El gobernador Pedro Pierluisi afirmó este sábado que ve como un “plan B” la propuesta para eliminar la crudita o el impuesto sobre el barril de petróleo y sus derivados, como la gasolina.

Dejó claro que su plan A es la Reforma Contributiva que ha impulsado por el pasado año y que todavía no ha sido aprobada por la Legislatura.

Su razonamiento es que su propuesta de alivio contributivo dejaría ahorros al pueblo de $570 millones, mientras que el impacto de la eliminación de la crudita es de $375 millones, según alegó tras participar de una reunión del Partido Demócrata en el Distrito de Convenciones en Miramar.

“O sea, que, si los comparamos uno con el otro, yo prefiero el de alivio contributivo. Pero, lo que voy a hacer es estar monitoreando el proceso legislativo. Si no prevalece, no prospera el proyecto de alivio contributivo, entonces, esto pudiera ser un plan B. ¿Me siguen? Yo lo miro más como un plan B. El plan A es que aprueben el proyecto de alivio contributivo, el plan B pudiera ser eliminar la crudita 2″, señaló.

El tema de la eliminación de la crudita ha resonado esta semana, ya que el propósito principal de esta era saldar la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación con los bonistas. Pero, el gobierno privatizó las autopistas con peaje para saldar la millonaria deuda.

El trámite dio paso a que se supiera que desde la administración de Alejandro García Padilla el dinero recaudado en la crudita ingresaba al Fondo General. De esto, ha transcurrido ya siete años.

Por tal razón, Pierluisi dejó claro que la eliminación de la crudita requerirá el visto bueno de la Junta de Supervisión Fiscal, así como las agencias fiscales de la Isla. El paso de consultar a la Junta también se deberá hacer con la Reforma Contributiva. No obstante, estas conversaciones están más adelantadas.

“Ambas cosas tendrían que trabajarse con la Junta para evitar que la Junta lo objete y, entonces, terminemos en un litigio innecesario porque en este tipo de asuntos, cuando estamos hablando de impactos fiscales tan importantes como estos, reconozco que la Junta tiene el poder de recurrir al tribunal para derogar la ley, la ley que sea, si es que se aprueba”, dejó claro el gobernador.

Asimismo, Pierluisi rechazó que el contrato de privatización de las autopistas por 40 años, ganado por Metropistas, tenga su mira puesta en los aumentos de peajes.

“Es que de eso no es que se trata lo que se anunció esta semana”, soltó.

No obstante, Metropistas se ha dado conocer por los aumentos anuales en los peajes de las autopistas José de Diego (PR-22) y la PR-5 en los pasados años. Por ello, se le insistió al mandatario sobre el tema.

Para Pierluisi, “de lo que se trata es unas mejoras extraordinarias en las autopistas en Puerto Rico. De lo que se trata es que repliquemos lo que hemos tenido en la PR-22 y la PR-5 en las PR-53, PR-52, PR-20 y PR-66. Nadie puede negar que la PR-22 y la PR-5 están en mejores condiciones que el resto de las autopistas. Están en mejores condiciones, porque la administración, la operación y el mantenimiento de esas dos avenidas las ha tenido Metropistas. Ahora Metropistas va a estar a cargo del resto de las autopistas. Entonces, el dinero que se sacó de esta Alianza Público Privada no solo le permite a la Autoridad de Carreteras saldar sus deudas, todas sus deudas, sino también le permite tener una cantidad que excede de $1,000 millones para mejorar el resto de las carreteras en Puerto Rico. Estamos hablando de 11,000 kilómetros de carreteras estatales por toda la Isla. De eso es que se trata esta transacción. No se trata de aumentos de peajes. Aquí los aumentos que hemos tenido en el pasado han sido por inflación. Cualquier aumento que se tuviera en el futuro sería por la misma razón. Pero esta transacción no tiene absolutamente nada que ver con peajes y aumentos de peajes”.

Las expresiones del gobernador se dieron luego de que el Partido Demócrata en la Isla aprobara una resolución unánime para apoyar su candidatura a la gobernación en las elecciones del 2024.

Para este proceso electoral, Pierluisi tendrá que enfrentar en primarias internas del Partido Nuevo Progresistas a la comisionada residente, Jenniffer González.