“Ahora la bola está en la cancha de la Junta”.

Así reaccionó el gobernador Pedro Pierluisi al hecho de que la jueza federal Laura Taylor Swain, responsable de la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, solicitó modificar el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la isla o demostrar su validez.

A través de un documento difundido el miércoles, Swain hizo señalamientos sobre asuntos “problemáticos de los materiales del plan propuesto por los deudores”.

Estimuló a que sean revisados y modificados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y respondidos en un término de seis días.

Taylor Swain precisó que “las disposiciones de preferencia en los materiales del plan propuesto son demasiado vagas y/o amplias, por lo tanto, parecen ser incompatibles” con ciertas secciones de la Ley Promesa, la cual busca dar estabilidad financiera de largo plazo al gobierno.

“Ahora la bola está en la cancha de la Junta...vamos a estar bien pendientes. Gracias a Dios la juez no echó abajo el Plan de Ajuste. Es decir, no ha decidido negar o no confirmar el Plan de Ajuste, sino que le está pidiendo cuentas a la Junta”, expuso el gobernador.

Aludió que la jueza pide aclaraciones en dos puntos particulares, incluyendo, por ejemplo, medidas como la Ley 81 que buscan la protección de beneficios de retiros de empleados públicos como bomberos y policías, entre otros.

“Ahora la bola pasó a su cancha y tienen que justificar porqué esa ley -entre otras- hay que dejarla sin efecto, cuando no se dejaron sin efecto cuando se tramitaron en su momento”, acotó Pierluisi.

De otra parte, el ente federal pidió aclarar cómo se canalizarían unos $400 millones en relcamaciones de expropiación forzosa y expropiación a la inversa.

“A mi entender lo que está sucediendo ahí es que la jueza les está diciendo que expliquen porqué no debo permitir que esos casos continúen su curso y que, entonces, al final del camino el tribunal sea el que determine cuál es el monto de esa justa compensación bajo la cláusula de debido proceso, tanto en nuestra Constitución como en la Constitución federal”, manifestó el gobernador.

El PAD propone, entre sus medidas, recortar la deuda pública del Gobierno puertorriqueño de más 70.000 millones de dólares a 34,000 millones y, según argumentó en su momento el gobernador, es “esencial para terminar con el proceso de quiebra y regresar al progreso”.

Sin embargo, sus críticos alegan que la norma da preferencia a los tenedores de bonos de deuda del Estado Libre Asociado y no garantiza el pago de pensiones de empleados públicos ni permite que se destinen suficientes fondos para gastos sociales.