El gobernador Pedro Pierluisi aseguró hoy que está “convencido” que el Plan de Ajuste de la Deuda va a funcionar y sacar a Puerto Rico del abismo fiscal en que se encuentra, y por eso no dudó en firmar la ley habilitadora que aprobó anoche la Legislatura, para facilitar la emisión de bonos necesaria para la aprobación del plan de ajuste de la deuda.

“Yo hace tiempo que tomé la decisión de que este es un plan de ajuste sostenible, que definitivamente el gobierno de Puerto Rico va a poder cumplir con sus requerimientos de pago”, afirmó el gobernador. “Si yo tuviera dudas que este plan de ajuste es beneficioso para Puerto Rico, no le estaría dando curso”.

Agregó que parte de la razón por la que “estoy convencido, no tengo duda alguna, de que es sostenible, es que sé que el panorama ha cambiado desde el punto de vista de los fondos federales que el gobierno va a tener disponible en el futuro para el programa de la tarjeta de salud”.

Añadió que otro elemento para su convencimiento es que “la entidad que hace las proyecciones económicas para el Congreso de los Estados Unidos, y es la que la Junta (de Supervisión Fiscal, JSF) consulta o cita cuando prepara el Plan Fiscal, revisó las proyecciones y son más positivas y alentadoras que las que se utilizaron para calcular la cantidad de recaudos que debe estar teniendo el gobierno de Puerto Rico en años venideros”.

Pierluisi sostuvo que quienes objetan el plan de ajuste o se muestran pesimistas ante el mismo, “puede ser que no tienen toda la información necesaria cuando hacen sus expresiones”. En cambio, “yo tengo la ventaja de que tengo a la agencia fiscal, AAFAF, con todos sus consultores a mi disposición, que me informan antes de yo tomar decisiones”.

Restó importancia a proyecciones que auguran que para el año 2030 o 2035 el gobierno volvería a estar en quiebra, y reiteró que, “a base de toda la información que tengo, ese no va a ser el caso”. Agregó que tales proyecciones “más allá de 10, 15, 20 años son de por sí altamente especulativas”.

“Lo importante de aquí a esas fechas, mediados de los años 2030 o algo así, es que el gobierno se administre bien, que no volvamos a cometer los errores del pasado, que aprendamos la lección para no tener que enfrentar un proceso tan terrible como este proceso de quiebra que hemos enfrentado”, insistió el gobernador.

Afirmó que “la ley que firmé anoche es consistente con los acuerdos a los que llegaron los líderes legislativos durante el fin de semana”.

“La ley habla por sí sola. Es una ley que la legislatura aprueba y que yo firmo con el propósito principal de viabilizar, autorizar la emisión de los bonos reestructurados, conforme al plan de ajuste que le ha sometido la Junta al tribunal federal. Ese decir, el propósito principal de esta ley es que se pueda hacer la emisión de los bonos reestructurados. No nos confundamos, sin esta legislación, no se puede dar la reestructuración, a menos que la jueza (Laura Taylor Swain) fuera a ordenar otra cosa, pero realmente sería un camino escabroso. Es necesaria esta legislación. Y ya la logramos”, afirmó el gobernador.

Aclaró, sin embargo, que la ley “incluye unas disposiciones en cuanto a su vigencia y de igual manera incluye unos reclamos de la Asamblea Legislativa a la Junta de Supervisión”.

Indicó que entre esos reclamos se encuentra, como “componentes principales” que la Junta “enmiende el plan fiscal para que la Universidad de Puerto Rico (UPR) reciba en los próximos cinco años que cubre el Plan Fiscal, por lo menos $500 millones al año”.

Además, “utilizando una fórmula que está atada al 1.03% del IVU... está destinado al pago de deuda atribuible a municipios. Entonces, en la ley establece, les da un porcentaje, si mal no recuerdo como 40% o algo así de esos recaudos, pues la ley dice que la Junta permita otra vez que en el Plan Fiscal que los municipios lo utilicen, se distribuye entre los municipios de acuerdo al Plan de Equiparación que siempre ha existido, y que lo puedan utilizar para entre otras cosas de lo que estamos hablando ahora mismo, manejo de desperdicios sólidos, iniciativas de reciclaje y demás”.

Asimismo, “la legislación le reclama a la Junta que destine $1 millón para hacer un estudio en cuanto a la posibilidad de expandir la cubierta de la tarjeta (de salud) para que realmente cubra a todo el mundo, que sea universal la cubierta esa. Se estima que son como 200,000, quizás 250,000 personas que no tienen la tarjeta”.

Pierluisi agregó que “hay otros reclamos” de la Legislatura que se incluyen en la ley, “pero son realmente aspiracionales, en el sentido que la propia legislación dice que la Junta los debe llevar a cabo siempre y cuando sean consistentes con el Plan Fiscal que la Junta apruebe”.

El gobernador enfatizó en que “cuando hablé de vigencia, a lo que me refiero es que la legislación sí dice que la política pública es de cero recortes a las pensiones”.

“La legislación dice, sí, que no va a entrar en vigor a menos que la Junta elimine del plan de ajuste el recorte a las pensiones. Hacer referencia a eso, y supedita la vigencia a que se cumpla con eso”, insistió.

Pierluisi comentó que lo que espera ocurra ahora es que se lleve a cabo un proceso de mediación entre el gobierno y la JSF bajo la tutela de la jueza (Barbara) Houser, “para atender cualquier preocupación que tenga la Junta en cuanto al impacto de esta ley”.

“Yo lo que vislumbro que va a suceder es que se van a llegar a los acuerdos necesarios para que la Junta enmiende el plan de ajuste, y para que la juez (Swain) pueda tomar todas las decisiones relacionadas a su posible confirmación”, afirmó el gobernador. “Yo lo que espero es que esos acuerdos permitan que el caso continúe, que se enmiende el plan de ajuste para que no haya recortes a pensiones, y que la juez pueda decidir lo que tenga que decidir en cuanto a si confirma ese plan o no”.

Por otro lado, el gobernador consideró que la controversia en cuanto a la posible congelación de beneficios de pensiones a maestros y jueces, quedará para resolverse en manos de la jueza Swain ante las objeciones que han levantado grupos que serían afectados.