El gobernador Pedro Pierluisi consideró esta tarde que su administración ha trabajado en “total agilidad” para detener construcciones ilegales, tal como las estructuras sobre la cueva Las Golondrinas, en Aguadilla, donde ayer, domingo, una persona resultó herida de bala en una manifestación.

En mayo del 2022, la hoy secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega, ordenó el derribo de las estructuras. Sin embargo, no se ha visto progreso en esta demolición.

“¿No considera que ha sido muy laxa su administración en parar estas construcciones ilegales?”, cuestionó este medio.

“No, al revés. Total agilidad hemos visto de parte de Recursos Naturales y cumplimiento con los procesos”, respondió Pierluisi.

“Los procesos toman su tiempo, pero hay que cumplirlos. Esto no es así, algarete, y aquí lo importante es que ese asunto en particular se investigue a saciedad y, si alguien tiene que responder ante las autoridades, que responda”, agregó a Primera Hora.

Según explicó el primer ejecutivo, resta que el dueño de la propiedad, cuya empresa desarrolladora es Aguadilla Pier Corp, presente ante la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe) una declaración de la evaluación ambiental para que el municipio emita el permiso que dará paso a la demolición. Mientras, el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán Concepción, había acudido al tribunal para agilizar la demolición.

“El proceso se está dando sin interrupción. Todo lo que requiere la ley se está haciendo y, otra vez, ya Recursos Naturales cumplió su misión, porque ordenó esa demolición y OGPe también está haciendo lo propio”, comentó a los medios de comunicación tras culminar una conferencia en Bahía Urbana, en el Viejo San Juan.

Debido a la dilación en la demolición, y la presunta continuidad del proyecto, protestantes se han reunido en el área por varios días consecutivos para manifestarse en contra de las obras.

Precisamente ayer, uno de estos manifestantes, quien el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) identificó como Ángel Luis Torres Rosado, de 39 años y residente de Trujillo Alto, resultó con una herida de bala -con entrada y salida- en la pierna, mientras repudiaba la construcción. Torres Rosado fue transportado en lancha hacia un hospital del área y estaba en condición estable.

“Está bajo investigación. Yo he conversado sobre el asunto con el secretario de Seguridad Pública (Alexis Torres) y está bajo investigación”, se limitó a comentar Pierluisi.

De acuerdo a los vídeos publicados en las redes sociales, en el lugar se registraron varios disparos aparentemente por parte de guardias privados hacia manifestantes. El guardia de seguridad que se alega le disparó al manifestante, identificado como César Toledo Montilla, fue desarmado ocupándole la pistola calibre 9 milímetros con 19 balas y un cargador. Además, entregó una Colt calibre .45 con un cargador y 9 balas, para las cuales también poseía licencia de portación.

Toledo Montilla fue citado al tribunal el próximo 9 de febrero.

Los manifestantes también indicaron que observaron a los miembros de la compañía de seguridad SJA Security Police Inc. apuntándoles con armas y se les roció el rostro con gas pimienta.

Mientras, las autoridades investigan las alegaciones de guardias privados quienes adujeron que los manifestantes le lanzaron piedras, hiriéndoles los rostros y otras partes del cuerpo.

Durante la manifestación, además, fueron detenidos por obstrucción a la justicia: Johana Santiago Santiago, de 49 años y residente de Río Grande; Dennis Otero Hernández, de 50 años y residente de San Juan; María Feliciano Rodríguez, de 23 años de Mayagüez; Yamize Elías Rosa, de 52 años y residente de Luquillo; José Soto Badillo, de 48 años y residente de Aguada y Melanie Villalobos Rivera, de 43 años residente de Ciales. A esta última se le ocupó sustancias controladas, se informó.

A pocas horas de la detención, todos fueron puestos en libertad hasta el 9 febrero, cuando también deberán comparecer a las 8:30 a.m. al tribunal para la posible radicación de cargos.