El gobernador Pedro Pierluisi defendió este lunes un negocio de alquiler a corto plazo de su hijo Anthony Pierluisi en Guánica, luego que el mismo fuera cuestionado el día antes por Carlos Díaz Sánchez, aspirante al Senado por acumulación del Partido Popular Democrático (PPD)

En declaraciones a la prensa emitidas luego de una conferencia en la que anunció un programa de subsidios para pago de energía eléctrica a familias de bajos ingresos, el gobernador sostuvo que no había nada irregular con las propiedades que gestiona su hijo menor, y que fueron objeto de la denuncia presentada por Díaz Sánchez, quien fue senador por el Partido Nuevo Progresista (PNP) pero ahora está aspirando a regresar al Senado por el PPD).

“La información que tengo es que todo está en ley”, afirmó el gobernador, en tono pausado, como si diera a entender que no le inquietaban los cuestionamientos sobre las dos propiedades localizadas en la Bahía de Guánica.

“Lo que te puedo decir, que lo conozco, es que estas dos propiedades se construyeron en los 1960, hace más de 60 años atrás, y se han estado alquilando a corto plazo desde los 1970, hace más de 50 años atrás. Ahí en esas propiedades no ha habido construcción, expansión, ampliación en años recientes, así que todo está conforme a la ley y al derecho”, aseguró Pierluisi, agregando que las dos propiedades pertenecen a su hijo “desde el 2021, hace cerca de tres años atrás”.

De igual forma, aseguró que “las propiedades están debidamente registradas con la Compañía de Turismo para propósitos del pago del ‘room tax’, el impuesto por habitación. Airbnb, que es la entidad que se utiliza para mercadear estas propiedades, tiene un acuerdo con la Compañía de Turismo bajo el cual se paga la cantidad requerida por Turismo”.

Según la denuncia de Díaz Sánchez, las propiedades en cuestión, que Anthony Pierluisi administra a través de la empresa Silver Beach L.L.C., están localizadas en la zona marítimo terrestre y habrían impactado recursos naturales, como el mangle rojo, en particular por unos muelles que dan acceso directo al mar a través de esos árboles costeros que son una especie protegida. El exsenador alegó además que la zonificación de esa área no permite el uso de alquiler a corto plazo, y que tiene permisos vencidos.

A preguntas sobre si estaba permitido ese uso de alquiler a corto plazo en las dos propiedades, el gobernador indicó que “sí. El Plan de Uso de Terrenos reglamenta construcciones, no así usos. La realidad es que la inmensa mayoría de las propiedades de alquileres a corto plazo están ubicadas en áreas residenciales o turísticas. O sea, que eso no viene ni al caso”.

Díaz Sánchez, que comparó las alegadas violaciones ambientales en ambas propiedades con las de casos notables que han sido objeto de protestas e intervenciones en Bahía de Jobos, en Salinas, y el condominio Sol y Playa, en Rincón, afirmó que denunciaría el caso ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Departamento de Justicia y el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre (FWS, en inglés).