El gobernador Pedro Pierluisi dejó la puerta abierta para presentar un proyecto de ley que atienda el aumento de salario a los jueces de forma permanente, un tema que ha generado controversia en la Legislatura y que, actualmente, se atiende en el Tribunal Supremo.

“Me reservo el derecho de presentar un proyecto de ley para que se legisle de forma permanente esos aumentos a los miembros de la Judicatura”, dijo el gobernador.

Las expresiones del primer ejecutivo surgieron como reacción al hecho de que el pasado viernes el Tribunal Supremo desestimó el recurso legal que había presentado la Cámara de Representantes en un intento para que no se validara la decisión del juez Anthony Cuevas, quien determinó que procede un aumento salarial a los jueces. En su argumento, el Supremo expresó que la Cámara de Representantes no había perfeccionado el recurso dentro del término jurisdiccional provisto. Mientras, el presidente de la Cámara Baja, Rafael “Tatito” Hernández, catalogó como “nefasto” que el Alto Foro haya adjudicado el aumento salarial “en menoscabo del Poder Legislativo”. Advirtió, además, que se presentará un recurso de reconsideración.

“Es lamentable ese tipo de señalamiento porque es importante que se respete al Tribunal Supremo de Puerto Rico y no se cuestione su objetividad”, expresó Pierluisi en referencia a las expresiones de Hernández.

El mandatario señaló que siempre ha apoyado que se legisle para proveer el aumento a los jueces y recordó que una medida a estos fines no prosperó “porque en la Cámara se pretendió vincularla o, básicamente, complementarla con aumentos para la Rama Ejecutiva y para la propia Legislatura, para los propios legisladores. Y ahí fue que todo falló. O sea, no llegó a feliz término, Yo sigo pensando que, idealmente, se debe legislar... me reservo ese derecho, pero reconozco, que la última palabra la tendría la Legislatura porque si yo presento un proyecto de ley no necesariamente se va a aprobar”, determinó.

En noviembre pasado el Senado derrotó el P del S 1292 que daba paso a un aumento salarial a los jueces del país, precisamente, por discrepancias con la Cámara de Representantes.

De inmediato, la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz, reaccionó diciendo que la decisión era recibida en la judicatura “con frustración y una desilusión enorme”. Sostuvo, además, que con su actuación la Legislatura “desaprovechó una oportunidad histórica para fortalecer la independencia judicial”.

¿Qué pasó?

Para ese entonces, Primera Hora explicó que, aunque el informe del comité de conferencia mantuvo los incrementos contemplados en la versión inicial del Proyecto del Senado 1292, que oscilaban entre los $22,164 y $29,556 anuales, se incluyó lenguaje para conceder una “compensación uniforme, justa y competitiva” a los funcionarios de las tres ramas constitucionales.

Por ejemplo, en el caso de los secretarios del gabinete constitucional y otros departamentos, la medida proponía uniformar sus salarios al de un juez superior del Tribunal de Primera Instancia que, de haberse aprobado la medida, hubiera sido de $118,133.

“Esta equiparación ayudará al gobierno a ofrecer una remuneración competitiva para atraer al mejor talento disponible que actualmente no se ve incentivado a entrar al servicio público”, leía parte de las enmiendas incluidas, según el entirillado del informe del comité de conferencia.

Para el secretario de Estado proponía un salario de $144,480.

En el caso del Ejecutivo, que actualmente recibe una paga de $70,000 anuales, proponía aumentar su salario a $154,556 anuales, que es la compensación que hubiera recibido la jueza presidenta del Tribunal Supremo de haberse aprobado la legislación. Mientras, buscaba equiparar la compensación base de los legisladores con la de un juez superior del Tribunal de Primera Instancia que, en ese caso, hubiera alcanzado los $118,133.