“El gobernador repite hasta el cansancio la excusa de que heredó esta crisis. Pero lo cierto es que él y su administración la han empeorado gravemente, en vez de resolverla. Este gobierno recibió un BGF con cerca de $2,000 millones en liquidez, un mercado abierto y dispuesto a financiar y refinanciar la deuda de Puerto Rico si se mantenían medidas fiscales responsables y la transparencia necesaria. Pero este gobernador y su legislatura han creado una crisis sin precedentes en la Isla que hoy, según ellos, los obliga a tomar esta nefasta medida”, apuntó Pierluisi en comunicado de prensa.

El estado de emergencia establecido mediante la orden impone limitaciones a las solicitudes de retiros, pagos y transferencias, de manera que solo se honrarán aquellas “que sean razonables y necesarias para el pago de servicios esenciales”.

El también presidente y aspirante a gobernador del Partido Nuevo Progresista (PNP) dijo que “este ‘estado de emergencia’ en el BGF, declarado al amparo de la recientemente aprobada Ley de Moratoria, adolece de los mismos defectos de esa ley: está reñido con nuestra Constitución y nuestras leyes y representa un ejercicio ilegítimo de poder por parte del primer ejecutivo que se parece más al del presidente de un gobierno socialista que al de un gobernador de Estados Unidos”.

“Una vez más, invito al gobernador a que recapacite, se acabe de sentar a negociar de buena fe con nuestros acreedores, y empiece a cambiar el rumbo equivocado por el que lleva a Puerto Rico”, sostuvo Pierluisi.

El secretario general del PNP, José Aponte Hernández, también reaccionó a la orden ejecutiva que podría significar la congelación de poco más de $3,000 millones en depósitos de agencias, municipios y otras instrumentalidades de gobierno hechos en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

“El gobernador está intentando gobernar por decreto, olvidándose del pueblo y las cientos de miles de personas que se verán afectadas por esta innecesaria acción de hoy. Con la congelación de estos fondos se afectan todas las cooperativas de la Isla, las personas que todavía esperan recibir sus cheques de reintegro, porque sí los hay, y los suplidores, a los cuales se les deben meses, entre muchos otros. Esto sin mencionar el impacto devastador que tendrá en los municipios, y el efecto directo en la población. Realmente es un acto de poca responsabilidad fiscal y administrativa”, señaló el líder legislativo.

Aponte consideró que con esta acción el gobernador condena a decenas de municipios, tanto del PNP como del Partido Popular Democrático (PPD), los cuales se verán forzados a limitar servicios en lo que se descongelan sus fondos. 

“¿Quién puede culpar a un municipio en retirar sus dineros del BGF ahora? Nadie. Con esta orden, García Padilla y su equipo económico le envía un mensaje de inestabilidad total a cualquier depositario del Banco”, agregó el también expresidente de la Cámara de Representantes.