El presidente de Physician Correctional, Raúl Villalobos, anunció este viernes que no acojerá la recomendación hecha más temprano por la secretaria del Departamento de Rehabilitación y Corrección (DRC), Ana Escobar, de suspender a los cinco médicos que evaluaron el expediente del convicto Hermes Ávila Vázquez y que llevaron a su liberación bajo el engaño de que estaba parapléjico y era paciente de VIH.

La petición la hizo Escobar en un comunicado que emitió para informar que destituyó a ocho empleados que estuvieron involucrados en el caso de Ávila Vázquez por “negligencia”.

El caso de Ávila Vázquez cobró notoriedad, luego de que el pasado 21 de abril asesinara a una mujer en Manatí, mientras se encontraba bajo un pase extendido por unas condiciones de salud que resultaron ser falsas, como que eran ser parapléjico y padecer de VIH.

Al momento de intentar ser arrestado, el hombre corrió, detectándose de que sus pretenciones de estar limitado a una silla de rueda no eran ciertas. Luego, también se corroboró que no padecía la enfermedad de transmisión sexual.

Todavía no se han tomado acciones criminales contra los invoucrados en este caso. Sólo a Ávila Vázquez se le acusó por el asesinato de Ivette Joan Meléndez Vega.

El Departamento de Justicia lo que hizo fue referir a los médicos a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico (JLDM) del Departamento de Salud. Mientras, Corrección anunció hoy el despido de los empleados involucrados.

Tras recibir el emplazamiento de la secretaria de la agencia, el presidente de Physician Correctional emitió unas declaraciones escritas en las que en esencia se establece que no se han detectado ilegalidades en la actuación de los médicos que evaluaron el expediente médico de Ávila Vázquez y dio paso a su liberación de la cárcel.

“Luego de la sorpresiva solicitud de la secretaria, no tenemos claro el motivo por el cual nos solicita suspender a médicos que, de alguna forma, intervinieron en este caso, si el Departamento de Justicia, el Senado, la investigación del propio departamento y la investigación interna de nuestra empresa han concluido que los médicos no han cometido delito alguno, no se les ha imputado falta ética, no han incumplido su deber ni se les imputó conspiración para conceder el pase extendido a Ávila Vázquez”, precisó el galeno.

Villalobos aseguró que, una vez recibida oficialmente la recomendación de la secretaria Escobar y los argumentos que motivan su solicitud, “vamos a referirla a la división de Recursos Humanos y a los abogados de Physician Correctional para tomar los pasos correspondientes”.

Para Villalobos, el fiel cumplimiento de la solicitud habrá de requerir poder examinar los elementos que llevaron a la secretaria a concluir que la suspensión de los médicos era el curso de acción adecuado.

“Nos preocupa que la solicitud esté fundamentada en la auditoría realizada por UTICORP. Como recordaremos, la credibilidad de la auditoría realizada por esta entidad ha sido cuestionada públicamente”, dijo Villalobos.

Las auditorías médicas realizadas por UTICORP fueron criticadas públicamente por haber sido realizadas, presuntamente, por médicos sin licencia médica y por llegar a conclusiones al solo haber evaluado una docena de expedientes, de entre los más de 7,000 confinados.

“Nosotros esperaríamos que dicho informe sea declarado nulo, ya que sus evaluadores no cumplen con los requisitos necesarios para auditar a sus pares de manera legítima”, apuntó el médico.

Physician Correctional ha defendido la ejecutoria y trayectoria de sus médicos. Según se explicó, los médicos contratados por Physician Correctional se encuentran altamente calificados, debidamente licenciados y poseen experiencia profesional que supera los 15 años en promedio. Aclaró también que ninguno de los médicos señalados tiene antecedentes de demandas ni casos ante la Oficina del Procurador del Paciente u otras entidades regulatorias.

En atención a cualquier preocupación que pueda tener la secretaria Escobar sobre el proceso que aún está pendiente ante la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica (JLDM), Villalobos aclaró que “por nuestra parte le hemos estado dando seguimiento a la Junta y nos hemos puesto a su disposición para colaborar en lo que sea necesario para adelantar su análisis”.

En este momento, la Junta está llevando a cabo una investigación encomendada por el Departamento de Justicia de Puerto Rico. Según Villalobos, su empresa ha estado disponible para atender cualquier requerimiento de información sobre los médicos, al tiempo que “le estamos dando la deferencia a este proceso que tanto respetamos”.

El poder concluir que el médico evaluador del caso de Ávila Vázquez y el panel de médicos erraron al emitir un diagnóstico de paraplejia ha sido un eje de controversia, toda vez que ese mismo diagnóstico fue validado por más de 45 galenos que evaluaron al convicto en el Fondo del Seguro del Estado y el DRC por más de 12 años.

“Reiteramos nuestro compromiso con la excelencia en los servicios médicos y con el bienestar de la población correccional. Solicitamos al DRC y a otras entidades involucradas un enfoque justo y basado en hechos verificables, evitando emitir juicios públicos prematuros que puedan afectar la reputación de profesionales dedicados”, concluyó Villalobos.