Pierluisi hace declaración de emergencia por erosión costera
A través de la Orden Ejecutiva 2023-009.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 1 año.
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El gobernador Pedro Pierluisi emitió hoy, martes, una declaración de emergencia por los efectos de la erosión costera en Puerto Rico.
La declaración, efectiva a través de la Orden Ejecutiva 2023-009, ordenó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a ejecutar un plan de acción puntual para atender el problema con el apoyo de agencias estatales y federales.
“Lo que estamos es actuando y destinando fondos donde pusimos la palabra”, aseguró el Primer Ejecutivo en conferencia de prensa.
Para esto, se asignó $5 millones de los saldos disponibles del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés), mientras que el Departamento de la Vivienda asignará $100 millones del Programa de Mitigación en la Infraestructura del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario-Mitigación (CDBG-MIT).
Puerto Rico tiene unos 1,121 kilómetros de línea costera, lo cual incluye playas, acantilados y rocas, vegetación, costa aluvial y antropogénica, de la cual 37% son playas que recorren 44 municipios. De esta línea costera, unos 99 kilómetros migraron tierra adentro en los pasados años, reveló una investigación del Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico (CoRePi-PR) de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
A base del estudio, la Orden establece que los municipios más afectados por la erosión costera incluyen: Vieques, Cabo Rojo, Arecibo, Humacao, Isabela, Vega Baja, Fajardo, Luquillo, Loíza y Hatillo, mientras que en Luquillo, Loíza, Patillas, Humacao, Ponce, Dorado y Arecibo sufrieron de erosión costera severa. Los municipios con mayor migración de playa tierra adentro son: Vieques, Humacao, Hatillo, Mayagüez, Aguada, Arecibo, Camuy, Isabela, Vega Baja y Rincón.
Ahora, se pretende implementar medidas de prevención, mitigación, adaptación y resiliencia ante el aumento en el nivel del mar y la erosión costera, con prioridad con los municipios más afectados.
“La erosión costera no impacta nuestras costas de forma uniforme. Básicamente, estoy haciendo un aproximado, en la mitad de nuestra costa el mar se adentró. La otra mitad, pues, ganamos arena, espacio de costa. Por eso, esto no se puede atender de forma uniforme, tienes que ir identificado las áreas más impactadas y las vas atendiendo”, adelantó al agregar que los permisos, endosos, consultas o certificaciones relacionados a las medidas autorizadas y ordenadas se tramitarán de conformidad con las disposiciones de la Ley de Procedimiento para situaciones o Eventos de Emergencia, firmada en el año 2000, y que se le dará continuidad de los efectos de las emergencias en la infraestructura por los daños causados por los huracanes Irma, María y Fiona y los terremotos de 2020.
Según explicó el Gobernador, uno de los puntos principales de la Orden es que la DRNA recopilará un inventario de estructuras habitadas o ruinosas en toda la zona costera de la Isla, tanto habitadas o ruinosas, que aportan a la erosión para, así, demolerlas.
Por esto, el DRNA y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) tendrán que evaluar e implementar el deslinde de bienes de dominio público en la zona marítimo terrestre conforme a la reglamentación aplicable, la adquisición por cualquier vía legal, incluyendo expropiación forzosa, de ser necesario, de propiedades no habitadas o abandonadas en la zona costanera para la demolición y remoción de estructuras en ruina o abandonadas.
También se eliminarían escombros y estructuras duras que sean considerados estorbos públicos que ya no estén cumpliendo con su función de protección o mitigación de riesgo en la zona costanera, como dunas naturales o muros.
“Esta Orden Ejecutiva, en arroz y habichuelas, lo que hace es que básicamente pide que se levante un inventario de todas las estructuras habitadas o ruinosas en toda la zona costera de Puerto Rico. Lo que dice la Orden es que, obviamente dentro de los recursos disponibles, debemos proceder a demoler las estructuras ruinosas que tenemos en la costa, sacarlas del medio, limpiar el área. Eso, de por sí, es de gran beneficio para el pueblo de Puerto Rico, porque entre otras cosas mejora el entorno, le da acceso al pueblo, al área costera y, otra vez, remueve un estorbo del medio”, detalló al mencionar que también se encaminaría también el recogido y manejo del sargazo, la realimentación de playas con arena compatible con cada litoral costero, la restauración de arrecifes de coral, el desarrollo de arrecifes artificiales, entre otros.
Esta encomienda al DRNA no se traducirá a que se desalojarán comunidades costeras enteras, máxime aquellas donde residen personas de bajos recursos y en estructuras heredades y sin títulos de propiedad, especificó Anaís Rodríguez Vega, secretaria del DRNA, a preguntas de Primera Hora. Por lo contrario, la Orden se enfocaría prioritariamente en propiedades abandonadas y desalojadas.
Más, los funcionarios explicaron a este diario que sí se intentará convencer a personas que viven en áreas cercanas a la costa e inundables a reubicarse, pero si no hay peligro inminente para la vida, sobre todo a menores o personas con discapacidades, la decisión de reubicarse o mantenerse en el lugar recaerá en la persona, pese a la peligrosidad del área. Y es que unas 50,000 personas viven cerca de zonas susceptibles a marejadas ciclónicas, según el informe “Los Cambios Costeros en Puerto Rico-explorando la línea de costa de Puerto Rico desde 1901 hasta 2018″, publicada en el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Por su parte, el secretario de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, confió en los programas del CDBG-MIT que sí pueden ayudar a relocalizar a estas personas, de así desearlo.
“A menos que haya menores o personas con discapacidades que básicamente obliga al Estado a actuar para reubicarlos hay libertades en Puerto Rico y la gente escoge donde vive si ese es su hogar. No es que puedes reubicarlos así porque sí. No es real. Claro, cuando hay menores envueltos, personas con discapacidades, vidas en peligro, las autoridades si toma medidas para reubicar. Esto es un problema que tenemos. Vamos a admitirlo. Es un problema social. En Puerto Rico tenemos muchísimas viviendas informales que se construyeron sin permisos”, confesó Pierluisi a este medio.
Por otro lado, el DRNA, a través de la Oficina del Programa de Manejo de la Zona Costanera y Cambios Climáticos, debe desarrollar acuerdos colaborativos entre las agencias, entidades federales, municipios, entes privados, organizaciones sin fines de lucro, grupos científicos y comunitarios, entre otros, para atender la erosión costera.
De igual forma, tendrá que actualizar su plan de manejo de zona costanera para atemperarlo a los efectos asociados al cambio climático acorde al marco legal estatal y federal aplicable y, asimismo, desarrollar un nuevo protocolo para el manejo de la erosión costera basado en los datos e información científica sobre cambios costeros.
Con los fines de mitigar la deforestación, el DRNA continuará sembrando árboles para reemplazar aquellos destruidos por los fenómenos atmosféricos recientes, lo que fomentarían acuerdos colaborativos entre agencias, municipios y entidades privadas y sin fines de lucro. Es por esto que la agencia continuará la colaboración, cooperación y coordinación con el Puerto Rico Coastal Study del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, en inglés) en el municipio de Rincón y otras zonas de la Isla.
Además, se creó el Comité de Acción para la Adaptación y Resiliencia ante la Erosión Costera adscrito al DRNA y que será integrado por la secretaria del DRNA, un representante del Comité de Cambio Climático y un representante de La Fortaleza.
“Esto es producto de un trabajo colaborativo. Consultamos con los miembros del comité, expertos en el área de cambio climático, el equipo, el Departamento de Recursos Naturales para poder emitir esta Orden Ejecutiva”, dijo Pierluisi al asegurar que no intervendrá con el Plan de Uso de Terrenos de los municipios.
Aunque la Orden no establece una línea de tiempo en la que el DRNA deberá cumplir estas obligaciones, Pierluisi recalcó que es algo que se tiene “que trabajar con urgencia”.