El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) determinó archivar una querella que se radicó contra el alcalde de Aguadilla, Julio Roldan Concepción, por supuestas actuaciones impropias en el área de compras del municipio, se informó este martes.

Según se explicó en un comunicado de prensa, no se encontró prueba que apuntara a algún caso de corrupción gubernamental.

Específicamente, se detalló que “la entidad determinó la ausencia de causa suficiente para creer que se constituyó un delito”.

De hecho, se informó que el Departamento de Justicia había llegado a tal conclusión de que no se debía designar a un FEI para radicar cargos contra el alcalde.

Tras la determinación, el alcalde emitió una declaración escrita en la que expuso que “esta decisión no sólo evidencia que hemos hecho correctamente los trabajos en el municipio, sino que también refleja el compromiso continuo de nuestra administración con la integridad y la transparencia. Hemos colaborado plenamente con todas las instancias de investigación, confiando siempre en que la verdad prevalecería ante estas frívolas acusaciones”.

El caso por el cual fue investigado Roldán Concepción comenzó con una querella radicada por el legislador municipal, Ángel L. Rodríguez Rosa, quien declaró que el alcalde “cometió irregularidades en las compras realizadas por el municipio de Aguadilla”.

Durante la investigación preliminar del asunto, realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC), la fiscal asignada entrevistó y tomó declaraciones juradas a nueve testigos, incluyendo a Janette Meléndez Rodríguez, empleada municipal, que inicialmente remitió una carta a la Oficina del Contralor de Puerto Rico en torno al particular.

La DIPAC requirió también documentación del Departamento del Trabajo, la Legislatura Municipal, la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental.

En el proceso, Ética Gubernamental reveló que conducían una investigación sobre los hechos denunciados, pero que estaba paralizada por la intervención de Justicia. La Oficina del Contralor informó de una auditoría en proceso pero, que preliminarmente, no contenía hallazgos por conducta que constituyera delito.

El PFEI detalló que, de la evidencia recopilada surge, que Meléndez Rodríguez, quien ocupó un puesto de agente compradora; fue trasladada al gimnasio municipal como administradora con un menor salario. Presentó una querella en la Oficina Municipal de Recursos Humanos, que logró que se le equiparara el salario de agente comprador, pero sin contar con un diferencial por las labores de ese cargo. Esto motivó su renuncia al municipio.

No obstante, su querella inicial ante el Contralor fue en el sentido de que su cambio de posición obedeció a que se negó a cotizar un licitador de la ciudad. Aunque no recibió una orden específica para que se le adjudicara una orden de compra, se sentía presionada para cotizarle.

Ninguno de los documentos sobre compras referidos fue adjudicado al suplidor al que hizo referencia Meléndez Rodríguez.

Otras personas también declararon sobre los procedimientos de compra. El PFEI mencionó a Lizandra Martínez Méndez, agente compradora de Aguadilla. Esta informó ante Justicia que el traslado de la empleada tenía como fin cubrir una necesidad administrativa en el gimnasio.

El legislador municipal admitió, que no le constaba de propio y personal conocimiento la información que proveyó, ni de cuáles eran las irregularidades en las diferentes compras. Tampoco pudo indicar ningún acto o conducta del alcalde que constituyera un acto de represalia contra la empleada.

“En el amplio y detallado informe de la DIPAC, se hace referencia a cada una de las compras señaladas, pero no se identificó desvío o violación alguna a los reglamentos y leyes aplicables. Tampoco hubo pérdida de fondos públicos o daños a la propiedad”, se informó.

Debido a tal ausencia de prueba, el PFEI acogió la recomendación de no designar un FEI y ordenó el archivo definitivo del asunto.