Tras la crisis de gobernanza y las multitudinarias manifestaciones de amplios sectores del país que lograron la salida del ahora exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) anunció hoy una propuesta que sirva “como punto de partida” para encaminar los reclamos del pueblo.

“El pueblo ha alcanzado un logro extraordinario a través de una unión de voluntades sin precedente. De cara al futuro, sin embargo, se impone la siguiente pregunta: ¿y ahora qué?, ¿hacia dónde nos dirigimos?”, expresó el presidente del PIP, Rubén Berríos Martínez, junto al alto liderato de la colectividad en una conferencia de prensa.

Berríos Martínez dijo que la propuesta “está sujeta a enmiendas y modificaciones” y que debe servir como punto de partida para recoger otras iniciativas que amplios sectores han comenzado a esbozar.

Como primer punto en agenda, la propuesta pipiola sugiere presentar al electorado tres enmiendas “de emergencia” a la Constitución de Puerto Rico para que entren en vigor en las elecciones de 2020. Estas son: una elección especial abierta para elegir un nuevo gobernador cuando ocurra una vacante permanente en el cargo, autorizar un referéndum revocatorio para que el pueblo pueda destituir a un gobernador y disponer de una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos con mayor número de votos cuando ninguno de ellos obtuvo más del 50% de los votos.

La votación sobre ambas proposiciones deberá celebrarse antes de que termine el 2019 o más tardar a principios de 2020.

La vicepresidenta y comisionada electoral del PIP, María de Lourdes Santiago, detalló los pormenores de la propuesta y para viabilizar la oferta, anunció que el senador Juan Dalmau y el representante Denis Márquez radicaron hoy mismo una resolución concurrente y un proyecto de ley, en ambas cámaras legislativas.   

“Esa toma de la calle por el pueblo puertorriqueño tuvo como causa inmediata la indignación que despertó el contenido del chat en el que participaron Ricardo Rosselló y sus allegados, pero desde bien temprano en el proceso se vio que los reclamos iban mucho más allá de desplazar a una figura en particular”, dijo la exsenadora.

Sostuvo que consignas como "'Ricky renuncia y llévate a la Junta', 'No queremos más corruptos', la gran visibilidad que tuvieron sectores que han sido víctimas de las políticas de marginación que alimenta el sistema: las mujeres, los estudiantes, los pensionados, las comunidades pobres, los defensores del ambiente, las comunidades LGBTTIQ, sectores que por mucho tiempo han llevado sus luchas por separado y que ahora han convergido en un proceso cuyo resultado natural es la exigencia de algo que se puede llamar nueva gobernanza o nuevo ordenamiento, pero que trasciende la controversia inmediata sobre la gobernación que todavía se está dilucidando”.

Santiago dijo que “las aspiraciones del pueblo que se ha lanzado a la calle no caben en la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA), que no permite se sometan más tres enmiendas a consideración del pueblo en cada votación y que impide además, que se reúna una convención constituyente, cuyas deliberaciones resulten en una propuesta para alterar la condición de inferioridad política entre Puerto Rico y los Estados Unidos”.

Ante esa situación, dijo que la propuesta del PIP busca viabilizar el ejercicio de la voluntad soberana del pueblo de Puerto Rico “a través de una asamblea de pueblo para la amplitud, representatividad e inclusión de todos los sectores, alejado del control de los partidos políticos”.

Para las deliberaciones de la asamblea, dijo que el PIP sugiere “sin que ello constituya una limitación”, una reforma gubernamental que contemple las enmiendas propuestas al proceso de elección del primer ejecutivo, financiamiento público y período limitado de las campañas políticas, una asamblea unicameral, nombramientos a la Rama Judicial mediante un proceso de carrera judicial, paridad de género en puestos gubernamentales, acceso libre a la información pública y a la documentación y contratos del gobierno, así como, ampliación de las facultades la Oficina del Contralor para iniciar encausamientos criminales. 

Además indicó que deben considerarse, la protección del patrimonio puertorriqueño a través de la eliminación de la prelación del pago de la deuda pública sobre los gastos para servicios esenciales, auditoría continua de la deuda que se emita, evitar la privatización de servicios esenciales y la ampliación de la Ley de 500 acres para evitar el uso de tierra en grandes amplitudes para experimentación y desarrollo de semillas transgénicas.

Santiago agregó que la propuesta pipiola también busca que se revise de la Carta de Derechos, la eliminación de reformas laborales, equidad para las comunidades LGBTTIQ y que se preserve el carácter público y accesible e la Universidad de Puerto Rico, que se amplíe la participación electoral, permitiendo coaliciones y candidaturas coligadas, protección de los recursos naturales, considerando el cambio climático y la neutralidad de la red.