La organización ambiental El Puente-Enlace Latino de Acción Climática urgió al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia que firme el Proyecto de la Cámara 474, que busca crear la Ley de Legitimación Activa Ambiental.

El Puente, junto a una treintena de organizaciones ambientales y comunitarias, aboga por la creación de esta ley que permitiría a la ciudadanía, así como a grupos de la sociedad civil, tener acceso a recursos legales para hacer valer las leyes y regulaciones ambientales que no solo protegen los recursos naturales, sino que también protegen la propiedad y la vida. El gobernador tiene hasta este domingo, 18 de diciembre, para firmarlo. De no ser así, el proyecto quedaría vetado.

“En los pasados años, y con un énfasis en los pasados meses, hemos visto cómo muchos lugares en Puerto Rico se ven impactados negativamente por la falta de implementación de leyes y regulaciones ambientales. Uno de los casos más sonados fue el del condominio Sol y Playa, en Rincón, donde individuos privados intentaban construir en la zona marítimo terrestre que se encuentra como parte de los bienes de dominio público. Por casos como éste es importante esta ley”, expresó Amy Orta Rivera, coordinadora de política pública ambiental El Puente-Enlace Latino de Acción Climática.

La Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas establece que unos de los pilares para un desarrollo sostenible es “hacer un uso óptimo de los recursos ambientales que constituyen un elemento clave en el desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar el patrimonio natural y la biodiversidad”.

“Sin legitimación activa ambiental se hace complicado que las organizaciones y ciudadanos puedan mantener procesos ecológicos, conservar el paisaje natural, los ecosistemas, la calidad de aire y de agua, si no tenemos acceso a presentar reclamos ante los tribunales de Puerto Rico. La protección y el mejoramiento del medio ambiente provee una mejor calidad de vida para cada puertorriqueño”, reiteró Orta Rivera.

La organización destacó que no todos los daños son claros y palpables y muchos daños toman años para causar efectos negativos. Recientemente, el Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico (CoRePI-PR) de la Universidad de Puerto Rico encontró que hubo migración de playa tierra adentro desde los 58 km hasta 99 km de franja de playa en los municipios de Vieques, Cabo Rojo, Fajardo, Luquillo, Loíza, Humacao, Mayagüez, Aguada, Arecibo, Camuy, Isabela, Vega Baja y Rincón. En palabras de Andrés García Martinó, coordinador federal adjunto de Recuperación por Desastre de FEMA, “estos hallazgos subrayan la importancia de la mitigación como parte de los esfuerzos de recuperación en Puerto Rico. Atender asuntos como la erosión costera ayuda a proteger nuestras comunidades y la infraestructura esencial como carreteras y demás elementos que son impactados indirectamente por los efectos del cambio climático.”

“La legitimación activa ambiental nos ayuda a prevenir daños que ocurrirán en el futuro cercano y que en algunos casos cuesta la vida y propiedad de ciudadanos. Firmar el Proyecto de la Cámara 474 implica proveer una vía para asegurar la transparencia dentro de los procesos administrativos de las agencias gubernamentales, en especial aquellas donde se trabajan evaluaciones ambientales y se otorgan permisos. Esperamos contar con el apoyo del gobernador Pierluisi en tan importante proyecto de ley por el bienestar ambiental, económico, y la salud de todos y todas los que vivimos en Puerto Rico”, concluyó Orta Rivera.

El Puente es una organización sin fines de lucro registrada en Nueva York y Puerto Rico, dedicada desde 1982 a trabajar por la justicia social y la paz. A través del programa Enlace Latino de Acción Climática, trabaja conectando diferentes sectores religiosos, académicos, profesionales y comunitarios para abordar problemas ambientales y promover la salud integral y los valores culturales de autodeterminación, sostenibilidad, justicia social y paz.