El gobernador Pedro Pierluisi indicó este martes que no cree que la Legislatura pueda ir por encima del veto que impartió a la medida que buscaba fijar un salario mínimo a los empleados públicos.

A modo de justificación, expuso durante una conferencia de prensa que realizó en Naguabo que “la manera en que estamos mejorando la compensación a los servidores públicos es revisando las escalas salariales, o sea, teniendo un nuevo plan de retribución. Esa es la manera de aumentar la compensación de los servidores públicos. No es a base de una ley, estableciendo un salario mínimo”.

Enfatizó en que no se debe limitar un salario mínimo a los empleados públicos, sino mejorarles la paga a todos por igual a través de una revisión de las escalas salariales. De hecho, expuso que su propuesta ya fue avalada por le Junta de Supervisión Fiscal y que la misma será realidad en enero próximo.

Por otro lado, Pierluisi comentó que recientemente firmó una ley para combatir la corrupción pública.

Según explicó el mandatario, su interés es lograr rescatar los fondos malversados para ponerlos en función del pueblo de Puerto Rico.

“Exige que se incluya la restitución cuando hay cualquier convicción por corrupción por mala utilización de fondos públicos. Y yo lo veo con muy buenos ojos. O sea, que no solamente haya, por ejemplo, pena de cárcel, sino también que restituyan los fondos malversados”, detalló.

Más allá de esta regulación, Pierluisi presentó este martes un paquete de proyectos legislativos en los que impulsó una medida para que la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) pueda investigar posibles casos de corrupción cometidos por legisladores municipales, el Procurador del Ciudadano (Ombudsman), el presidente o la presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y rectores, así como cualquier otro funcionario que por la naturaleza de sus funciones pueda ser equiparado a un jefe o subjefe de agencia.

No obstante, su poderío para investigar a dichos funcionarios solo se extendería hasta cuatro años siguientes a la fecha en la que el individuo cesó en su cargo.

“La corrupción es un mal que continúa afectando a nuestra sociedad y socavando la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones. Mi gobierno está comprometido con seguir aumentando las iniciativas dirigidas a acabar con este mal social. Tenemos cero tolerancia contra la corrupción y estamos trabajando unidos el gobierno estatal y federal para asegurar que no haya impunidad contra quienes cometan actos ilícitos”, sostuvo el gobernador Pierluisi en declaraciones escritas.

Pero, más allá de las medidas anticorrupción, el paquete de proyectos de ley impulsados por el mandatario y que serían radicados por las delegaciones de la minoría del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes y el Senado buscan acoger la recomendación del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación (PARE) para elevar a rango de ley la recolección de evidencia forense en casos de violencia sexual.

El proyecto, que de aprobarse se llamaría Ley del Portal Electrónico de Rastreo del Equipo de Recolección de Evidencia Forense de Violencia Sexual, impulsaría la creación de un portal en la que la víctima podrá obtener información sobre el procesamiento de su ‘safe kits’. Los datos no revelarían nombre de la víctima y mantendría su privacidad, según se prometió.

Además, Pierluisi impulsó, por recomendación del Comité PARE, que abril sea designado como el Mes de la Prevención sobre Casos de Violencia Sexual en Puerto Rico.

Para impactar la crisis en el área de salud que se vive en la Isla, el gobernador presentó una medida que busca minimizar la carga administrativa de los profesionales de la salud. Específicamente, la propuesta busca simplificar y evitar la burocracia que enfrentan con las aseguradoras de salud.

La propuesta incluye que el Departamento de Salud desarrolle un formulario electrónico estandarizado para la credencialización y recredencialización de los proveedores que ofrecen servicios a los beneficiarios del Plan Vital y planes médicos privados. Con ello se evitaría que se tengan que realizar formularios que en esencia buscan obtener la misma información.

Otros proyectos de ley impulsados por el primer ejecutivo buscan conceder permanencia a empleados que lleven cinco años o más de manera transitoria en el gobierno, así como permitir el empleo de exconfinados en municipios.