El gobernador Pedro Pierluisi dijo este lunes que el 1 de julio se hará público el reglamento que definirá las funciones de los cabilderos electos por la estadidad y ese mismo día deberán jurar al cargo.

“Se va a promulgar el mismo 1 de julio y de igual manera ese mismo día se va a estar tomando el juramento a todos los que estén hábiles para así hacerlo y tenemos que esperar que culmine el proceso presupuestario para saber cuál es el presupuesto que tenemos en el gobierno incluyendo el presupusto para Prfaa (Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico)”, dijo el gobernador a preguntas de Primera Hora al culminar una reunión con la Conferencia Legislativa del Partido Nuevo Progresista.

Pierluisi indicó que aún no se ha fijado el salario de los cabilderos. Sin embargo, la directora de Prfaa, Carmen Feliciano, dijo a este medio que la remuneración económica será de $90,000 anuales.

“El salario es $90,000 anual con un tope de hasta $30,000 para gastos autorizados. Lo contiene el reglamento”, dijo Feliciano en declaraciones escritas.

El exgobernador Ricardo Rosselló Nevares fue electo cabildero por nominación directa. El resto de los cabilderos electos son Elizabeth Torres, Zoraida Buxó, María “Mayiya” Meléndez, Roberto Lefranc y Melinda Romero.

Romero ha cuestionado que Prfaa supervise su trabajo. Igualmente, dijo que el salario de los cabilderos electos debe ser de $150,000 anuales.

“Con Melinda Romero, por alguna razón, ha habido una falla de comunicación”, sostuvo Pierluisi.

“Son funcionarios electos. En la medida que haya reembolsos de gastos y uso de fondos públicos pues tiene que haber un reglamento. Eso siempre es así. Nadie está aquí por la libre. Hasta los funcionarios electos de Cámara y Senado tienen que sujetarse a unos reglamentos y eso es lo que se va a hacer aquí”, abundó el gobernador.

La Ley 167-2020, que permitió la elección de los seis cabilderos, no estabeció el salario. Sí establece que deben comenzar sus funciones el 1 de julio.

Respecto a la impugnación de Rosselló Nevares, presentada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, el gobernador dijo que no asumiría postura alguna. El comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, argumenta en la impugnación que Rosselló Nevares no cumple con el requisito de residencia dispuesto en la Ley 167-2020.

“Está pendiente ante el tribunal y también administrativamente ante la Comisión Estatal de Elecciones el dilucidar su elegibilidad para asumir el cargo. Yo voy a esperar a que se tome una decisión de forma final y firme para entonces proceder”, afirmó.

Reconoció que la Ley 167-20 no establece qué se hace en caso de que una de las personas electas esté imposibilitada de asumir el cargo.