Pescadores temen ser desplazados de una villa en la ribera del Espíritu Santo
Piden la intervención de una comisión del Senado, en busca de un acuerdo con el alcalde de Río Grande
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 6 meses.
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La Asociación de Pescadores Comerciales de Río Grande denunció este martes que el gobierno municipal de la Ciudad del Yunque pretende desplazarlos mediante una ordenanza de la villa pesquera que, por más de 40 años, han ocupado en terrenos que bordean el río Espíritu Santo, el único navegable en Puerto Rico.
Santiago Hernández Pizarro, presidente del gremio de pescadores, dijo en una vista pública ante la Comisión de Iniciativas Comunitarias del Senado que, en 1972, el gobierno de Puerto Rico acordó cederle al Municipio unas 2.6 cuerdas de terreno, en poder de la Autoridad de Tierras, para que el ayuntamiento se las cediera, a su vez, a la Asociación para que construyera una villa pesquera en el lugar.
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El portavoz de los pescadores indicó que el acuerdo se hizo de esa forma entonces porque la Autoridad de Tierras, por ser una corporación cuasi privada, no podía traspasar directamente los terrenos a los pescadores y mediante la ordenanza 15 1981-82 se cedieron los terrenos donde se construyó la villa en el barrio Herrero, en Río Grande.
Relató que un incendio afectó las instalaciones y, posteriormente, el paso de los huracanes, Irma, María –ambos en 2017- y Fiona –en 2022-, afectó también el local.
“Perdimos los techos de los ranchos que construimos y aquí es que se pone agria la historia, no por las inclemencias del tiempo, si no por el acercamiento que el 9 de junio de 2023 nos hizo el Municipio después de las tormentas. Ese día, el Municipio llegó a tratarnos como inquilinos en nuestra casa”, sostuvo Hernández Pizarro.
Dijo que el gobierno municipal “se apareció con una ordenanza y un reglamento diciendo que debíamos solicitar en competencia con cualquier otra persona que también desee hacerlo, el alquiler de la villa pesquera que nosotros construimos en la tierra que nos cedió para ello el pueblo de Puerto Rico”, agregó el pescador en la vista pública, presidida por el senador independiente, José (Chaco) Vargas Vidot.
Hernández Pizarro dijo que la nueva ordenanza fue aprobada el 22 de mayo de 2023 “a espaldas de la Asociación y del pueblo de Río Grande” y que se enteraron el 9 de junio, después de aprobada.
“Hemos tratado de buscar un diálogo directamente con el alcalde para entender por qué ha tratado de apropiarse de nuestra villa, pero no lo hemos logrado. Todavía estamos esperando una fecha para que nos podamos reunir para que nos dé explicaciones. Esta situación nos mantiene ansiosos, como quien se siente acechado por los procesos de desplazamiento que arrasan con las comunidades”, sostuvo,
Indicó que están dispuestos a trabajar en un acuerdo colaborativo con “cualquier entidad que desee aportar al desarrollo de una villa pesquera y de sus espacios, incluyendo el municipio, pero vamos a resistir cualquier intento de desplazamiento”.
Reclamó que el municipio los “ha marginado del proceso de rehabilitación con FEMA y nos preocupa que la villa pierda los fondos que le corresponden para su rehabilitación”.
El alcalde Ángel “Bori” González estaba citado a la vista pública, pero en la mañana se excusó y su oficina informó a la comisión senatorial que el municipio enviaría una ponencia escrita.
Hernández Pizarro detalló que la Asociación reúne a unos 80 pescadores, de los cuales 47 son pescadores comerciales y los restantes, pescadores recreativos.
Indicó que tras el traspaso de terreno en el municipio de Río Grande tenía que transferirle el predio a la Asociación, “pero nunca lo hizo”.
“Nuestro reclamo es que no nos desplacen, que no nos saquen de allí porque desde 1982 somos dueños de la villa. Toda la vida nos hemos hecho cargo de la villa y, de momento, en 2023 nos presentan una ordenanza en la que el municipio de autodenomina dueño. Con los $3 millones que le ha dado FEMA ellos dicen que van a tratar de restablecer la villa, pero no nos han dado ningún tipo de información. Nosotros no sabemos nada, no sabemos qué va a pasar y estamos reclamando algún tipo de diálogo”, abundó Hernández Pizarro.
Dijo que antes de la aprobación de la ordenanza el alcalde había participado en asambleas y actividades de la villa pesquera.
“Estamos solicitando (a la comisión senatorial) que nos brinde el auxilio para que nos reconozcan como dueños de la villa y que nosotros participemos de los fondos que FEMA ha asignado para ver de qué forma beneficien de una forma más adecuada a la villa”.
El senador Vargas Vidot indicó a los pescadores que comparecieron a la vista pública que, próximamente, la comisión legislativa se trasladará hasta los predios de la villa.
“Esto no se queda aquí. Vamos a realizar una inspección ocular y unas mesas comunitarias para evaluar la situación con ustedes”, sostuvo el legislador independiente. También asistió a la vista, el senador Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana.