Nada nuevo.

Tres meses y medio después de que Humberto Marrero Recio, ex director de la Autoridad de Financiamiento para la Infraestructura (AFI), saliera fulminantemente de esa corporación -a raíz de que Primera Hora destapara en exclusiva los lujos que se daba y los conflictos de intereses que permitió- la pesquisa que se le encargó al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) al respecto, no produjo ningún nuevo hallazgo ni recomendación contra él o alguno de sus subdirectores.

José Ortiz, presidente de la Junta de Directores de la AFI, confirmó ayer que la pesquisa “no da mucho diferente”.

Lo único que se produjo fue una resolución para que de ahora en adelante las contrataciones de servicios en la AFI que no estén relacionadas con proyectos de construcción, siempre estén sujetas a la aprobación de la Junta.

“No tenemos fundamento sólido para decir que él actuó fuera de ley. Tendría que recalcar lo que se dijo en aquel momento: que fue una decisión que no tomó con la mayor prudencia”, declaró en entrevista telefónica.

Mientras, es incierto si la Oficina de Ética Gubernamental inició algún tipo de investigación propia a raíz de una denuncia que llegó a esa dependencia el 12 de enero, ya que por su nueva política pública no desmienten ni confirman esa información.

Pasado oscuro

Pero Marrero Recio no sólo despilfarró miles de dólares en escoltas, lujos y aprobó contratos en los que había un craso conflicto de intereses, sino que en los escasos seis meses previos en que dirigió la Administración de Reglamento y Permisos (ARPE) hostigó a empleados de tal manera que ahora figura en por lo menos tres demandas millonarias y el Estado ya tuvo que transar una cuarta.

Todas las acciones legales son por discrimen político y fueron radicadas en la Corte Federal.

En total, el Gobierno está expuesto a pagar por las alegaciones de discrimen de Marrero; $16.5 millones se reclaman en tres de esas demandas.

Eso sin contar lo que ya se desembolsó en la cuarta demanda, cuyo acuerdo fue confidencial. Por esa razón nunca se sabrá la cantidad, aunque el afectado pedía $3 millones.

Si tiene la calculadora a mano, no la guarde porque esa cifra tampoco incluye lo que paga el Departamento de Justicia a un bufete privado de abogados que lo representa y que facturan hasta $125 la hora.

Fugaz, pero intenso

El ingeniero Marrero dirigió ARPE durante apenas seis meses, entre abril y octubre de 2009, justo en el periodo en que la incertidumbre reinaba allí bajo la sombra de la temida Ley 7.

Al estudiar las demandas se puede delinear un patrón de menosprecio hacia los empleados, pero no sólo contra los populares, sino que también habría coartado a gente de su propio Partido Nuevo Progresista (PNP).

Algunos de los señalamientos repetitivos en las demandas en su contra incluyen pedirles a sus subordinados que mintieran en trámites oficiales, traslados injustificados, intimidaciones y amenazas.

La demanda presentada por Rosemarie O’Connell, miembro del penepé y quien fungía como directora de Recursos Humanos en ARPE, da cuenta de cómo Marrero le ordenó a algunos empleados que espiaran a sus compañeros.

O’Connell señala, además, que Marrero supuestamente le pidió que mintiera en las certificaciones sobre años de antigüedad de los empleados de cara a los despidos por Ley 7.

También asegura que Marrero instruyó a los empleados a que no impugnaran las certificaciones, aunque tuvieran errores, y que les mintió al decirles que no se afectarían con los despidos porque ARPE generaba ingresos propios con los que sufragaría sus salarios, a sabiendas de que no era cierto.

O’Connell alegó que Marrero hizo las veces de “editor” al aprobar un periódico interno llamado Vendetta, que se publicaba de manera anónima y en el que se despotricaba contra empleados, mientras que a él se le endiosaba llamándole “Wolverine” o “Don Corleone”.

Consecuencias

De resultar ciertas las acciones relacionadas con las certificaciones de empleo, el Gobierno podría enfrentar una avalancha de casos pidiendo la reconsideración de sus despidos, según abogados con experiencia en este tema.

Genoveva Valentín Soto, asesora legal de Servidores Públicos Unidos, unión que logró la restitución de los 12 empleados cesanteados por la Ley 7 en la Junta de Libertad Bajo Palabra, señaló que si las personas afectadas llevan sus casos ante la Comisión Apelativa de Servicio Público y pueden demostrar que Marrero los influyó para que no impugnaran las certificaciones, “entonces sí, estaríamos hablando de un proceso viciado”.

“La mera alegación en una demanda no es suficiente, pero si se puede demostrar, podrían anularse los despidos”, advirtió la abogada.

Nelson Rodríguez Díaz fue otro empleado, pero popular, que demandó a Marrero y a otros jefes porque le quitaron responsabilidades como Coordinador Externo de Servicio al Cliente en ARPE y luego lo transfirieron a otra región, a una oficina sin teléfono ni computadora.

Cuenta el empleado en su acción legal que le explicó su situación a Marrero y aunque éste le prometió que “estudiaría” el caso, cinco días después le señaló que “si fuera él dejaría de presionar ante lo que viene para ustedes bajo la Ley 7” en supuesta referencia a los populares.

Miguel Carrasquillo fue otro popular que demandó por discrimen político y acusa a Marrero de ordenar que le quitaran las responsabilidades como Coordinador de Equipos y Servicios en la agencia. Asimismo, señala que Carmen Márquez Parilla, administradora auxiliar de Recursos Internos y quien se jactaba de ser amiga de Marrero, le propuso vigilar al personal que no contaba con la “confianza” de éste, a cambio de devolverle sus funciones.

Y no se crea que Marrero pagará por su defensa en la Corte Federal. La ley lo cobija para que el Departamento de Justicia (DJ) lo represente como funcionario público, pero eso no es suficiente porque en los cuatro pleitos el DJ subcontrató como su representante legal a la firma Maymí, Rivera y Rotger de la que es socio un ex titular de esa agencia, Angel Rotger Sabat.

Contratos en la oficina del Contralor con fecha de un mes antes de que se transara el primer caso apuntan a que ese bufete estaría devengando unos $300,000 por sus servicios.

Vuelva a sacar la calculadora para que sume otros gastos.

Fuentes de entero crédito enteradas de los procesos internos en ARPE señalan que, unos meses antes de su partida, Marrero despidió a su encargado de sistemas Irving Valentín después de ordenarle tumbar los sistemas de computadoras a nivel regional.

Marrero alegó que el empleado no había podido restaurar el problema, aunque su computadora sí servía. Después de eso contrató a la empresa Xtrategic, a la que le desembolsó $63,300.

Mientras, el 5 septiembre de 2009, a unas semanas de que empezara como director de AFI , Marrero organizó una celebración por el 34 aniversario de ARPE, para lo que alquiló el parque acuático Las Cascadas por todo un día.

Aunque se dijo que los empleados pagarían entrada, y se les concedió la tarde anterior libre, comunicaciones internas en poder de Primera Hora revelan que nunca se les pidió dinero a los empleados para costear la fiesta. Por reservar el parque un día se cobra $20,000. A eso agréguele los costos de comida, bebida y música sin límite que hubo.

Pocas semanas después 146 empleados de ARPE quedaron en la calle por la Ley 7.