El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) informó este miércoles que archivó una querella contra el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, en relación al supuesto uso de fondos de una comisión cameral para pagar facturas de servicios profesionales.

El Departamento de Justicia ya había recomendado no designar un fiscal contra el líder cameral tras su investigación.

La querella se originó referente a unas alegaciones del ciudadano Michael Rodríguez González, quien presuntamente tomó unas declaraciones del representante Ramón Cruz Burgos acerca de la alegada intención de Hernández Montañez para radicar la petición en el presupuesto de la Comisión Conjunta de Informes del Contralor.

Rodríguez González, quien es comerciante de Moca, sostenía que debido a que los recursos de esa comisión procedían directamente del Fondo General de Puerto Rico, el acto de Hernández Montañez de intentar usar dinero no asignado a la Cámara constituía un posible delito y ameritaba investigación.

Cruz Burgos declaró a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor que no conoce a Rodríguez González. Indicó también que le había señalado a Hernández Montañez sus inquietudes sobre el presupuesto y que posteriormente fue relevado de sus funciones y reducido su presupuesto para gastos operacionales en su oficina legislativa.

Sin embargo, Cruz Burgos expresó que entendía que ninguna acción de Hernández Montañez incluía posible delito.

El querellante también fue entrevistado y declaró que tras escuchar los reclamos de Cruz Burgos, entendía que Hernández Montañez no tenía potestad en ley para usar fondos fuera de lo asignado por la Legislatura.

Otros testigos del Departamento de Hacienda fueron citados para conocer los procesos del financiamiento público de la Comisión Conjunta de Informes del Contralor. Asimismo, se entrevistaron a funcionarios de la Oficina de Gerencia y Presupuesto sobre el proceso de aprobación presupuestaria. Estos declararon que el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado año fiscal, había sido aprobado y recomendado en su totalidad por la Junta de Supervisión Fiscal sin intervención del gobierno.

El informe de Justicia señala que aunque los movimientos presupuestarios no fueron cónsonos con la Ley Habilitadora de la Comisión de Informes del Contralor, la situación no puede ser interpretada como una fracción.

El PFEI archivó el caso sin trámite ulterior.