Ante el descuadre en exceso de $147 millones que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha señalado que hay en el presupuesto para el próximo año fiscal 2022-2023, el gobernador Pedro Pierluisi dijo estar monitoreando cuáles serían las áreas en las que se podría ceder sin que se vean afectados los servicios esenciales de educación, seguridad y bienestar social tanto a nivel estatal como municipal.

Las expresiones del mandatario surgieron cuando miembros de la prensa le preguntaron si había ánimos de negociar con el ente federal, luego que el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, Jesús Santa, dijera que el pasado lunes miembros de la Junta le insistiera que debía enmendarse el presupuesto consolidado aprobado de $12,573 millones en ese cuerpo legislativo, pues se excede por $147 millones. Esto equivale a $47 millones adicionales a los $100 millones que ya se habían identificado en exceso en el presupuesto inicial que había presentado la Rama Ejecutiva.

“Cuando la Rama Ejecutiva comenzó el proceso deliberativo con la Junta para elaborar un presupuesto, contábamos con esos $100 millones adicionales. De golpe y porrazo, de un día para otro, la Junta exigió que se recortara por $100 millones cuando tenemos al Departamento de Hacienda certificando que hemos excedido las proyecciones de una manera bien sustancial. Así que la diferencia, cuando sometimos el proyecto de presupuesto a la Legislatura, en ese entonces era $100 millones. Tengo que pensar que si ahora la diferencia son $45 millones (se equivocó, pues son $47 millones), tiene que ser que en el proceso legislativo se han añadido medidas por $45 millones adicionales”, dijo el gobernador, dejando entrever que desconoce para qué fines se utilizaría la diferencia en exceso al monto identificado inicialmente.

Insistió en que habría que evaluar a través de Hacienda si el presupuesto aguanta el exceso adicional de $47 millones en el presupuesto. Además, alertó que lo importante es que cualquier análisis se haga tomando en consideración que no se afecten los servicios esenciales del pueblo.

“Aquí lo importante es que protejamos, por ejemplo, los municipios. Que protejamos entidades claves para nuestro futuro como la Universidad de Puerto Rico. Protejamos programas claves como, por ejemplo, todos los programas del Departamento de la Familia, del Departamento de Seguridad Pública, nuestra educación, por mencionar algunos. O sea, aquí lo importante es que no se afecten servicios esenciales del gobierno y que no echemos a un lado los municipios que rinden servicios esenciales que complementan los del gobierno central”, puntualizó.

Dijo que se mantendrá “monitoreando” la dinámica y espera que “al final del camino” tanto la JSF como la Asamblea Legislativa puedan ceder en algunas áreas y llegar a un consenso que beneficie al país.

“Y si yo lo que veo es un presupuesto razonable que no pone en peligro servicios esenciales, lo voy a firmar. Pero si yo veo un presupuesto que está afectando servicios esenciales del gobierno, como mencioné, educación, seguridad y servicios indispensables para nuestras poblaciones vulnerables, pues entonces, no lo firmaré. Tan sencillo como eso”, acotó.

La Asamblea Legislativa debe entregar el proyecto de presupuesto el 27 de junio. En cambio, el representante Santa adelantó que mañana, miércoles, habrá otra reunión con los miembros de la JSF.