El senador novoprogresista Héctor Martínez solicitó al gobierno que se liberen confinados mayores a 60 años o enfermos, así como los de custodia mínima que están próximos a cumplir su sentencia, a fin de evitar una crisis de salubridad por el coronavirus COVID-19 en las instituciones carcelarias del país, un reclamo que también hizo a los gobiernos de todo el mundo la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“Un brote de coronavirus en una cárcel sería devastador”, sentenció el senador al mencionar varias alternativas de liberación de confinados que podrían considerar el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

Destacó que la medida debe enfocarse en los reos más vulnerables que serían aquellos mayores a 60 años, los que tienen una prognosis corta de vida o el diagnóstico de una enfermedad crónica, así como los que están próximos a cumplir su sentencia, o los que no representan ningún riesgo para la comunidad, como pudieran ser los convictos por tener deudas de pensión alimentaria.

Hizo claro que los candidatos debían cumplir con otros requisitos, como tener buena disciplina y la garantía de ser aceptado por algún miembro de su familia una vez sea excarcelado. También se le debe notificar a las víctimas de delito en un término máximo de cinco días, opinó.

Martínez indicó que la solicitud la hizo la semana pasada al secretario del DCR, Eduardo Rivera Juanatey, quien se comprometió en analizar la propuesta aunque aceptó que se debía analizar “más arriba” (en la Rama Ejecutiva).

Primera Hora supo que en el DCR se ha contemplado seriamente la liberación de reos a través de diversas vías (programas de desvío, Junta de Libertad Bajo Palabra, entre otros), pero “al parecer, hay un tranque en Fortaleza”, informó una fuente.

Martínez contempla hacer el pedido directo a la oficina de la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

El senador explicó que el secretario del DCR puede recurrir al Reglamento 7595 para tomar medidas conducentes a liberar confinados, pues la isla se encuentra en una emergencia extrema en la que hay que preservar la salud de la población correccional.

“Entendemos que este ordenamiento que adopta la normativa para establecer un permiso especial, como se ha hecho antes, para atender situaciones de emergencia”, señaló al indicar que cumplir con un distanciamiento social de seis pies entre confinados es difícil pues el modelo carcelario no está diseñado para esos escenarios.

Mientras, la tensión comienza a percibirse, pues en la cárcel de Guayama hubo aires de huelga recientemente ante el miedo que produce en los confinados quedar desprovistos de seguridad en medio de la crisis que se percibe por la pandemia que a nivel mundial ha afectado a 775,306 personas y provocado la muerte de 37,083. En Puerto Rico, el escenario también preocupa debido al aumento de casos oficiales que hasta hoy suman 174 y seis fallecimientos.

La población carcelaria en Puerto Rico es aproximadamente de 8,500 confinados y, aunque el DCR ha tomado medidas de prevención, el senador asegura que no son suficientes para evitar una catástrofe si se desarrolla un brote en alguna de las instituciones.

“Por ahora no hay ningún caso, pero si ocurre un caso de contagio, yo estoy seguro de que Salud Correccional no va a estar preparado para recibir algún paciente… no quiero ni imaginar lo que ocurriría”, sostuvo quien no supo precisar si la institución de salud (operada por Physician Correctional) tiene, por ejemplo, pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19 en sus facilidades.

Primera Hora intentó comunicación con Raúl Villalobos, portavoz de la Physician Correctional, pero no fue posible.

El legislador dijo que las medidas de excarcelación se han tomado en algunas jurisdicciones de Estados Unidos, donde ya comenzaron a liberar confinados. Otros países como Canadá, Alemania e Irán también lo han hecho. Recientemente, en Panamá también se evaluaba la posibilidad de excarcelación ante la crisis del COVID-19.

Primera Hora solicitó a los portavoces de prensa del DCR, Héctor Pérez y Damarisse Martínez, una reacción del titular, pero hasta las 6:55 de la noche se había recibido respuesta. La agencia tiene pendiente enviar a este diario la cantidad de confinados que han solicitado y cumplen para el privilegio de la Junta de Libertad Bajo Palabra, los candidatos disponibles para salir por Programas de Desvíos, así como la población de 60 años o más en las instituciones carcelarias.

Aunque actualmente no existe ningún caso positivo a COVID-19 en la población correccional, la posibilidad de un contagio está presente, pues los propios oficiales de custodia podrían servir de vectores, dijo el legislador.

“Están haciendo los procesos de registro sin guantes ni mascarillas, ya que no se les ha provisto del material adecuado. He recibido mensajes de texto en ese sentido y eso es lo que se me ha dicho”, indicó al mencionar que le llegó información de que en términos de higiene a los presos se les otorga sólo dos jabones cada 15 días y no se está utilizando cubiertos desechables durante las tres comidas.

Recientemente, el DCR indicó que está cumpliendo con todos los procesos y protocolos que se establecieron a inicio de la emergencia y, actualmente, las operaciones están bajo un “lockdown” en el que los prisioneros -mínima, mediana y máxima seguridad- están saliendo en grupos pequeños sólo una hora al día. Además, las visitas y permisos de salidas se suspendieron, al tiempo que se estableció un aislamiento de hasta 24 días para los sumariados de nuevo ingreso. También se toman medidas con los empleados tomándoles la temperatura antes de comenzar su jornada laboral.

ONU urge a gobiernos a recurrir a excarcelación con reos vulnerables

La solicitud de Martínez es cónsona con la que realizó hace cinco días la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien solicitó urgentemente a los gobiernos a reducir las poblaciones correccionales como medida cautelar ante la emergencia del coronavirus.

En un mensaje difundido en Twitter la funcionaria y expresidenta de Chile indicó que mantener reos en detención durante la crisis del COVID-19 “conlleva un alto riesgo”.

“Las autoridades deberían examinar caminos para liberar aquellos que son particularmente vulnerables al COVID-19, como los reos enfermos y los mayores. Para reducir drásticamente la población de las prisiones y que el distanciamiento físico sea posible se debería también considerar la liberación de los presos pocos peligrosos. Algunos países ya han empezado a hacerlo. Ahora más que nunca los gobiernos deberían liberar a todos y cada uno de las personas que están encarceladas sin suficiente base legal, incluyendo prisioneros políticos y otros detenidos por haber expresado opiniones críticas o disidentes”, expuso en el vídeo difundido en redes sociales.

Bachelet dijo que si no se actúa con responsabilidad “las consecuencias podrían ser catastróficas”.