El período de nominaciones para ocupar las seis posiciones en representación de los jubilados del gobierno central, magisterio, la judicatura y de empleados activos con paga de retiro vitalicio, en el Consejo de Beneficios del Fideicomiso de la Reserva de Pensiones designado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), termina el próximo lunes, 22 de mayo.

El consejo se compone de nueve miembros de los cuales estos seis son nominados para ocupar la posición durante un período de cuatro años. Dos son del sistema de retiro central, dos de maestros, uno de la judicatura y un empleado en funciones, ya que fueron distribuidos usando como criterio la cantidad de retirados que representan, por lo que se emitirán cuatro papeletas para ser distribuidas conforme al sistema al que pertenecen.

Los restantes son nombrados por Servidores Públicos Unidos; por el gobernador y la JSF.

Los requisitos para ocupar estas posiciones son sencillos: que sean residentes en Puerto Rico, deben presentar evidencia de que son retirados del sistema por el cual se van a nominar y que no tengan conflicto de intereses si son parte de la Junta de Retiro. Las posiciones serán ocupadas por cuatro años.

La secretaria del consejo, Wanda Santiago, aclaró que ninguna persona puede nominar a otra, sino que el propio aspirante debe completar los formularios disponibles en su página web: consejotransitorio.org

“El candidato debe autonominarse a través del correo electrónico que estamos proveyendo a través de todas las plataformas...nadie puede nominarse en otra plataforma que no sea la del consejo para luego enviarla a nosotros porque eso no sería válido”, puntualizó Santiago.

La semana pasada, Frente Amplio en Defensa de las Pensiones (Frente) y Construyamos Otro Acuerdo (COA) abrió un proceso de nominaciones interno para elegir a aquellos que entiendan que mejor los representan, el cual culmina mañana miércoles. No obstante, tendrán que regirse por las guías y reglamentos establecidos por ley.

El licenciado Francisco Del Castillo del bufete Bennazar, García y Millán, uno de los asesores legales del consejo y portavoz, aclaró que para garantizar la transparencia e independencia de las votaciones para formar partes de este mecanismo creado para ayudar a pagar las pensiones de los retirados y de aquellos empleados activos que recibirán una pensión vitalicia del gobierno, se seleccionó a la compañía Kroll Inc. La cual tiene experiencia en todas las votaciones respecto al Plan de Ajuste de la Deuda, para llevar a cabo el proceso eleccionario.

Las guías requieren que se contrate a un administrador de elección que es un tercero con experiencia en correr elecciones que se encargue de la evaluación de los nominados y si cualifican para participar, contar los votos y certificar a los seleccionados, sostuvo.

Se calcula que existen unos 220,000 electores hábiles y se espera que sean numerosos los votantes porque más credibilidad le dará al fideicomiso.

Del Castillo hizo énfasis en la necesidad de que actualicen su dirección postal (www.retiro.pr.gov/formas-publicaciones) debido a que una de las formas de votar es por correo para que les llegue la papeleta que corresponde al sistema de retiro al que pertenece que incluye un sobre predirigido y prepagado para que la devuelvan el documento firmado y con los últimos cuatro números de su seguro social, entre otros requisitos.

Mientras que, los empleados activos deben corroborar su dirección en la Oficina de Recursos Humanos de su agencia.

También tendrán siete centros de acopio en la isla para acudan a votar frente a un representante de Kroll Inc y estará disponible una página web que es confidencial.

“La elección tiene que ser antes del primero de octubre, bajo las guías y las personas que van a ser electas van a ser juramentadas para que empiecen el 1 de enero de 2024 con el Consejo de Beneficios”, señaló del Castillo.

El envío de las papeletas correspondientes por correo será el 18 de agosto para que tengan hasta el 15 de septiembre, que es el último día para votar.

“La intención del consejo de transición es que sea una elección abierta, transparente y participativa, para que ellos cojan el batón y sigan por los próximos cuatro años”, agregó Del Castillo, que indicó que el término para que se den a conocer los escogidos dependerá de la cantidad de papeletas que se reciban, pero no vislumbran demoras o impugnaciones.

Debido a que el génesis del organismo es la Ley PROMESA se tendría que acudir al Tribunal Federal para plantear el asunto y solicitar la extensión de las fechas de comienzo.

Sobre las expectativas de los retirados de que sus representantes en el organismo pueda gestionar que se recuperen beneficios tales como la aportación del gobierno de $100.00 al plan médico, el cual se les recortó en el 2013 o que consigan un aumento, Del Castillo precisó que la reserva fue creada como un ente independiente del gobierno mediante el Plan de Ajuste por orden del Tribunal Federal para garantizar la protección de estas pensiones vitalicias.

“El pueblo de Puerto Rico tiene 55 billones (de dólares) en obligaciones actuariales y esto quiere decir en arroz y habichuelas que habría que tener en el banco hoy en día 55 billones (de dólares) para poder pagar las pensiones que se deben en los próximos 30 años. Al momento de entrar en la quiebra el gobierno tenía casi nada o cero, tenía una reserva en los sistemas de retiro que no eran ni líquidos, por lo tanto, aquí lo que había que preservar era que no cortaran pensiones y que se pudieran pagar.

Por los próximos 10 años la reserva recibirá aportaciones mínimas del Gobierno de Puerto Rico de $175 millones y si genera ingresos por encima de las proyecciones, también tendrá que dividir ese excedente. El primer pago de $1.4 billones, correspondiente al Año Fiscal 2021-2022. La reserva no sustituye al Sistema de Retiro, sino que ayudará a pagar las pensiones de sus participantes cuando el gobierno se quede sin fondos.

El dinero será administrado por una Junta de Inversiones que es otro de los componentes de la reserva.

“O sea, que aunque todos queremos que se den aumentos a las pensiones y que se ajusten por costo de vida, la situación es tan y tan precaria que lo que hace este fideicomiso es tratar de que se paguen las pensiones como las tienen hoy en día, porque eso mismo no está 100 por ciento garantizado, si dentro de 12 o 15 años entramos en déficit”, argumentó el funcionario.

El concepto de la reserva es ahorrar e invertir ese dinero de manera moderada para ayudar al gobierno a pagar las pensiones que desde el 2017 se pagan del Fondo General. “Ahorramos ahora que hay superhabits para crear este fideicomiso y después ayudar al gobierno en el futuro cuando entre en déficit”, señaló Del Castillo.

Los empleados de la Universidad de Puerto Rico y de la Autoridad de Energía Eléctrica están excluidos.

La Junta de Inversiones se compone de cinco síndicos, que durante seis años están encargados de administrar e invertir los fondos que el gobierno aportará a la reserva. Estos devengan una compensación de $50,000.00 anuales.