El legislador Charlie Hernández propuso hoy, martes, que Puerto Rico se una al boicot comercial que han decretado contra el estado de Indiana ciudades como San Francisco, California; Portland, Oregon y Seattle, Washington para repudiar la reciente aprobación de una ley que se asegura fomenta negar ventas o servicios por razones religiosas.

En una resolución sometida por Hernandez se insta a repudiar la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de Indiana (Religious Freedom Restoration Act”) y se solicita que, al igual que otras regiones de Estados Unidos, aquí se proceda a “suspender toda relación gubernamental y económica con el estado de Indiana o con cualquier persona, natural o jurídica, de dicho estado, hasta tanto y en cuanto se derogue dicha ley”.

En la exposición de motivos de la Resolución Concurrente de la Cámara 725 (RCC 725) se plantea que “el estado de Indiana, bajo el mando del gobernador republicano Michael Pence, aprobó hace poco el citado estatuto (SB 101) que concede el derecho a las empresas privadas a negar servicios a los clientes por razón de la creencias religiosas del comerciante” y, entre otras situaciones, propicia la discriminación contra la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero y “queer” (LGBTTQ).

“Apenas días después de que esta Ley entró en vigor, una pizzería local anunció que no va ofrecer servicio a la comunidad LGBTTQ a base de la creencia religiosa del dueño del establecimiento, que no apoya el matrimonio entre las personas de mismo género”, agrega la exposición de motivos de la resolución suscrita por Hernández.

Según plantea el representante en la medida, “la interpretación abarcadora del estatuto de Indiana aplicaría de igual forma en aquellos caos donde un comerciante ateo niega la venta o servicio a clientes que crean en la existencia de un supremo. Más aun, la ley discriminatoria de Indiana permitiría a un comerciante de religión protestante el negarse atender cliente de la religión católica por la creencia de la transubstanciación o si un comerciante católico se niega a rendir servicios a un cliente protestante por su rechazo a la práctica de diezmar”.

Indicó que también Washington D.C. ha resuelto repudiar el estatuto, pero más allá de gobiernos, empresas y entidades como Apple, Paypal y el National Basketball Association (NBA) apoyan el boicot.

Hernández reconoció que en otros estados estadounidenses se han aprobado leyes parecidas, pero “en Indiana se declara que una corporación con fines de lucro tiene el derecho de negar un servicio a un cliente a base de la creencia religiosa del dueño del comercio”, según subrayó.

Al criticar la ley, Hernández argumentó que “la tolerancia a la creencia religiosa no puede utilizarse como escudo insensible para el discrimen burdo y atropellado contra sectores de nuestra sociedad”.

“Vemos con lamento la distorsión del principio de libertad religiosa que fue uno de los elementos fundacionales de los Estados Unidos. Ese principio esencialmente reconoce al ciudadano el derecho a practicar su religión sin intervención del estado político. Con el tiempo, los tribunales han limitado ese principio por razones de orden público. O sea, ese no es un derecho irrestricto. Por ejemplo, el que un ciudadano no crea en la religión o la filosofía de vida de alguna persona no le da derecho a difamarlo, a agredirlo o de discriminarlo. De igual forma, la preferencia racial de una persona no le autoriza ni valida sus conductas racistas”, agregó en la resolución.

Recordó también que “en el siglo XVIII miles de individuos abandonaron Inglaterra buscando en las colonias americanas un refugio para la práctica libre de su religión” y opinó que “de seguro, esos emigrantes sufrían en Inglaterra de prácticas mercantiles como las que el estado de Indiana ahora promueve”.

“La humanidad del siglo XXI no puede consentir a estas conductas que buscan la marginación social de un sector a manos de otro que se siente mayoritario. Desde las prácticas del apartheid en África del Sur hasta el exterminio racial en Palestina o Ruanda, la humanidad no puede permanecer indolente o indiferente”, sentenció el legislador.