La senadora María de Lourdes Santiago Negrón, portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, sometió una resolución para investigar el Programa R3 del Departamento de la Vivienda a raíz de informes de irregularidades en la reconstrucción y reubicación de familias que se acogieron a este programa, destinado a personas cuyas viviendas se afectaron por los huracanes Irma y María, los terremotos del 2019 o la tormenta tropical Isaías.

“Es imposible no indignarse con los testimonios desgarradores de las personas a las que se les aseguró que se les reconstruiría su vivienda afectada y a las que luego se les informó que su hogar no se podría reparar y que, en cambio, tendrían que aceptar un vale y entregar su terreno al Departamento de la Vivienda. Estas personas ya estaban en situaciones de vulnerabilidad antes de los huracanes, perdieron un techo seguro y que, luego de ilusionarlas con una reconstrucción prácticamente son desalojadas por el Estado. Se ha reseñado un caso en el que incluso la propiedad recibió una declaración de estorbo público y la persona no tiene más recurso que intentar conseguir una propiedad con un vale que pocos aceptan y en un mercado plagado de precios exorbitantes e inalcanzables para la mayoría de las puertorriqueñas y los puertorriqueños”, expresó la senadora Santiago Negrón.

La resolución sometida por la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño ordena a la Comisión de Asuntos Municipales y de Vivienda del Senado de Puerto Rico investigar el Programa R3, particularmente la metodología que se usa para determinar si una vivienda deberá repararse, reconstruirse o si una familia debe reubicarse y cuál ha sido el proceso, caso por caso, para llegar a las determinaciones de cada vivienda; asimismo, requiere como parte de la misma investigación, un inventario de las propiedades adquiridas por Vivienda bajo dicho programa y los fines para los cuales serán utilizadas.

Las Guías del Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3) establecen que existen unos objetivos primordiales, entre los cuales se especifica que el Programa “[asegurará] que las necesidades de vivienda de las familias con ingresos muy bajos, bajos y moderados sean atendidas con la asistencia para la recuperación de la vivienda dentro de las comunidades en las que se presta servicio” y que en “algunos casos, cuando sea factible para el Programa adquirir la propiedad, el solicitante podría recibir una oferta de adquisición voluntaria de la vivienda de reemplazo”. Asimismo, establece que “si no se puede identificar una opción de reemplazo adecuada, los solicitantes elegibles podrán recibir asistencia para la construcción de una casa diseñada por el Programa en un lote nuevo, solo como última opción”. Se desprende, pues, que el objetivo primordial debería ser la reparación o reconstrucción y no la reubicación de las personas.

“Hay que preguntarse cómo es posible que a unas personas se les haya ofrecido escoger los colores con los que se pintaría su vivienda reconstruida y, de repente, se les informe que las losetas y las terminaciones que escogieron para su hogar no se instalarán porque en algún momento posterior a la inspección y a la notificación de adjudicación alguien decidió, sin llegar a un acuerdo amigable como establecen las Guías, que a la persona era mejor darle un vale y que emprendiera el empinado camino de conseguir un hogar en un mercado a sobreprecio y saturado, y que debía entregarle el terreno a Vivienda para unos fines que no están del todo claros. Someter a este proceso cuestionable a personas vulnerables y que llevan seis años esperando por un hogar es, además de una injusticia, una crueldad”, finalizó la senadora Santiago Negrón.