Juana Díaz.  - En un giro inesperado, el juicio contra el alcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado, quedó paralizado luego que el representante José Torres pidiera la inhibición del juez Ángel Llavona Folguera.

La decisión surgió tras conocer que el juez mientras ejercía como abogado hace unos 15 años atrás trabajó con el abogado Rafael Fabre, quien es esposo de una de las hijas del alcalde y cuya oficina estaba ubicada en un local propiedad del ejecutivo municipal.

El anuncio fue hecho por el mismo Llavona Folguera, quien al comenzar la continuación del juicio por un cargo menos grave de agresión decidió expresarse en corte abierta sobre el asunto.

Tras su alocución, este pidió al abogado Francisco Sánchez y a los fiscales Ildefonso Torres y Carlos González a que analizaran sus expresiones y tomaran una decisión de si permitirían que este continuara dirigiendo el proceso o si, de lo contrario, solicitarían que otro juez atendiera con el mismo.

“El perjudicado expresó que prefiere que sea otro juez el que atienda el caso y queremos cumplir con los cánones de ética judicial”, sostuvo el fiscal Ildefonso Torres. 

Este aclaró que no duda de la capacidad del juez pero que respeta la decisión del perjudicado. 

El fiscal aseguró que desconocía totalmente el trabajo desempeñado por el magistrado previo a ser nombrado pero que el pedido de la inhibición también permite proteger la imagen del Departamento de Justicia.

“No queremos que de alguna forma se pueda tergiversar o cuestionar la misión de buscar la verdad y hacer justicia”, comentó Torres.

Igualmente indicó que, si la defensa lo conocía con anterioridad, debió haberlo dicho desde el principio. 

Por su parte, el alcalde mencionó que está tranquilo y preparado. Sostuvo que son estrategias de fiscalía, “buscando entre las piedras” para sostener el caso.

“Eso es parte del show que monta el PPD de mi pueblo, en su hora se hará justicia”, dijo Questell Alvarado. 

Manifestó que durante la vista pasada el legislador cambio su versión de los hechos varias veces.

“Estamos claros de que soy inocente”, aseguró el alcalde.

Su abogado, reiteró que no ve como inadecuadas las expresiones del juez, al decir que en algún momento conoció al alcalde. “La decisión está en manos de la juez administradora, esperamos que permita al juez continuar”, dijo Sánchez, quien también desconocía el asunto.

Por otro lado, el juez destacó que está capacitado para entender el proceso y adjudicar de manera imparcial y sin prejuicio. 

“No hice acuerdo ninguno con el alcalde ni con el municipio”, sostuvo Llavona Folguera, quien también mencionó que en días pasados coincidió con el representante en un velatorio donde se saludaron. 

Este manifestó que siempre ha estado claro en atender cada uno de los casos que pasan ante su consideración con imparcialidad. Además destacó que reconoce que un juez debe impartir justicia con una conducta ejemplar.

Pito ya testificó

El juez respetó la decisión del perjudicado y del Ministerio Público y les concedió un término para solicitar formalmente la inhibición del proceso ante la juez administradora del Tribunal de Ponce. 

El ejecutivo municipal enfrenta un cargo menos grave de agresión por propinarle un supuesto puño en la cara al legislador popular. Los hechos ocurrieron en octubre de 2014 durante un evento privado. 

Primera Hora supo que el hoy juez superior fue candidato primarista para la alcaldía de Ponce en las elecciones del 2008. Este midió fuerzas contra María Meléndez Altieri, quien fue la aspirante oficial del Partido Nuevo Progresista. En el 2010 fue nombrado juez por el ex gobernador Luis Fortuño. También laboró en el Departamento de Salud hasta el año 2009.

“Este circo lo está pagando el pueblo, ellos quieren seguir gastando los chavos del pueblo en trivialidades”. Enrique Questell Alvarado, alcalde de Santa Isabel