Fajardo. Aunque el gobernador Pedro Pierluisi ha rechazado en varias instancias haber dado instrucciones o presionado a funcionarios públicos que no le apoyen en sus aspiraciones a la reelección, la vara sería diferente si se tratara de empleados de confianza.

La aclaración por parte del Primer Mandatario surge luego que se le pidiera reaccionar al hecho de que la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara de Representantes, presidida por el representante popular Héctor Ferrer Santiago, citara a Jenniffer González a una vista pública en la que se pretende investigar la posible comisión de delitos y violaciones éticas relacionadas a conductas de amenaza, discrimen y persecución política.

La investigación legislativa responde a unas denuncias realizadas por la comisionada residente en Washington por supuestas amenazas de despido que recibieron líderes municipales del Partido Nuevo Progresista (PNP) que participaron de un acto político en Añasco. La comparecencia de González -quien aún no ha oficializado una candidatura a la gobernación por el PNP, pero sí ha dejado la posibilidad abierta- podría darse entre el 16 y el 17 de febrero.

Pierluisi fue poco expresivo al referirse a la gestión legislativa e insistió en que en ese cuerpo “tienen derecho a fiscalizar a la Rama Ejecutiva”, pero es algo que se debe hacer con racionalidad y prudencia.

“Yo dirijo la Rama Ejecutiva y no ha habido instrucción de mi parte alguna para que aquí se esté castigando de forma alguna a personas por asuntos estrictamente político partidistas”, enfatizó como lo ha hecho en varias ocasiones durante los pasados días.

En cambio, la retórica cambió cuando explicó que hay un personal de confianza y “de libre remoción” que tienen que estar identificados con la misión de su administración.

¿Esos sí pueden tener consecuencias?, le inquirió un reportero tras culminar una conferencia de prensa en la que se anunció la otorgación de un préstamo de $50 millones de fondos CDBG-DR a los propietarios del hotel El Conquistador para reconstruir las facilidades de la icónica hospedería.

“Lo que estoy reiterando es que no ha habido instrucción alguna de mi parte de estar castigando a servidores públicos por razón de que estén apoyando a un candidato o una candidata o a un partido u otro partido... la única, y lo digo porque tengo que decirlo, en el caso de personal de confianza sí tienen que ser personas de confianza identificadas con la misión y con el programa de gobierno de mi administración”, acotó el gobernador.

O sea, ¿que esos sí tendrían consecuencias si asisten a ese tipo de actividad?, se le insistió al Primer Ejecutivo.

“Si se pierde la confianza sobre un funcionario a ese nivel, ya, pues eso, eso es suficiente”, puntualizó.

¿No es lo mismo gobernador?, se le ripostó.

“No es lo mismo. En cuanto a personal de carrera no puede incidir el asunto político partidista y en cuanto a personal de confianza el criterio rector mío y de mi equipo es que la persona, quien sea, esté apoyando el programa de gobierno de mi administración y ejecutando para el bien de la agenda de la administración”, afirmó.