El gobernador Pedro Pierluisi rechazó este viernes que su gobierno no haya asistido a la familia de los hermanos puertorriqueños Eric y Luis Zapata Hernández, quienes continúan detenidos en una cárcel de Quintana Roo, México, por presuntamente abusar sexualmente de una menor de 17 años.

No obstante, el mandatario recordó que los boricuas enfrentan una acusación criminal, por lo que debe imperar el debido proceso de ley.

Las expresiones de Pierluisi, ofrecidas durante una conferencia de prensa en Río Grande, surgen ante denuncias de los padres y una tía de los menores en cuanto a la falta de cooperación del gobierno local para lograr la liberación de los jóvenes. Esto llevan unos 145 de encarcelamiento.

“El Departamento de Estado, que es el que se ocupa de estos asuntos, es el que está a cargo del asunto y lo ha estado haciendo. Estoy delegando en ellos y se está haciendo lo que se tiene que hacer para que se les dé el debido proceso a esos jóvenes. El caso no ha culminado”, afirmó Pierluisi.

De inmediato, añadió que “yo me tengo que sensibilizar con los padres de cualquier imputado de delito. Esté aquí en Puerto Rico o esté fuera de Puerto Rico. Realmente, eso sucede, lamentablemente, en todas las familias, que de vez en cuando puede haber alguien imputado de delito. En este caso, lamentablemente, es fuera de nuestra jurisdicción, es en México y nuestro Departamento de Estado, sí me consta, que han estado en comunicación con las autoridades judiciales en México, con la embajada, con el consulado de México, de igual manera con el Departamento de Estado de Estados Unidos y entiendo yo con los padres, particularmente el padre (de los jóvenes)”.

La familia viajó de vacaciones a la Playa del Carmen, en Cancún, el pasado 28 de junio. Según un diario mexicano, se encontraban hospedados en un hotel de la Riviera Maya, en donde también se hospedaba la presunta víctima de abuso sexual. Desde, entonces, la familia no ha regresado a Puerto Rico.

A principios de mes se informó que la Organización Mundial de la Paz Internacional de Derechos Humanos medió para lograr la liberación de los jóvenes boricuas, de 18 y 19 años. Tal liberación no ha ocurrido.