Las Piedras. El gobernador Pedro Pierluisi adelantó que no aprobaría ninguna resolución que ordene a la Autoridad de las Alianzas Públicos Privadas (APP) y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a cancelar el contrato de LUMA Energy como operador de la transmisión y generación del sistema eléctrico de país, al tiempo que dijo una acción de esa naturaleza provocaría un “descalabro”.

“Eso de estar hablando de cancelar un contrato de esta naturaleza no hace sentido alguno, lo que tendríamos entonces es un descalabro por meses, sino por años”, sostuvo a preguntas de Primera Hora el Primer Ejecutivo tras participar de la inauguración de las nuevas facilidades de la planta embotelladora de agua Cristalia, en Las Piedras.

Pierluisi reaccionó a la medida (Resolución Conjunta 315) de la autoría de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) y de los representantes del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Proyecto Dignidad (PD). La pieza legislativa se aprobó el martes sin debate con 29 votos a favor y 16 en contra de la delegación novoprogresista. Se abstuvo la representante penepé Lourdes Ramos.

El gobernador sostuvo que exigir la cancelación del contrato es un espectáculo para las gradas, luego de ocurrido el apagón general del pasado 6 de abril.

“Va a ser muy simpático decir: ‘cancela ese contrato y a Dios que reparta suerte’, pues están muy equivocados”, acotó Pierluisi.

Agregó que la cancelación del contrato actual de LUMA, el cual ascienden a $115 millones, sin contar los $160 millones por el año de transición, no es algo que se puede hacer de un día para otro y que es una acción que requiere cambiar toda la gerencia y personal que está atendiendo el área de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico.

“Realmente, me llama la atención como la política se torna tan pequeña y, hasta cierto punto, tan irresponsable”, insistió quien no ha visto la resolución aprobada en la Cámara Baja.

De hecho, dijo que los propulsores de la medida están actuando de manera irresponsable a lo que ocurrió tras el apagón que se inició luego de una avería en un interruptor de la unidad #5 de Costa Sur, en Guayanilla. Los patios de interruptores son operados por LUMA, que ha iniciado una investigación sobre el asunto. Simultáneamente, el Negociado de Energía capitanea otra pesquisa independiente.

“No es una manera responsable de reaccionar a lo que ocurrió. Hace tres semanas nadie estaba hablando de LUMA, prácticamente nadie. Teníamos el servicio estable, la cantidad de abonados era ínfima para los que no tenían el servicio y en gran parte de las métricas había mejoría. Ahora el tema ha resurgido por razones obvias. O sea, tuvimos ese gran apagón y, obviamente, eso genera molestias. Y algunos que ya desde antes, siempre han estado ensañados contra esta entidad, retomaron esa agenda”, dijo Pierluisi al reiterar que hay que esperar los hallazgos de las pesquisas y adjudicar cuentas a los responsables de la avería, a la vez que se toman medidas correctivas que eviten otro incidente similar.

Asimismo, descartó enmiendas. De hecho, dijo que el comité creado cuando inició su mandato para estos fines, y que era liderado por la secretaria de la gobernación Noelia García, determinó que “no procedían enmiendas”. “Y eso no ha cambiado”, puntualizó.

“Cuando tienes un contrato firmado y aprobado, para enmendarlo hay que negociar la enmienda y eso no es como que una parte se la puede imponer a la otra, así no funciona. Y número dos, ese contrato por su naturaleza, cualquier enmienda que se le haga al mismo, tiene que ser avalada por la Junta de Supervisión Fiscal y por el Negociado de Energía”, acotó rechazando que sea un proceso, desde el punto legal, que se pueda hacer de forma unilateral.

El representante popular Luis Raúl Torres Cruz ha dicho que la medida que busca cancelar el contrato de LUMA es producto del trabajo de investigación que ha realizado la Comisión de Energía de la Cámara sobre el contrato otorgado al consorcio energético hace 18 meses. Sostuvo que bajo la entidad privada han ocurrido 14 apagones y la duración de los mismos ha sido mayor que los que ocurrieron bajo la AEE. Alega que el consorcio privado no tiene personal necesario y “han sido negligentes” en cumplir con el mantenimiento de las plantas.