Tras denunciar un incumplimiento “consistente” y “temerario” de parte del Departamento de Educación para atender a los estudiantes del programa de Educación Especial, padres y abogados involucrados en el pleito de clase de Rosa Lydia Vélez reclamaron este martes a la agencia que acate la reciente decisión del Tribunal Apelativo de ratificar el aumento de las multas de $2,000 a $10,000 diarios.

De hecho, la portavoz del Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial, Carmen Warren, exigió al Gobierno cumplir con los derechos humanos de los estudiantes de este programa al igual que lo hicieron con el pleito federal incoado por cinco parejas homosexuales para que se les reconozcan sus derechos como matrimonio.

“Recientemente el secretario de Justicia, César Miranda, reconoció el derecho de personas del mismo sexo a contraer matrimonio al amparo de los derechos humanos. Es hora de que reconozca los derechos humanos de los estudiantes registrados en el Programa de Educación Especial y promueva el diálogo y la paz entre el Estado y los padres, madres y tutores de estudiantes de educación especial. No basta con decir que el caso es un proyecto social que comenzó hace 35 años, es necesario hacer justicia a los miles de estudiantes y familias que sufren desde hace décadas por la provisión inadecuada de servicios educativos y relacionados de educación especial”, expresó en una conferencia de prensa realizada frente al Tribunal Supremo.

 El pasado lunes, 30 de marzo, un panel compuesto por los jueces del Apelativo Roberto Rodríguez Casillas, Eric Nazario y Carlos Candelaria Rosa validaron las sanciones impuestas el 13 de noviembre de 2014 por la jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Aileen Navas Auger. Estas fueron aumentar de $2,000 a $10,000 las multas diarias por incumplimiento, lo que representa un alza de dos a seis centavos diarios por estudiante; una sanción especial de $300,000; la advertencia de desacato a los funcionarios de la agencia que obstruyan o entorpezcan la implantación del programa, así como la presentación de informes en periodos estipulados.

Warren señaló que Educación no cumplió con la presentación del primero de los informes, periodo que venció el pasado 14 de enero. Tampoco ha pagado las multas diarias impuestas, dijo.

Por su parte, tres madres del Programa de Educación Especial enumeraron a la prensa los múltiples incumplimientos de Educación con los estudiantes. La queja principal fue la falta de evaluación.

“Ahora mismo le hacen falta varias evaluaciones que se están trabajando desde hace tiempo y que todavía no se han logrado. Tengo una de psicoeducativa, tengo una de funcionamiento visual y una de procesamiento auditivo. Pues, el niño se perjudica porque mientras no se tenga identificado exactamente cómo él necesita aprender, el aprendizaje se afecta”, denunció Vanessa Nieves, madre de un estudiante del programa.

Los padres indicaron que tiene que recurrir a las querellas para ser escuchados por Educación. De paso, rechazaron que la mejor opción para ser atendidos sea la privatización.

Por otra parte, El Comité mostró preocupación por la nueva carta circular de Educación que propone cambios en el proceso educativo para grados primarios e intermedios y que busca la consolidación de escuelas.

Warren denunció que no se consultó con profesionales conocedores de educación especial para conocer el impacto en los 162,522 que tiene el programa. Mientras, otra madre, identificada como Norma Romero, manifestó que el cambio de maestros y del lugar de estudio afecta a los estudiantes. También mencionó que enfrentarán problemas con la transportación, los servicios de terapias y la asistencia de equipo especializado.

Ante la falta de información que tiene sobre estos cambios, el Comité radicó una moción, como parte del pleito de clase. En ella solicitan que “Educación produzca información sobre los planes para cerrar escuelas y disminuir el presupuesto para el año escolar 2015-2016, y su impacto a la sentencia por estipulación del 14 de febrero de 2002”.

Estos reclamos los hicieron los padres y abogados de los estudiantes de Educación Especial en momentos en que en La Fortaleza comenzaban a llegar miembros de la Comisión Transformadora que nombró el gobernador Alejandro García Padilla para atender los recurrentes problemas del Programa de Educación Especial.

Warren, quien también es miembro de la Comisión, denunció que esas reuniones se limitan a la petición de información y a “ninguna acción”. También mencionó la consistente ausencia de las secretarias de Salud, Ana Ríus, y de la Familia, Idalia Colón, a los encuentros.

Este diario supo que a la reunión de este martes asistió por primera vez la secretaria de la Familia.

Se espera que tras terminada la reunión, que se realiza en la Fortaleza, el secretario de Educación, Rafael Román, y otros miembros de la Comisión reaccionen a las denuncias del Comité Timón.