo.

Aunque Pierluisi aceptó que “siempre hay espacio para mejorar”, alegó que han acumulado una “impresionante” cantidad de logros. De inmediato, ordenó a que se suministrara la lista, que entre otras cosas incluye que un fiscal siempre debe estar presente en las vistas judiciales de casos de violencia de género, reclutar 50 fiscales adicionales para las unidades especializadas de violencia doméstica, así como adiestramiento para unos 326 fiscales.

De paso, Pierluisi informó que el Departamento de Educación está en vías de implementar el currículo para fomentar equidad y respeto, en un intento de disminuir la violencia, así como aludió a que el Departamento de Corrección y Rehabilitación ha mejorado en su oferta de rehabilitación a los reclusos, sobre todo en la oferta educativa.

Asimismo, el mandatario alegó que en su administración ha impuesto medidas rigurosas para evaluar las renominaciones o los nuevos nombramientos de jueces.

“Se hace un gran esfuerzo para escoger gente capacitada, gente buena, gente íntegra, para incorporarse a la rama judicial”, precisó, al dejar claro que “la inmensa mayoría de los jueces cumplen su labor, cumplen su misión”.

Por otro lado, en momentos en que esta pugna sobre la efectividad del sistema judicial en casos de violencia de género acaparaba la atención pública, en Yauco se realizaban los actos fúnebres de la familia Morales Vázquez, cuyos restos serían cremados.